Cuando Pinochet regresó a Chile, en un envidiable estado de salud y en medio de efusivas muestras de respaldo militar, el gobierno de la ‘Concertación’ encabezado por el ‘socialista’ Ricardo Lagos afirmó que el asesino sería “juzgado en Chile”. Al mismo tiempo, Estados Unidos reactivó el caso por el asesinato del ex canciller Orlando Letellier y dejó trascender que, incluso, podría pedir la extradición del dictador.

Se trataba, claro, de una farsa: el gobierno de la ‘Concertación’, que conspiró con los de España y Gran Bretaña para evitar que Pinochet fuera juzgado en Madrid, no iba ahora a juzgarlo en Chile.

Tardó poco que la farsa quedara en evidencia. El Congreso chileno acaba de votar, por abrumadora mayoría, una ley que establece un nuevo fuero para Pinochet, esta vez no como senador vitalicio sino como ex presidente. Según esta ley, Pinochet no podrá ser juzgado; y además recibe una generosa dieta vitalicia. La ley establece una muralla impenetrable de impunidad: Pinochet no puede ser juzgado en la actualidad porque es senador, ni podrá ser juzgado en el futuro porque es ex presidente. De paso, la ley significa un reconocimiento legal de la dictadura por parte de la ‘democracia’, ya que equipara al asesino con los presidentes constitucionales.

Aunque la bancada socialista votó en contra de la ley, la inmensa mayoría del bloque de la ‘Concertación’ votó a favor. Todavía más importante, el presidente ‘socialista’ Lagos “descarta vetar la reforma legal que le otorga un fuero especial a Pinochet” (El País, 28/3). La razón de esta negativa es sencilla: el propio gobierno impulsó la aprobación de la reforma, según informa el diario chileno La Tercera (Página/12, 27/3). El voto de los socialistas contra la ley en el Congreso es un intento de seguir estirando la farsa.

Pinochet no será juzgado, ni ahora ni nunca; ni en Chile ni en ninguna otra parte: esa es la ley de la ‘democracia’.