El país se encuentra en medio de una crisis carcelaria iniciada el 27 de febrero del 2021, caracterizada por motines y masacres constantes dentro de los centros penitenciarios. Hasta ahora, a casi tres años de su inicio se han reportado más de setecientas ejecuciones dentro de las prisiones, vidas perdidas que se encontraban bajo la custodia del Estado.

El expresidente Guillermo Lasso en ese momento ya reproducía discursos y marcos de acción propios del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, país con el mayor número de población penitenciaria en relación a su población total, en el cual se implementó un nuevo modelo punitivista construyendo las nuevas mega cárceles.

El 23 de noviembre del 2023, Daniel Noboa, principal bananero del país -sobre cuyas haciendas productoras hay denuncias de esclavitud moderna- se posicionó como el nuevo jefe de gobierno. A un día de asumir su cargo, por medio de un decreto presidencial, eliminó la “tabla de drogas” la cual brindaba un marco con cantidades máximas portables para consumo propio, de esta forma difuminando la línea entre el consumo personal, el microtráfico y las grandes fuerzas del narco, dando un gran paso a la criminalización de la pobreza. Este tipo de políticas es característica de un narcoestado, en el cual las organizaciones criminales y las clases dominantes trabajan de forma conjunta para su mutuo beneficio a costa de la explotación y precarización de la vida de la clase trabajadora.

El presidente Noboa anunció el “Plan Fénix”, del cual hasta ahora no se conoce mucho más que su objetivo de privatizar el sistema carcelario, usando abiertamente como ejemplo el modelo de Bukele. Esto provocó una escalada de violencia e inconformidad dentro de los centros penitenciarios de todo el país. El domingo 7 de enero se dió a conocer la fuga de Adolfo Macías -alias Fito- líder de la banda de crimen organizado “Los Choneros”, ya que no se lo encontró en su celda. Esto desató motines en las cárceles más importantes del país el día 8 de enero, en las cuales se tomaron como rehenes a los guías penitenciarios. En respuesta, el presidente Noboa decretó el estado de excepción y lo extendió por 60 días en todo el país, con toque de queda de 23 a 05 horas, esto para facilitar la militarización de todo el territorio.

A esto, el mismo 8 de enero, el presidente anunció la segunda parte de la próxima consulta popular, en la cual se plantea el fortalecimiento masivo de las Fuerzas Armadas y la policía nacional, creando un marco de impunidad en sus acciones para el libre ejercicio de aparatos represivos, incluyendo impunidad en casos de ejecuciones extrajudiciales. Se plantea por medio del estado de excepción una presencia permanente de los cuerpos militares en los espacios públicos. Recalcando que el estado de excepción y las “nuevas normas” más allá de buscar mejorar las condiciones de las personas, facilita la explotación y sometimiento de la clase trabajadora, ampliando la supresión de derechos y dificultando la movilización popular. Como ejemplo, se plantea también una consulta para una nueva reforma laboral, la cual propone trabajo por hora en zonas francas -diseñadas para producción y comercio-  sin derechos ni estabilidad laboral -trabajo por horas, flexibilización de la jornada.

El 9 de enero, se produce una ola de violencia y pánico a nivel nacional, iniciada por la toma en vivo de un canal televisivo por parte de miembros de un agrupación de crimen organizado -entre los cuales varios eran menores de edad-, saqueos, toma de instituciones educativas y centros comerciales, amenazas, bombas y tiroteos. El presidente responde declarando un conflicto armado interno en el país, una guerra interna contra el crimen organizado.Se declara estado de guerra por medio de comunicados oficiales, nombrando las bandas criminales como agrupaciones terroristas y principales objetivos militares.

Se inicia un proceso de militarización en todo el territorio, acompañado de una gran legitimidad en la sociedad civil, producto del estado de terror e incertidumbre que se vivió en la tarde del 9 de enero. Este terror manufacturado produce una fascistización de la sociedad civil, basada en la deshumanización y criminalización de las personas empobrecidas y racializadas. Se crea una polarización social en base al miedo: unes legitiman las acciones del Estado, reivindicando el uso de la fuerza de los grupos militares, usando como ejemplo el pelotón anticomunista -SIC-10- de Febres Cordero, responsable de la desaparición de los hermanos Restrepo cuando eran menores de edad hace 36 años el 8 de enero 1988. A la vez otra parte aumenta su mirada crítica sobre la legitimidad del Estado y su accionar, el autoritarismo estatal concluye en terrorismo de estado. Con el teatro de la guerra contra el narcotráfico, el gobierno empresarial de Noboa desata una guerra contra la clase trabajadora.

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