El paso devastador de los huracanes Irma y Maria hizo volar por los aires la ya colapsada infraestructura puertorriqueña.

Al colapso de las telecomunicaciones, de los puentes, las represas y carreteras así como la desaparición de barriadas completas bajo el agua y el fango, se suma la escasez de alimentos y agua potable en centros de refugiados donde los evacuados se cuentan por miles. En pueblos del interior proliferan las gangas (pandillas) que saquean comercios y asaltan a transportistas para el robo de víveres.

La situación se hace todavía más explosiva con el toque de queda decretado por el gobernador, y empiezan los enfrentamientos con las fuerzas de choque. El agotamiento del agua potable, los alimentos, la nafta y el diesel vislumbran una profundización de la crisis.

Donald Trump ha recibido duras críticas por la dilación de su gobierno en intervenir ante este escenario catastrófico y por intentar relativizarlo.

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Debacle, ajuste, más debacle

Fruto de una década de crisis capitalista, y en particular de la rapiña ejecutada sobre la colonia por la metrópoli estadounidense, en Puerto Rico se desenvuelve desde hace años una aguda bancarrota, que ha llevado a una emigración de características fenomenales y a niveles de pobreza que rondan el 50% de la población.

El crack de la economía puertorriquense tuvo expresión con el default de julio de 2016 (el más grande en la historia de las deudas sub-soberanas en los Estados Unidos) y una posterior declaración de quiebra en mayo de este año.

La banca y las multinacionales buscan salir de este cuadro mediante la aplicación de medidas de austeridad que desangran aún más las condiciones de vida del pueblo boricua, tarea para la cual han elegido al gobernador “Ricky” Roselló (del derechista Partido Nuevo Progresista), y que fue respondida con movilizaciones de masas y una huelga general meses atrás.

La reforma laboral antiobrera impulsada por el gobierno incluye el recorte en las jubilaciones de un 25%, la reducción de la jornada laboral en los trabajadores estatales y una flexibilización aun mayor de las relaciones laborales, dando luz verde a las patronales para contratar trabajadores “temporeros” por el plazo de un año sin aportar cargas sociales ni asignaciones familiares y pudiendo despedir sin causa ni indemnización alguna.

El brutal ajuste a la ruinosa y dependiente economía puertorriqueña pone contra las cuerdas a la escasa producción local frutícola, avícola, lechera y cafetera, destruyendo más puestos de trabajo. El vaciamiento sistemático de la Autoridad de Energía Eléctrica (ente estatal), que tiene como fin último su privatización, se traduce en despidos y en la actual crisis energética que mantiene a la isla en penumbras desde hace una semana.

Por una salida

Las fuerzas progresistas como el Partido Independentista Puertorriqueño y otras agrupaciones izquierdistas brillan por su ausencia, no orientan al pueblo en su desesperación ni plantean una salida de fondo a la crisis y a esta bancarrota nacional.

A corto plazo, está planteada la conformación de comités de crisis por parte de los vecinos y los refugiados. También se torna necesaria la discusión entre trabajadores sobre la reconstrucción de Puerto Rico desde las mayorías laboriosas, prescindiendo de la corrupta camarilla colonial gobernante que nos condujo al despojo total.

Por la independencia de Puerto Rico y la conformación de un partido de la clase trabajadora que dé muerte a la colonia y tome en sus manos la construcción del socialismo. Por la unidad con los demás pueblos caribeños en una Confederación de Repúblicas Socialistas del Caribe.