El gobierno italiano acaba de entregar a un operador privado la concesión del histórico anfiteatro construido en el siglo I después de Cristo. El beneficiario es un empresario amigo de Berlusconi, que obtendrá la exclusividad de la administración, alquileres y derechos de imagen por un lapso de quince años, a cambio de pagar el costo de trabajos de restauración que se calculan en 25 millones de euros. La concesión fue arreglada en enero y el gobierno la presentó como un acto de “generoso mecenazgo” por parte del empresario, pero lo cierto es que el texto del contrato no fue dado a conocer: una denuncia señala que la concesión fue arreglada luego de que el concurso oficial fuera declarado desierto.

Se trata a todas luces de un negociado: “la valoración del acuerdo es evidentemente baja, ya que cualquier economista sabe que la operación generará como mínimo 200 millones de euros, porque concede a la empresa, mientras duren las obras, el plan de comunicación y la comercialización del Coliseo en todo el mundo” (El País, 5/4). La privatización del Coliseo corre en paralelo a una sistemática reducción de los fondos públicos dedicados a la restauración de bienes históricos y los despidos de trabajadores ocupados del mantenimiento y conservación. Los gobiernos capitalistas acorralados por la bancarrota económica están rifando el patrimonio histórico de la humanidad.

El griego Papandreu acaba de prometer que no hará lo mismo con la Acrópolis, ¿le creemos?