Una semana después de haber lanza­do a las fuerzas armadas contra la insurgencia campesina en Chiapas y el Ejército Zapatista, el gobierno de Ernesto Zedillo anunció la “suspensión” de las acciones militares y el envío de una ley de amnistía al Congreso, a la que podrían acogerse los dirigentes de la guerrilla. Horas antes, Robledo Rincón, “elegido” gobernador de Chiapas mediante un fraude, presentó la renuncia. Esto, en opinión del enviado de Clarín, “dejó el camino despejado para convocar a nuevas elecciones (en Chiapas), una de las principales demandas zapatistas para dialogar con el gobierno” (15/2).

Todos estos anuncios han sido presen­tados como un “sorpresivo cambio de rumbo” del gobierno en relación a la ofensiva militar llevada a cabo por más de 2.500 soldados, 33 aviones, 30 tanques y 32 vehículos blindados, de una avanzada de casi 60.000 hombres reescalonados en torno a la zona, que cuentan con “aseso­res” norteamericanos, argentinos y gua­temaltecos. El EZLN denunció el bombar­deo de dos poblaciones y “las acciones militares habrían causado varios muertos en la población de la zona. Un testigo vio a 20 cadáveres dentro de helicópteros en la zona de opera­ciones” (La Capital, 15/2).

La relación entre la agresión militar y la crisis económica y política mexicana es muy clara, pues “según la revista Counterpunch, que se especializa en revelar documentos que comprome­ten al establishment, un memorando del Grupo de Mercados del Chase Manhattan Bank fechado 13 de enero de 1995 y redactado por el asesor del Chase, Riordan Roett, sugirió al go­bierno mexicano el aplastamiento de la rebelión indígena y la eliminación de los zapatistas como medio de re­cuperar la confianza de los inverso­res y desvanecer la imagen de debili­dad presidencial” (W. Goobar en Pági­na /12,15/2). El Departamento de Estado yanqui ha mandado “reforzar la vigi­lancia” (Clarín, 14/2) en la frontera con Guatemala, con “soldados guatemal­tecos especializados en lucha antiguerrillera, conocidos como ´kaibiles’” (Clarín, 14/2).

Ultimátum

A pesar de la “suspensión” del ata­que militar, el ejército mantiene sin mo­verse un milímetro la ocupación de todos los municipios y un verdadero cerco sobre miles de campesinos y zapatistas confina­dos en la selva. “El gobierno desmintió que haya suspendido las órdenes de captura de los líderes zapatistas” (La Capital, ídem), “la amnistía… es aún un enigma porque no se sabe a quién va dirigida” (Página! 12, 14/2). El re­nunciante gobernador de Chiapas fue re­levado por un funcionario bajo las órdenes directas del presidente. La llamada “in­vitación al diálogo” a los zapatistas es en realidad un ultimátum: “(que el EZLN) manifieste con claridad su in­tención de optar por la vía política y legal para arribar a una solución…”, o, a buen entendedor, el exterminio recla­mado por la banca.

El 29 de diciembre, en Prensa Obrera, hicimos un pronóstico que se ha cumplido rigurosamente: “el gobierno está pre­parando las condiciones políticas y militares para aplastar la insurgencia campesina y aniquilar al ejército zapatista” (PO N° 435). La propia deva­luación del peso estuvo relacionada con este ataque (“disminuir la presión so­bre el peso podría darle al gobierno el tiempo para resolver el violento conflicto”, opinó (The Financial Times, 22/12). El ejército ocupó Chiapas para forzar a los zapatistas a una negociación. A mediados de enero, “el presidente Zedillo alcanzó un acuerdo con los partidos mayores (incluido el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas) sobre los pasos para instalar una genuina democra­cia en lugar de la farsesca versión que prevaleció hasta ahora”, según la versión de The Economist (3/2), lo que equivale a un “pacto de gobernabilidad” que incluía la posibilidad de nuevos comicios en Tabasco, Chiapas y algunos municipios que fueron centro del fraude en las pasadas elecciones. Esta es la polí­tica que dictan los yanquis, en contrapo­sición a los ganaderos de Chiapas y a la “vieja guardia” del PRI, de reocupar las tierras a sangre y fuego, “como en los viejos tiempos del PRI”. El Departa­mento de Estado y la banca reclaman un frente político que se haga corresponsable del salvataje del Estado.

La “salida” preconizada por los yan­quis no descarta la capitulación de los zapatistas, cuyo programa confluye en un punto esencial con la política norteameri­cana, la “democratización” controlada y por arriba del Estado priista, a partir del propio Estado priista.

Los límites políticos del EZLN están fajados en el mensaje de su comandancia de fecha 25 de enero pasado, el cual apoya “el llamado del ciudadano Cuauhté­moc Cárdenas a luchar por un go­bierno de Salvación Nacional, y a exigir al actual gobierno la ruptura total y definitiva con el salinismo” (por Salinas de Gortari).

Es natural que, debido a estas limita­ciones, los zapatistas no hubieran previs­to la acción militar. Horas antes de la ofensiva, el comandante Tacho, “núme­ro dos de la pirámide zapatista”, se­gún Pagina /12, declaró que “lo que nos viene preocupando es la cabronada esa de las guardias blancas que ame­nazan a los campesinos que ocupa­ron fincas, a los federales… no los veo entrando a nuestro territorio. Por ahí se dice que el ejército no respon­de a la presidencia, ése es un proble­ma de ellos. Hasta ahora Zedillo ha puesto disposición de hablar (sic) y nosotros le recibimos al secretario“.

El gobierno está empantanado

La ofensiva político militar del gobier­no está condicionada por el derrumbe financiero que no cesa y la creciente reac­ción popular. Se acentúa también la crisis del PRI, cuya “vieja guardia” se lanzó a las calles en Tabasco ante la amenaza de que Zedillo “negocie” a “su” gobernador (“fue curioso ver a diputados del PRD —Cárdenas— acusando a los priistas de intentar ´desestabilizar´ a Zedillo”, comenta la “comunista” Korol desde México, 9/2). Hasta el momento de la invasión a Chiapas, el gobierno parale­lo del PRD en ese Estado ejercía su man­dato sobre 53 de los 110 municipios. Allí, a partir de la ocupación militar, “gana­deros y propietarios rurales despla­zados por los zapatistas formaron un frente amplio e iniciaron una serie de movilizaciones en los munici­pios… para demandar al gobierno federal las condiciones que permi­tan el retorno inmediato a sus pro­piedades”. “Son 1500 los ranchos cu­yos propietarios han sido desplaza­dos” (La Capital, ídem). Amado Avendaño, el gobernador “paralelo” en Chia­pas, denunció que “la renuncia de Ro­bledo no cambia en nada la situa­ción”. La ofensiva de Zedillo fue respon­dida por más de 100.000 manifestantes que marcharon por las calles de México.

El gobierno argentino, por orden de Clinton, ha salido a respaldar la masacre.