El gobierno de la India, encabezado por Narendra Modi (de un partido hinduista llamado Bharatiya Janata Party, BJP), ha impuesto modificaciones en la ley de ciudadanía que autorizan la residencia en el país de inmigrantes irregulares de algunos países vecinos (Pakistán, Afganistán y Bangladesh) siempre y cuando no sean musulmanes.

Esta norma discriminatoria ha detonado protestas masivas en todo el país, especialmente de la minoría musulmana, que abarca más de 200 millones de personas. El gobierno impuso toques de queda y bloqueó las comunicaciones en diversos puntos del país, a la vez que desató una represión criminal que ya ha dejado más de una decena de muertos.

La medida es un salto a escala nacional de una política aplicada en el estado de Assam, próximo a Bangladesh, que puso a dos millones de personas bajo riesgo de expulsión. Cabe señalar que el gobierno ha impuesto por todo el país Tribunales de Extranjería, en los que los ciudadanos deben probar su estatus, que declararon como ilegales a más de mil personas que hoy permanecen en centros de detención (El País, 31/8). El primer ministro pakistaní, Imran Khan, advirtió que los cambios en política migratoria del gobierno indio pueden producir una crisis de refugiados que empeñezca a otras crisis semejantes, con la salida de millones de personas musulmanas del país.

El gobierno de Modi, aliado al supremacismo hindú (cuyas bandas han linchado decenas de musulmanes en los últimos años), viene de anular el estatus autonómico de la Cachemira india, una región de población mayoritariamente musulmana. Allí ha radicado una verdadera fuerza de ocupación de un millón de soldados, en un área en que viven 8 millones de habitantes. Hay cientos de presos políticos y las comunicaciones también se encuentran bloqueadas. El silencio de la ‘comunidad internacional’ sobre el punto es atronador.

La política de incentivación de las rivalidades étnicas por parte de Modi amenaza con provocar un nuevo conflicto armado con Pakistán, país de mayoría musulmana que administra otra área de Cachemira y puja por el control entero de esa región desde la partición de la India en 1947. Tanto India como Pakistán son potencias nucleares. En este tablero político, Trump apuntala al gobierno indio, en tanto que el gobierno chino apoya a su vecino musulmán como contrapeso.

El ataque a la comunidad musulmana es la punta del iceberg de un reforzamiento represivo en toda la India que va a la par de una política de exenciones impositivas al gran capital y de seducción de inversiones extranjeras.

Los cambios en la política de ciudadanía han despertado la oposición de algunos gobernadores, que no quieren aplicar la nueva normativa. El Partido del Congreso, fuerza histórica de la burguesía india que se derrumbó en los últimos dos comicios, se ha sumado a algunas de las protestas, pero él mismo tiene acuerdos políticos en algunos distritos con formaciones políticas de la derecha. También se han sumado a las movilizaciones las fuerzas de izquierda que orbitan tras él (Partido Comunista, Partido Comunista Marxista, etc.).

La derrota de la política sectaria y proimperialista de Modi requiere de la movilización y la unidad de los trabajadores.