Ahora es Panamá, en su capital y en varias de sus ciudades más importantes, la que vive un levantamiento popular contra el aumento de las tarifas eléctricas. Hay lucha de barricadas, la intervención de 14 gremios y el anuncio de una huelga de maestros por 24 horas “en advertencia”, a lo que se suma un conflicto huelguístico con los trabajadores de la construcción, que van al paro por aumentos salariales. La huelga de constructores tiene su epicentro en la ciudad caribeña de Colón.

Aunque el gobierno ha retrocedido y suspendió los aumentos, dispuso que el Estado se haga cargo de subsidiar a las empresas por 300 millones de dólares anuales, lo cual, necesariamente, se hará a costas de los presupuestos de salud y educación, empeorará la inflación y el nivel de vida de las masas trabajadoras. Por otra parte, algunos gremios creen que la medida no fue anulada sino simplemente retrasada, por lo que reclaman que se desestime definitivamente el incremento (Telesur, 16/7). 

El aumento, del 8,4 por ciento, afectaba al 24,5 por ciento de la población que consume más de 300 kilovatios/hora; es decir, a la pequeña burguesía y, sobre todo, a las industrias y a las pymes, que pusieron el grito en el cielo. Por tanto, a diferencia de Haití, las protestas no tuvieron un origen estrictamente popular, pero eso cambió con el transcurso de la lucha.

Los sindicatos y algunos portavoces de las barricadas indican que las empresas en modo alguno absorberán los aumentos, que habrán de producir mayor inflación y se trasladarán inevitablemente a las góndolas de alimentos, cuando el nivel de vida de los trabajadores se aproxima a lo insostenible.

Por otra parte, el Presidente, Juan Carlos Varela (ganó las elecciones por una coalición de su Partido Panameñista con el Partido Popular, ambos de derecha liberal), ha instruido a la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela, “hacer lo necesario para que el Estado asuma los efectos del ajuste en las tarifas hasta tanto la Asamblea Nacional apruebe la dispensa fiscal” (“La Estrella de Panamá”; 16/7/18). Ahora bien: esa Asamblea se encuentra en manos, con una mayoría abrumadora, de la oposición al gobierno y en un año preelectoral. Como siempre sucede, la crisis económica se transforma en crisis política aceleradamente. De todos modos, poco puede esperarse de esos opositores: en marzo, por ejemplo, su principal partido, Voluntad Popular, felicitó al gobierno por haber tomado medidas contra Venezuela pedidas por el Departamento de Estado.

Todo esto ocurre en medio de un desequilibrio fiscal mayúsculo. Desde 2013 Panamá sufre un elevado déficit fiscal, que desde entonces no hace más que crecer. Según el Banco Mundial, el país se encuentra “altamente endeudado”. Que el Estado se haga cargo de la “dispensa” tarifaria disparará la inflación en obvio perjuicio de las masas empobrecidas.

La analista económica Irene Giménez declaró que el Estado panameño sólo podría hacer frente a esos 300 millones de dólares de “dispensa” mediante un mayor endeudamiento o con la creación de nuevos impuestos, “y el gobierno no tiene margen para ninguna de las dos cosas” (ídem). Se avizora, así, una situación sin salida en el actual estado de cosas; por tanto, la posible caída del gobierno.

Todo dependerá ahora de la dirección política que puedan darse las barricadas que cubren las principales ciudades del país y exigen la renacionalización de las empresas de servicios, que fueron estatales hasta la década de 1990. Su privatización, en medio de una corruptela general y el estado de quiebra de esas compañías, fue el último paso para desarmar lo que quedaba del régimen nacionalista de Omar Torrijos Herrera, comandante de la Guardia Nacional que dio un golpe de estado en 1968 y gobernó hasta 1981. Torrijos dispuso una serie de nacionalizaciones y tuvo conflictos con los Estados Unidos por el Canal de Panamá, controlado militarmente por el Departamento de Estado.

Para que no se repitan aquellos fracasos resulta preciso, sí, renacionalizar las empresas de servicios pero bajo control de los trabajadores y los usuarios, lo cual exigirá, a su vez, una banca única y la gestión obrera colectiva. En fin: un gobierno de los trabajadores.