Sri lanka, la isla del Océano Indico que estuvo en el centro de la atención internacional en 2022 debido al cese de pagos de la deuda externa y a una rebelión popular, vive por estos días nuevas protestas obreras y estudiantiles.

El martes 7, la Federación Interuniversitaria (IUSF, por sus iniciales en inglés), que jugó un papel relevante en el levantamiento que expulsó del poder el año pasado a Gotabaya Rajapaksa, se movilizó en Colombo, la capital, pero sufrió la represión de las fuerzas de seguridad, que en el curso de sus embates emplearon gas lacrimógeno vencido, según el diario local Daily Mirror.

Por su parte, el 1 de marzo hubo una jornada de paros y piquetes de numerosos gremios, entre ellos bancarios, docentes universitarios, portuarios y trabajadores de la salud. Estas medidas de fuerza se llevaron a cabo en abierto desafío de las políticas de “esencialidad” del gobierno, con las que se busca impedir el ejercicio del derecho a huelga. Una semana después, se ha abierto una mesa de negociación con las autoridades.

El gobierno actual, presidido por Ramil Wickeremesinghe, del SLPP (Sri Lanka Podujana Peramuna), quien, como primer ministro del depuesto Rajapaksa, también fue blanco de la furia popular en 2022, ha centrado sus esfuerzos de gestión en llegar a un pacto con el FMI para destrabar un préstamo por 2.900 millones de dólares. En noviembre pasado, se arribó a un acuerdo preliminar que la conducción del organismo debe validar en las próximas semanas.

Por estas horas, el gobierno chino dio su aval al plan de reestructuración de deuda, un respaldo que el Fondo exigía como condición para aprobar el desembolso.

Sri Lanka cesó sus pagos de deuda el año pasado, en medio de una crisis de reservas y de severas dificultades para financiar las importaciones de alimentos y combustibles, con precios en ascenso debido a la guerra en el este europeo y la crisis económica mundial. Entre los acreedores de la isla se encuentran el Banco Mundial y los gobiernos de China, India y Japón. La emisión de bonos de alto rendimiento durante la década de 2010 provocó un salto insostenible del endeudamiento.

El desabastecimiento de productos básicos y la inflación desataron la rebelión de 2022, conocida también como “Aragalaya” (en cingalés, lucha o combate). Incluyó la toma de la residencia presidencial durante varias semanas. Las imágenes de manifestantes nadando en las piscinas lujosas del clan gobernante dieron la vuelta al mundo.

Tras la caída de Rajapaksa, el parlamento ungió como nuevo presidente a Wickremesinghe, quien desalojó los campamentos de protesta en Colombo como primera medida de gobierno. Ha combinado las detenciones y el cercenamiento de libertades fundamentales, con la aplicación de las medidas de ajuste que reclama el Fondo: recorte de subsidios y aumento en la electricidad y los combustibles; y mayores impuestos sobre los sectores populares. Los servicios públicos siguen en ruinas: en los hospitales se protesta por la escasez de medicinas.

Las movilizaciones han mermado con respecto al pico de 2022, pero hay sectores combativos que mantienen el pulso en las calles.

Mientras tanto, la oposición patronal, que no tiene un plan alternativo al acuerdo con el Fondo, centra sus preocupaciones en la convocatoria a las elecciones municipales, que debían realizarse este 9 de marzo, pero que el gobierno postergó al menos hasta fines de abril, con el burdo argumento de falta de fondos para imprimir las boletas.

Que viva la lucha del pueblo de Sri Lanka contra el gobierno y el FMI.

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