En la actualidad, después del fracaso de la Coordinadora De­mocrática en derrotar al go­bierno de Chávez, el imperialismo nor­teamericano y las empresas transna­cionales petroleras están desarrollan­do un nuevo plan para apoderarse de la industria de hidrocarburos venezo­lana, como una estrategia mundial de controlar las reservas de energía e in­cidir en cambios de gobierno en Vene­zuela. Esto no ha sido posible, hasta el momento, por la movilización del pue­blo y del proletariado venezolano du­rante el sabotaje petrolero.

Esta nueva política se podría es­tar promoviendo entre el gobierno y las empresas transnacionales, ex­presada en los acuerdos de la Plata­forma Deltana y las concesiones del gas. Una estrategia que hemos que­rido llamar “gota a gota” y que es parte de una nueva iniciativa impul­sada por el Departamento de Estado norteamericano y la burguesía na­cional, conocida como “Diálogo pro­ductivo” (Quantum, N9 26, pág. 6, 6/9). Ahí están las reuniones del mi­nistro de Finanzas, Tobías Nobrega, y el presidente de la Comisión de Fi­nanzas de la Asamblea Nacional, Ro­drigo Cabezas, con la Cámara de Co­mercio venezolano-estadounidense, el 26 de agosto; esa misma Cámara que financió y ayudó a organizar el golpe de Estado y las numerosas ten­tativas para derrocar el gobierno de Chávez. Como dice Vicente Vicentelli, presidente de la Cámara Petrole­ra de Venezuela, en este sistema de diálogo y “apertura” se promueve “el plan de inversiones de Petróleos de Venezuela... planes de expansión de PDVSA... asociaciones estratégicas” (ídem, p. 19). Ibdo esto enmarcado en la entrega de concesiones al im­perialismo petrolero con el proyecto de la Plataforma Deltana (Chevron Texaco y Staoil) y la carta de compro­miso firmada por el presidente Hu­go Chávez, el 10 de agosto de este año, para “ofertar” los ocho bloques gasíferos de los proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre, en el norte de Paria.

En este punto hay que destacar que una parte de este gas está aso­ciado a petróleo. Se cree que estas lluevas áreas llamadas “Costa Afue­ra” tienen 18 mil millones de barri­les de crudo por descubrir, pudiendo llevar la producción venezolana a 2,5 millones de barriles diarios adi­cionales por día (ídem, N° 26, p. 11). Todo esto representaría una nueva tajada de los ya un millón de barri­les que producen las transnaciona­les en Venezuela, sin olvidar la en­trega que se viene haciendo a las transnacionales a nivel de refina­ción, desde antes de la llegada de Chávez. Ejemplo claro de esto es la “asociación estratégica” de Ameri- ven, que transforma 190 mil barri­les por día de crudo pesado del blo­que Hamaca en la faja petrolera del Orinoco de 8,5 API a 26 API, de la misma manera que se ha hecho con Sincor, Petrozuata y Operadora Ce­rro Negro, como política continuista de la “Nueva PDVSA” de las políti­cas de la vieja PDVSA.

Esta estrategia “gota a gota” tie­ne dos vertientes. La primera es un plan para sacar a Chávez y derrotar a los trabajadores, como lo explicó claramente Donna Hrinak, ex emba­jadora de EEUU en Venezuela: “La lucha de largo plazo para recuperar a Venezuela de las manos de Chávez no es fácil y debe abordarse a través de un programa sofisticado y cauto para desarrollar una alternativa via­ble que no enfoque simplemente en su antichavismo” (Quinto Día, N9 418, p. 10, 8-15/9). La segunda es a través del petróleo, utilizando las “concesiones” dadas por el gobierno de Chávez en el área del gas.

Historia

En este sentido es pertinente hacer un poco de historia.

Hace más de 50 años las empre­sas transnacionales, conocidas como las “siete hermanas”, ejercían un control monopólico del petróleo, el gas y sus derivados a través de acuerdos de reparto del mercado mundial. En el caso venezolano se expresaba por un contrato firmado en la década de los ’40, entre el Es­tado y las compañías transnaciona­les, a través de regalías (1/6 de la participación estatal en el año 1943) y la Ley del Impuesto sobre la Ren­ta de 1942. Posteriormente, se llegó al arreglo conocido como “50:50”, en una renovación de las concesiones por 40 años más. Más tarde, en 1958 se rompe el acuerdo “50:50” y au­menta la participación del Estado a través del ISRL petrolero y se abren nuevas concesiones a nuevas empre­sas petroleras transnacionales, lo que culmina con un hecho importan­te, como es la fundación de la Opec en 1960 y la no renovación de las con­cesiones en 1963 y el desarrollo de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Debe indicarse que las em­presas transnacionales no dejaron de invertir en infraestructura desde comienzos de los ‘60. A partir de las acciones lideradas por los países de Medio Oriente, como política de la Opec, los estados miembros toman el control sobre la producción de la in­dustria petrolera. Dos años más tar­de, en 1975, se produce la “naciona­lización” de la industria petrolera nacional.

En este cuadro, aparece PDVSA; pero en la década de los '90 renace de nuevo la política de “desnacionalización" de la industria y comienza lo que se llamó el “plan de expansión y apertura petrolera”.

