25/03/1999 | 619

Pinochet: de la cárcel y las cadenas

La Federación Internacional de Derechos Humanos, una de las más antiguas y prestigiosas agrupaciones internacionales de derechos huma­nos, determinó lo que todo el mundo sabía y habíamos recalcado en este periódico: es imposible juzgar a Pino­chet en Chile. Lo impide la ley de autoamnistía de 1978, el código de justicia militar que impone tribuna­les militares para los delitos imputa­bles al dictador, y la inmunidad de Pinochet como senador, que sólo puede ser removida por organismos nombrados por el propio Pinochet {Clarín, 17/3).


Más allá de lo legal, no hay sector de la clase dirigente que esté interesa­da en un juicio a Pinochet: no digamos las fuerzas armadas, ni siquiera la democracia cristiana y el socialismo quieren remover el avispero y enfrentar un debate nacional sobre la represión del golpe de 1973.


Por eso el presidente chileno Eduardo Frei, cuando sale a afirmar que “en mi país están dadas las condiciones para que haya un jui­cio” (Clarín, 18/3), miente en forma consciente y rutinaria, porque todos los políticos burgueses están entrena­dos para mentir hablando generalida­des. Las trabas para un juicio a Pino­chet están férreamente implantadas en la “institucionalización” chilena.


A todo esto, en momentos en que sale este periódico a la calle, los lores británicos dictaminan, por segunda vez, si Pinochet puede ser extraditado a España o cuenta con inmunidad di­plomática y debe ser liberado.


El dictador, ante los lores, tuvo dos defensas: el estado chileno argumentó que se violaba la soberanía de Chile, en tanto la defensa puesta por el mis­mo Pinochet negó todo tipo de delito, defendió la necesidad “patriótica” de los asesinatos y la tortura y se ganó, finalmente, el rechazo unánime de la opinión pública europea.


Como planteamos luego del primer fallo: “en la medida en que un jui­cio contra Pinochet pueda convertirse en un proceso contra los crí­menes pasados del imperialismo; o en la medida en que la crisis económica en curso lo convierta en factor de crisis política; en cualquiera de estas o parecidas variantes, la justicia imperialista encontrará la vuelta para liberar al criminal.” (Prensa Obrera, N° 612)

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