De manera similar a como ha sucedido en Argentina con los “vacunatorios VIP”, se ha destapado la olla en Perú revelando que cientos de funcionarios, burócratas sindicales y empresarios han recibido a escondidas la vacuna contra el Covid-19.

En este selecto grupo podemos encontrar al destituido expresidente Martín Vizcarra y su familia; Pilar Mazzeti, Alejandro Aguinaga y Patricia García (tres ex ministros de Salud); el dirigente de la central obrera (CGTP) Pablo Checa (quien fuese viceministro de Trabajo de Ollanta Humala); y numerosos empresarios que fueron beneficiados en los últimos años por los distintos gobiernos.

El “vacunagate” se da en un momento de grave crisis sanitaria; las denuncias de faltantes de tubos de oxígeno se han vuelto moneda corriente. Mientras el pueblo trabajador muere asfixiado los representantes de las patronales se vacunan de forma exclusiva. Las empresas farmacéuticas se encuentran también en la mira por sus implicancias en el tráfico clandestino de vacunas, usado como soborno, con el objetivo de obtener favores políticos.

El camino hacia las elecciones

Este cuadro se ve agravado por la cercanía de las elecciones. Numerosos funcionarios, diputados y jueces han tenido que afirmar bajo juramento no haber recibido la vacuna de manera clandestina. No lo hacen por una cuestión moral, sino por las amenazas de revisión e inhabilitación política que se ciñe sobre los funcionarios implicados.

La crisis política, sin embargo, no es solo por el escándalo de las vacunas. La rebelión que sacudió al país en 2020 (donde un golpe parlamentario volteó a un presidente y otro renunció presionado por combativas movilizaciones populares) se ha hecho notar: se han presentado 17 candidaturas a la presidencia y ninguna encuesta arroja algún candidato con más del 20% de los votos, con solo dos superando el 10%.

La candidatura que lideraba las encuestas, George Forsyth, fue congelada por el Jurado Electoral. El candidato derechista del Partido Victoria Nacional que tenía cierto apoyo por su popularidad como ex jugador de fútbol, omitió-escondió información sobre sus bienes e ingresos en la declaración jurada. Ya de entrada evidencia su tendencia a la corrupción. De la misma manera muchos candidatos vieron tambalear su candidatura por motivos similares.

Pese a que Forsyth es el favorito en las encuestas, sectores de la burguesía peruana han empezado a inclinar su apoyo a Yonhy Lescano del partido conservador Acción Popular que subió en los últimos meses de 3% a 10% en la intención de voto, apenas por debajo de Victoria Nacional. Lescano es del mismo partido que el golpista destituido Manuel Merino.

Verónika Mendoza, quien está tercera en las encuestas, es apoyada por el Grupo Latinoamericano de Puebla (integrado por el presidente argentino Fernández, Lula y Dilma de Brasil, Evo Morales de Bolivia, etc.) y diversos sectores de la centroizquierda peruana. La candidata de Juntos por el Perú le había pedido al presidente de Argentina, Alberto Fernández, pocos días antes de que estalle el escándalo de las vacunas en ambos países, ayuda para que el Perú reciba la vacuna de AstraZeneca.

Lo concreto es que las elecciones del 11 abril no han concitado entusiasmo en las masas sufrientes por la gravedad de la crisis sanitaria, económica y social.

Según diversos análisis, el 60% de los hogares con niños no tuvieron en muchos momentos para comer. Y los ingresos de los sin trabajo, que changuean, se han reducido en un 50%. Frente a esto la acción del gobierno es casi nula. No faltan solo vacunas, sino oxígeno (se ha establecido una especie de mercado negro para conseguir el llenado de tubos de oxígeno y salvar, precariamente, a un familiar afectado). Y todo tipo de insumos. Los médicos denuncian que no se les paga, en algunos casos varios meses, sus magros salarios y que se mantiene un sistema de tercerización y precarización del personal sanitario. El presupuesto de salud está en sus mínimos históricos. La cámara empresarial, Confiep, reclama la flexibilización, permitiendo intervenir a empresas privadas en la obtención y distribución de la vacuna. Sin vergüenza alguna, afirma que esta privatización servirá “para reactivar la economía”. En medio de la pandemia la corrupta burguesía peruana piensa en una nueva fuente de ganancias y en obtener garantías de que los miembros de su clase puedan recibir el tratamiento vacunatorio, dejando al pueblo pobre y trabajador librado a los designios del “mercado”. Quieren legalizar la corrupción de clase que hoy en día es criticada por la vacunación clandestina llevada adelante.

Organizar la acción de masas ante la crisis

Solo el 18% de la población sabe a quién votará. Para la vanguardia obrera y la izquierda no hay alternativa obrera o de izquierda en el próximo evento electoral. Su eje debiera estar centrado en la necesidad de organizar la resistencia y movilización para enfrentar la degradación sanitaria, económica y social y su descarga contra el pueblo.

La rebelión que tumbó a Merino, la huelga general y los piquetes de los trabajadores agrícolas o las movilizaciones de los trabajadores de la salud, son muestra de las reservas de lucha del pueblo peruano. El colapso sanitario y el descontrol de la plaga de Covid ha obligado al gobierno a reinstalar una cuarentena más severa. Pero quiere imponerla a través de la represión y regimentación. Lo cual ha provocado importantes movilizaciones en diversas zonas (Cuzco, Puno, etc.), incluyendo a trabajadores y desocupados, a los que no se les brinda las condiciones materiales necesarias para sobrellevar esa cuarentena.

Es necesario un Bono Universal automático para todo ciudadano sin ingreso salarial, igual al salario mínimo y con un plus del 20% por cada hijo menor de 16 años. Comedores populares en todos los barrios y localidades gestionados directamente por los vecinos y provisionados por el Estado. Formación de Comités de Defensa de la Salud Pública en todos los barrios y su coordinación. Ellos deben organizar la lucha por estos reclamos y el control directo de los fondos del Estado: control obrero y popular. Creación acelerada de empresas estatales de fabricación de tubos, de oxígeno y de los insumos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria. Duplicación inmediata del presupuesto de salud, regularización de su situación salarial (aumento salarial) y laboral (incorporación a planta permanente, tomar urgente varios miles de nuevos profesionales y auxiliares). Todo el plan sanitario debe estar bajo control y gestión directa de los trabajadores de la salud. Prohibir los despidos, reincorporar de inmediato a los cesanteados. derogar el sistema de “suspensión perfecta”. Pese a la irrupción popular de los últimos meses (caída del golpista Merino, poderosa huelga de los trabajadores de la fruta, etc.) no se ha podido constituir una alternativa política independiente. Las listas que se hacen llamar de izquierda (Juntos por el Perú y el Frente Amplio) son solo la pata izquierda del régimen.

La vanguardia obrera y la izquierda que se reclama revolucionaria deben coordinar todos los sectores que se reclaman combativos (sindicatos, agrupaciones, estudiantes, organizaciones independientes, asambleas populares, etc.) para intervenir en la crisis que cada vez se agudiza más con la perspectiva de un plan de lucha y la huelga general y no dejarse atrapar por la demagogia electorera.

https://prensaobrera.com/salud/no-a-las-patentes-vacunas-para-todxs/