Bajo la consigna “primero la salud”, el 25 de marzo tuvo lugar en Italia un paro masivo convocado por la Unión Sindical de Base (USB) contra la continuidad productiva en empresas no esenciales y por condiciones de trabajo salubres en aquellos establecimientos laborales que realmente sean vitales para la vida de la población. La medida según sus organizadores, y a pesar de ser una unión sindical minoritaria, fue un éxito (70% de acatamiento), lo que se corresponde con las tendencias a la lucha que vienen aflorando entre la clase obrera italiana desde la irrupción del coronavirus, numerosas fábricas como Electrolux, Iveco o Tenaris conocieron medidas de lucha en los últimos diez días.

La causa de este proceso de lucha se encuentra fundamentalmente en la política criminal que el gobierno y las patronales agrupadas en la Cofindustria vienen desarrollando desde el inicio de esta crisis. Las grandes fábricas y establecimientos laborales continuaron funcionando sin ninguna restricción y sin condiciones de seguridad e higiene necesarias, llamando la atención incluso de expertos de otros países como China que se encuentran asistiendo al país mediterráneo. Esta situación se ha expresado con crudeza en Lombardía o Piamonte, las regiones del norte italiano que concentran el grueso de la industria automovilística, metalúrgica y química del país. Los empresarios rechazaron cualquier tipo de restricción productiva y al día de la fecha allí se concentran la mayoría de los 60.000 infectados italianos, sólo la acción obrera logró la paralización de algunas industrias la última semana. En contraste con este panorama, otras regiones como el Véneto, que aplicaron un cese laboral masivo, lograron contener la cantidad de muertes. Sin embargo, las previsiones son más sombrías aún, informes oficiales dan cuenta de que el número real de infectados alcanzaría los 600.000 (La Repubblica 23/3).

Como si este escenario no bastara, el gobierno llegó a un acuerdo con las confederaciones sindicales principales (CGIL, CISL y UIL) el mismo día 25 que fue presentado como un plan para paralizar efectivamente toda la producción no esencial hasta el 3 de abril. Sin embargo, lejos de ser así el acuerdo deja en pie el funcionamiento de más de 80 ramas industriales y económicas, desde pequeños negocios, hasta plantas de impresión gráficas, químicas, tiendas de venta de productos electrónicos, construcción, fabricación de maquinaria e incluso textiles (AFP/Reuters 25/3). El acuerdo no incluye la reconversión de industrias para la fabricación de elementos necesarios para paliar la pandemia ni la redirección de recursos para el sistema de salud. Las direcciones de las confederaciones firmantes, luego de amenazar con un paro, recularon, cediendo a los intereses patronales, con lo que la huelga dispuesta por la USB expresa también un repudio a la política de los sindicatos mayoritarios.

La medida de lucha del día 25 fue especialmente cumplida, con un paro simbólico de un minuto, en los servicios esenciales como la salud o los cuarteles de bomberos. La situación de los trabajadores de la salud es particularmente crítica, la falta de medidas iniciales de contención transformaron a los hospitales en los principales focos infecciosos, casi un diez por ciento (5700) de los infectados confirmados son trabajadores de la salud a lo que se suman condiciones laborales extenuantes. La clase obrera italiana fue conmovida por el suicidio de Daniela Trezzi, enfermera de terapia intensiva que fue contagiada por el virus y temía haber sido la responsable de nuevos contagios. En la industria del norte también tuvo un impacto importante la huelga, ya que sindicatos metalmecánicos de base (FIOM-FIM-UILM) adhirieron a la medida dispuesta contrariando a las confederaciones mayoritarias. Allí la acción obrera debió enfrentar las prácticas anti sindicales de grupos económicos como las del gigante siderúrgico Arcelor Mittal que amenazó con represalias para quebrar la huelga. El repudio de los trabajadores ante la desidia estatal y patronal produjo la masividad de esta medida de lucha.

Esta intervención obrera debe continuar hasta garantizar el cese efectivo de toda actividad no esencial y las condiciones de trabajo necesarias en las áreas vitales. Se hace necesaria más que nunca la centralización del sistema de salud y de los recursos del país para afrontar lo que en Italia es ya una catástrofe humanitaria. La crítica situación actual es inseparable de los recortes sistemáticos que viene sufriendo la salud pública (37.000 millones de euros en diez años) tanto por gobiernos centroizquierdistas como de derecha, lo que redunda en la falta de camas e insumos médicos lo que explica el gran porcentaje de fallecidos (10%). Un gobierno como el de Conte empecinado en defender los intereses capitalistas está inhabilitado para enfrentar esta crisis, por lo que son los trabajadores profundizando su lucha y sacándose de encima a las direcciones sindicales conciliadoras los que deberán tomar en sus manos estas tareas.