En ocasión del reciente aniversario del golpe pinochetista de 1973 cuestionamos, desde estas mismas páginas, el mito de que el gobierno de Allende se encaminaba a fundar un socialismo “sui generis” en el país trasandino (ver Prensa Obrera Nº 818). La tragedia personal de Allende, que se suicidó para no entregarse a los genocidas, no debe opacar la verdad histórica, es decir, que su derrocamiento se explica por la incapacidad de su administración para frenar el ascenso de la revolución chilena.

Lo cierto, inclusive, es que Allende siempre condicionó su profesión de fe socialista (formal) al mantenimiento del orden burgués – no, como se afirma unilateralmente, al mantenimiento de la legalidad y del llamado estado de derecho, que no es exactamente lo mismo – . Por eso destacamos la importancia del “Estatuto de Garantías” que firmó en 1970 – luego de ganar las elecciones y antes de asumir la Presidencia – , en el cual se comprometía a mantener la integridad y verticalidad del aparato represivo, la intangibilidad del control clerical sobre el aparato educativo, y de los monopolios capitalistas sobre los aparatos de comunicación (es decir, de los aparatos antidemocráticos que constituyen el fundamento del Estado “democrático”). Tal “Estatuto”, por supuesto, no era una exigencia del orden jurídico vigente ni de la Constitución chilena; suponía más bien su violación para mantener en pie al Estado capitalista.

Tampoco respondía a una exigencia legal la incorporación de los mandos militares al gabinete presidencial cuando Chile ingresó abiertamente a una situación revolucionaria en octubre de 1972. Puede sonar fuerte la afirmación de que mientras la revolución progresaba en la construcción de los “cordones industriales” y los organismos de doble poder en las ciudades y el campo, lo que se atrincheraba en el poder con Allende era la contrarrevolución. Pero, no por eso deja de ser verdadera.

La política del PC-PS, que sostenían a Allende, era el desarme de la revolución y que avanzara con “rostro humano”, no el socialismo sino la contrarrevolución (o sea, una contrarrevolución sin golpe militar). Esto suponía disciplinar a esta última al propio gobierno de la Unidad Popular. Para esto Allende estuvo negociando, en las semanas previas a su caída, un pacto con la Democracia Cristiana (otra vez, extraparlamentario y no constitucional) y la eventualidad de un plebiscito. Fue como parte de estas maniobras que el propio Allende designó a Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército. Al mismo tiempo, una ley “de emergencia” ordenó requisar el armamento obrero, y esto como excusa para poner “en operaciones” a la tropa contra el pueblo insurgente. En el mismo artículo de P.O., ya mencionado, citamos al diario del PC de la época llamando a “confiar en las Fuerzas Armadas”.

Disponemos ahora de un reportaje reciente concedido por Pinochet a un historiador norteamericano de su entera confianza (reproducido en la revista sanjuanina Plural del 19 de septiembre pasado), en el cual el senil verdugo, suelto de lengua, confiesa “una cosa que no la sabe nadie: (que) el Partido Comunista me recomendó con Allende; ellos sí – agrega- se equivocaron conmigo”. La disquisición sobre tal “recomendación” es relativamente intrascendente, porque las pruebas de que el PC apoyó e inspiró la política de rodear de militares al Poder Ejecutivo y de desarmar a los obreros y campesinos son abrumadoras. Es una línea que conducía a un “autogolpe” de Allende, en parte consumado con la incorporación de los ministros militares, que podía desenvolverse en la dirección de acentuar la militarización. El propósito era elevar al gobierno como árbitro para poner al país en caja , más allá de las instituciones representativas.

La confirmación de esta línea del PC y Allende aparece en el mismo reportaje, cuando el historiador de marras – y Pinochet – admiten que “Allende había logrado aproximarse muy bien a los altos mandos del Ejército, la Armada y Carabineros (y que ) quería dar un autogolpe”. No está claro a quién incluiría el “autogolpe”. Aunque Pinochet sugiere que podría ser comandando por su antecesor – el general Prats – el planteo de avanzar hacia un gobierno “cívico-militar” por parte del tándem Allende-PC, que pudiera integrar al propio Pinochet, no debe ser descartado. Entonces, la eventual “recomendación” del PC es algo más que una equivocación. (En todo caso, repitieron la “equivocación” cuando plantearon una orientación similar en la Argentina en 1976.)

Que admitir esta hipótesis no es un exabrupto lo demuestra el sociólogo hiper-allendista Tomás Moulián, que interpreta el suicidio de Allende como una reacción frente a la “traición” de Pinochet. ¿Traición al socialismo? No, sería absurdo. Es plausible de ser interpretada, en cambio, como el abandono del proyecto de un gobierno cívico-militar y del sometimiento de la revolución bajo el comando del Ejecutivo comandado por Allende-Pinochet. La polarización entre la revolución y la contrarrevolución ya no admitía medias tintas. La verdad histórica, entonces, o las cosas en su lugar.