Re-privatización

Con la llegada de Chávez se produce un freno en las políticas de privatiza­ción de la industria. Se para la pri­vatización directa y se detiene el en­deudamiento con las garantías de las reservas petroleras; se aplica una po­lítica cambiaría para frenar la deses­tabilización monetaria. Los planes de los “meritocráticos”, la burguesía parasitaria petrolera nacional, ex­presada en teóricos como los gol pis­tas Luis Yusti, Alberto Quiroz Conradi, o el antiguo amigo de Chávez, el general Guaicaipuro Lameda, que­dan como en una especie de incuba­dora, que poco a poco comienza a to­mar cuerpo de nuevo para ser lleva­da a cabo en el período de gobierno Chávez-Miquelena.

Esta estrategia tomó un giro vio­lento con el golpe de abril del 2001 y la huelga petrolera.

La Coordinadora es derrotada, y después del golpe y la huelga los tra­bajadores, el pueblo y las fuerzas ar­madas dan un giro a la correlación de fuerzas. Sin embargo, estos planes continúan, claramente esbozados por otro de los teóricos de la privatización como es Ramón Espinasa (ver revista SIG 664,665,667, del año 2004), don­de palmariamente expresa (revista SIG 667, pág. 304) que “los imperati­vos económicos se van a imponer por encima de las consideraciones de ca­rácter político e ideológico en cuanto al origen del capital para reconstruir, consolidar y expandir la industria pe­trolera nacional: será necesario la in­versión privada nacional y extranje­ra”. Esto, aunque no lo creamos de un vendepatria como Ramón Espinasa, es coincidente con las políticas del gobier­no de Chávez, al permitir que la ex­pansión de la industria (explotación Costa Afuera, Plataforma Deltana, proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre, complejos refinadores y algu­nos pozos “marginales”) se haga con capital privado, ya sea de las compa­ñías norteamericanas o a través de ca­pitales nuevos, como rusos y chinos. Expresándose en la actualidad una manera nueva de desnacionalización. En esta misma retórica anda el golpista Guaicaipuro Lameda, ex presiden­te de PDVSA en el gobierno de Chá­vez, quien mencionó: “Estos son tiem­pos buenos para el ‘big oil’ (negocios grandes en petróleo)... como se man­tengan los precios altos, las compañí­as extranjeras pueden ayudar a inver­tir, y PDVSA puede gastar su dinero en programas sociales" (The Wall Street Journal, 24/8).

Para aclarar más este panorama citaremos algunas expresiones de los grandes estrategas mundiales del imperialismo petrolero. Ali Moshiri, el presidente de Chevron Texaco pa­ra Iberoamérica, dijo durante un dis­curso delante de Chávez, cuando ini­ciaron la primera perforación de gas: “Estamos preparados para entrar en negocios con la nueva ley de hidro­carburos”. Fadel Gheit, un analista del petróleo y gas de la firma New York Oppenheimer, indicó: “Es el mo­mento para ganar-ganar Venezuela y las compañías del petróleo”. Steven Tholen, el director de finanzas de HNR, empresa petrolera con sede en Houston, que tiene negocios actuales con PDVSA, indicó: “Estamos muy ansiosos por tratar de incrementar nuestra presencia en Venezuela” (The Wall Street Journal, 24/8). Co­mo se ve, la retórica antiimperialis­ta no ha espantado a las empresas extrajeras. Tampoco creemos que el reciente incremento de las regalías petroleras del 1 al 6% lo va a hacer, pues se trata de políticas que indu­dablemente le pegan al bolsillo de las compañías, pero que dejan intacta la penetración del capital extranjero y el enraizamiento en el negocio del pe­tróleo que podría llevar a la larga a una estrategia para apoderarse de la industria nacional.

Más capital extranjero

Es pertinente mostrar algunas ci­fras. La cantidad de la producción diaria controlada por compañías im­perialistas de petróleo en negocios con PDVSA (“ganancias" comparti­das) subió de 368.000 barriles en 1998 a 1,1 millones en 2004 (The Wall Street Journal, 25/8).

La estrategia del gobierno nacio­nalista burgués de Hugo Chávez no presenta una política clara de reorga­nización del Estado y de puesta del pe­tróleo, en sus fases de exploración, ex­

tracción, refinación y comercializa­ción, en manos del Estado, bajo el con­trol de los trabajadores y el pueblo, si­no un reparto capitalista distinto que puede ser transitorio y rápidamente cambiado si se da el “plan sofisticado y cauto” para sacar a Chávez, en la es­trategia planteada por la ex embaja­dora norteamericana Donna Hrinak.

Los bienes y servicios de la indus­tria están siendo suministrados, en su mayoría, por empresas extranje­ras, como la genocida Halliburton, o las franquicias de las llamadas “em­presas nacionales” subsidiarias de pulpos energéticos extranjeros.

Ante este panorama de desnacio­nalización es necesario que los traba­jadores petroleros, en la discusión del nuevo contrato, establezcan igual­mente cláusulas para la protección de la industria petrolera, contra la privatización “gota a gota”.

No al entreguismo de la explota­ción, refinación y comercialización al imperialismo mundial.

Por una política independiente de expansión y desarrollo de la em­presa petrolera nacional.

Por la creación de empresas ges­tionadas por los trabajadores que su­ministren bienes y servicios a la in­dustria energética nacional. Desen­mascarar las empresas “nacionales' que son franquicias de las transna­cionales.

Llamar urgentemente a los sindi­catos petroleros y las organizaciones populares a discutir la política del go­bierno en materia petrolera. No se trata de repartos “mejores” de las re­galías, impuestos y beneficios puntua­les; se trata, como una defensa de las luchas de los trabajadores y el pueblo, de derrotar el proceso desnacionaliza- dor que se está implementando “gota a gota”.

Octubre 2004