El día 7 de noviembre de 2021 el Tribunal Oral 1 a cargo de José Feliciano Ríos condenó a César Arakaki, militante de Partido Obrero, y Daniel Ruiz, militante del PSTU, a 3 años y seis meses y 3 años de prisión de cumplimiento efectivo, respectivamente. La condena se debe a su participación el 18 de diciembre del 2017 de una movilización de 300.000 personas que se manifestaron en las afueras del Congreso de la Nación (parlamento), en oportunidad de que el gobierno de Cambiemos sancionara la ley que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, birlándoles a los haberes jubilatorios 100.000 millones de pesos (unos 5.300 millones de dólares de la época) solo en el año 2018. Ambos fueron condenados por los cargos de lesiones en agresión, intimidación publica y atentado agravado contra la fuerza pública por más de dos personas.

La acusación de intimidación pública implica la utilización de un tipo penal usado por los  gobiernos contra la movilización ciudadana, cuyo objetivo es cercenar el derecho a la protesta social como así también el aumento de penas.

El día de los hechos, el  gobierno -mediante la represión policial- intentó cercenar el derecho a la protesta social. Primero, el 14 de diciembre, durante el primer tratamiento de la ley, reprimiendo con ferocidad a los manifestantes. Luego el 18 de diciembre, cuando la embestida policial transformó una manifestación pacífica en resistencia contra el intento de prohibir el derecho de la multitudinaria movilización a permanecer en la Plaza de los Dos Congresos.

Con la ley aprobada por el Congreso (con los votos de Cambiemos y PJ), el gobierno del presidente Mauricio Macri contó con un operativo de los medios de comunicación hegemónicos, quienes demonizaron a los militantes políticos que habían participado de la movilización. Las acusaciones se centraron principalmente en dos militantes de izquierda (Partido Obrero y PSTU), acusados de las graves lesiones de un agente policial de apellido Escobar, que recibió un piedrazo en su cabeza.

Durante el juicio, mediante la exposición de varias filmaciones, quedó determinado no solamente que César Arakaki fue totalmente ajeno a las lesiones de Escobar, sino también que desde el minuto uno la Fiscalía y el Juzgado contaron con la filmación que así lo acreditaba. Este pequeño triunfo sobre la acusación se tradujo en el desistimiento del agente policial herido, Escobar, como querellante en el juicio, lo que deja la acusación en contra de César Arakaki plenamente en manos del fiscal.

El juicio pasó de ser un juicio oral y público a un juicio virtual por Zoom, y posteriormente a un juicio semi-virtual donde los testigos declaran frente al tribunal y el resto de las partes permanecen de forma virtual, afectando estos cambios de modalidad tanto el derecho de defensa como la publicidad del juicio.

Tanto César Arakaki como Daniel Ruiz fueron privados de su libertad durante la instrucción del juicio y luego liberados. Toda la acusación tiene como objetivo constituir un antecedente claro a la criminalización de la protesta social y la movilización popular, y en particular la participación en ellas de militantes políticos.

Miles de referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y civiles ya se han pronunciado por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz. Entre ellos, importantes figuras como las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y Elia Espen. Este 13 de abril de 2023 será la última instancia judicial y, algunos días después se dictará la sentencia definitiva.

Dirigir peticiones por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz a la Cámara Federal de Casación Penal, Comodoro Py 2002, 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (C1104BEN), y/o por E-mail: [email protected] y copia a [email protected]

 

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CAMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

Los abajo firmantes nos pronunciamos por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, acusados por su participación en la movilización del 18 de diciembre de 2017 contra la pérfida reforma previsional votada ese día en el Congreso. Vemos con preocupación el pedido de prisión efectiva por parte del fiscal Juan García Elorrio, en un juicio en el cual la querella del afectado se retiró por la inconsistencia de la acusación, que solamente el representante del Ministerio Público Fiscal sostiene.

Las movilizaciones masivas de diciembre de 2017 fueron una reacción masiva frente a una ley confiscatoria contra las jubilaciones. Vinieron además a frenar el intento del entonces gobierno de Macri de aplicar una reforma laboral. Hoy en día, la defensa de las jubilaciones y de los derechos laborales sigue siendo crucial para el pueblo argentino.

El juicio entero contra Arakaki y Ruiz apunta a condicionar las futuras movilizaciones populares. Una condena representaría un retroceso para las libertades democráticas en el país, y sería un enorme contraste con la impunidad de la que gozan los responsables de crímenes contra el pueblo. Llamamos a apoyar la causa por la absolución y acompañamos las movilizaciones que se realizarán en la fase final del juicio por este reclamo.

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