En las elecciones presidenciales peruanas del próximo 9 de abril, dos candidatos se perfilan para pasar a la segunda vuelta: la derechista Lourdes Flores y el nacionalista Ollanta Humala, militar retirado y organizador de un fallido golpe contra Fujimori en 2000.

 

La cuestión minera ocupa el lugar central en la política peruana. Hay en curso una movilización popular contra los pulpos imperialistas. La campaña electoral, reconoce un diario financiero, “se desarrolla en el contexto de un creciente descontento, que tiene como blanco las operaciones de empresas extranjeras. Varias empresas internacionales han sido objeto de movilizaciones el año pasado, incluyendo al grupo anglo-australiano BHP Billinton, a la norteamericana Newmont y a la británica Monterrico. Todos ellos fueron forzados a suspender operaciones o retirar proyectos” (Financial Times, 29/2).

 

El mismo diario caracteriza que “el descontento local” (ídem) y “el estado de ánimo crecientemente radical” de los campesinos-indígenas son los principales “problemas” que enfrentan las mineras.

 

La burguesía, y en particular los grandes grupos mineros internacionales que operan en Perú, recelan que Humala pretenda “renegociar los contratos” mineros vigentes. Gracias a las colosales exenciones impositivas y las condiciones establecidas en los contratos firmados en la época de Fujimori, Perú se convirtió en uno de los destinos preferidos por los grandes pulpos mineros internacionales y en uno de los mayores productores mundiales de minerales: es el tercer productor mundial de cobre y el quinto de oro (acaba de desplazar de ese puesto a Rusia). El gran capital minero domina enteramente la economía peruana (y a su régimen político).

 

El candidato a vicepresidente de Humala, Gonzalo García, director del Banco Central, explica que su eventual gobierno va a respetar los contratos “por un tiempo”. Humala, dice, impulsará una reforma constitucional que “permita cambiar las actuales reglas que hacen inamovibles los contratos” (Página/12, 5/3). O sea, que Humala buscará “cambiar las reglas” para renegociar los contratos… ¿En qué consistiría esa “renegociación”? El propio Humala explica: “en participar como propietario, con un porcentaje del accionariado ya que los recursos son del Estado, no de las empresas” (Ambito Financiero, 30/1).

 

El vice de Humala, redactor en jefe del plan de gobierno del candidato, es partidario de las privatizaciones. “Vamos a hacer una auditoría de las privatizaciones. En los casos que encontremos irregularidades (…) haremos la denuncia a la Justicia y esas empresas privatizadas irregularmente retornarían al Estado para que sean nuevamente privatizadas” (Página/12, 5/3). Como se ve, nada más lejano de las acusaciones de “estatismo” que le formulan los grandes pulpos mineros.

 

De todos modos, “la idea —continúa García— es desarrollar empresas nacionales y hacerlas participar en procesos de producción que hoy están en manos de empresas transnacionales” (ídem). O sea, promover una asociación. García, incluso, dice que el gobierno de Humala mantendrá la vigencia del “Tratado de Libre Comercio” con Estados Unidos si el parlamento actual lo aprueba: “sería —sostiene— un tratado entre estados, de cumplimiento obligatorio” (ídem).

 

Humala es presentado por sus detractores como un émulo del general Velazco Alvarado, que encabezó un régimen militar nacionalista que debutó en 1968 nacionalizando el petróleo y realizando una reforma agraria. En 1975, Velazco fue derrocado por otro general (Morales Bermúdez) y el régimen militar terminó como agente del imperialismo. En vista de sus planteos, se trata de una comparación abusiva. Más bien, Humala tiene semejanzas con Lucio Gutiérrez, el coronel ecuatoriano que hizo campaña como “nacionalista” para gobernar con el FMI (y terminar volteado por una rebelión popular).