Hasta hace poco, el gobierno de Evo Morales contó con recursos económicos suficientes para dar estabilidad política a su mandato. Sin embargo, a partir de 2015 las exportaciones cayeron en un 26,5%; la reducción del precio de los hidrocarburos y minerales vienen generando pérdidas: las regalías mineras bajaron 7,5 millones de dólares, mientras las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) disminuyó en 64 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Sube el endeudamiento: a principios de 2015, la deuda externa aumentó en al menos 1.500 millones de dólares adicionales.

La crisis es caldo de cultivo de conflictos políticos. Tal es el caso de la movilización potosina que mantuvo un paro regional y la toma de la ciudad de La Paz durante 27 días.

El interminable saqueo

Las transnacionales mineras más poderosas están aferradas al suelo potosino, es el caso del proyecto minero San Cristóbal (subsidiaria de la japonesa Sumitomo) y del proyecto San Bartolomé (subsidiario de Coeur d’Alene Mines Corporation). Este megasaqueo capitalista cuenta con la protección del gobierno: el 75% de la producción minera del país está en garras de las transnacionales mineras, mientras que la empresa estatal Huanuni apenas tiene en sus manos el 7% de la producción.

En este escenario, las 26 demandas del pueblo potosino, a la cabeza de Comité Cívico Potosinista (Comcipo), hacen referencia a la promesa incumplida del gobierno del MAS: la industrialización y la consiguiente generación de empleos. Fábrica de cemento, cal y vidrio, el funcionamiento de la planta metalúrgica Karachipampa, que fue entregada en 2008 a la canadiense Atlas Precious Metals, la construcción de carreteras, plantas hidroeléctricas, aeropuerto, construcción de hospital materno infantil y de tercer nivel, exploración de yacimientos mineros y petróleo, ítems para los médicos y enfermeras, ítems para trabajadoras sociales y psicólogos en colegios, establecimiento y reversión al municipio de todas las tierras enajenadas por funcionarios de la Alcaldía y otras autoridades de Tupiza, son algunos de los puntos levantados de forma unánime por el pueblo potosino.

Gobierno, oposición y burocracia

Casi un mes de paros, bloqueos y movilización llevó adelante el pueblo potosino, incluyendo la toma de la empresa minera Manquiri. Prontamente, el gobierno intentó deslegitimar la lucha; denunció a la derecha como artífice del movimiento.

Mientras el ministro de Minería hacía de vocero de los intereses de la minera Manquiri, se reprimió con dureza a los movilizados y se encarceló a varios dirigentes. La burocracia sindical de la COD y FSTMB se pronunció a favor de la transnacional tomada.

En represalia política, la empresa Sinchi Wayra SA, filial de la transnacional suiza Glencore, que opera en la mina Reserva Tres Amigos acaba de dar 150 notificaciones de expulsión para los mineros que acataron el paro movilizado del pueblo potosino.

La crisis en marcha avizora nuevos conflictos y no sólo desde Potosí.

El proletariado potosino

Esta experiencia se presenta como un factor clave para el desarrollo político-organizativo del conjunto de la clase obrera y, sobre todo, para la izquierda revolucionaria. Deja planteado un panorama interesante en el próximo congreso de la FSTMB, ya que la burocracia sindical persiste con “Evo Morales presidente”, en un momento en que los mineros de la región sur han desarrollado una cruda lucha frente al gobierno masista.

La izquierda revolucionaria tiene que sacar las conclusiones políticas junto a la clase obrera, para evitar que el proceso político de ésta se trunque en la desmoralización.