El 13 de diciembre, en el centro de Caracas y a plena luz del día, militares venezolanos dirigidos por agentes de inteligencia colombianos secuestraron a Rodrigo Granda, miembro de la comisión internacional de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Durante más de quince días, el gobierno venezolano silenció el secuestro, a pesar de las denuncias.

 

Que los servicios de inteligencia y del ejército venezolano habían estado al tanto de la preparación del secuestro de Granda se presume del hecho de que fue llevado adelante por oficiales de Venezuela. En los últimos tiempos, la colaboración entre los servicios de inteligencia y los ejércitos de ambos países se había acrecentado: dos días después del secuestro, los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela acordaron, en Caracas, “ahondar la información de inteligencia” y “reanudar el intercambio de oficiales militares y policiales” ( Rebelión , 27/12).

 

En una carta abierta a Chávez, un grupo de intelectuales defensores del chavismo, entre ellos Noam Chomsky y James Petras, aseguran que no es la primera vez que esto sucede. “Son varias las informaciones que demuestran el asesinato y secuestro de dirigentes campesinos y sindicales colombianos, en operaciones coordinadas entre autoridades venezolanas y colombianas, y/o paramilitares”. Los firmantes señalan también que estos arrestos y secuestros se asemejan a la forma de actuar de las dictaduras del Cono Sur durante el tenebroso Plan Cóndor” ( Brecha , 7/1).

 

La alternativa de que el secuestro se realizara sin conocimiento del gobierno venezolano y que estuvieran comprometidas las jefaturas del Ejército y los servicios venezolanos plantea una seria crisis política para Chávez, cuyo principal respaldo político es la fuerza armada.

 

La tesis oficial, conocida recién dos semanas después del secuestro, de que algunos oficiales venezolanos aislados habrían sido sobornados por los servicios colombianos sugiere que Chávez habría llegado a algún compromiso con el alto mando.