Se extiende y multiplica la rebelión en Cataluña frente a las duras condenas del estado español contra los dirigentes independentistas, y hay planificadas acciones multitudinarias y un paro regional para los días que restan de esta semana. El martes y el miércoles, miles de catalanes, especialmente jóvenes, volvieron a cortar varias rutas de ingreso a Barcelona y se movilizaron en esta ciudad y en Girona, Tarragona y Lleida, entre otras puntos de la Comunidad y chocaron con la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, la policía que depende del gobierno catalán, que han reprimido en forma conjunta y que han vuelto a dejar como saldo decenas de heridos y detenidos.

Los centros de la protesta -que se han sostenido varias horas pese a la represión- han sido las delegaciones del gobierno central español en cada ciudad y el reclamo es la inmediata libertad de los detenidos, que han recibido condenas que van de los 9 a los 13 años de prisión, bajo los cargos de sedición, por haber organizado el referéndum independentista hace dos años.

En la respuesta al ataque del gobierno central español, se diferencian distintos sectores del espectro político catalán. El gobierno de la Generalitat, del cual formaban parte la mayoría de los detenidos, ha manifestado su rechazo al fallo, pedido la libertad de los detenidos e incluso coquetea con las movilizaciones, aunque rechaza su "carácter violento" y, al mismo tiempo, defiende la represión a las movilizaciones por parte de su policía, los Mossos.

Dos de las organizaciones vinculadas con los partidos mayoritarios de Cataluña -ANC y Òmnium Cultural- intentan canalizar la rebelión que el lunes, pese a ser un día hábil, convocó a decenas de miles de personas e hizo colapsar durante horas al aeropuerto local y han convocado a cinco marchas que se inician en distintas ciudades de la Comunidad y que confluirán el viernes en la ciudad de Barcelona. 

Por su parte los Comités de Defensa de la República (CDR), de los cuales forman parte los sectores más radicalizados llaman a su propia marcha desde otro punto del interior de Cataluña, la que se llevará a cabo a lo largo del viernes y concluirá también en Barcelona, en coincidencia con las otras cinco, para dar lugar a una movilización que se espera multitudinaria. 

A su vez, organizaciones sindicales vinculadas con el independentismo han convocado a un paro regional para ese mismo día viernes, a lo que se suma el llamado a la huelga general por parte del movimiento estudiantil. Aunque minoritarias, en el cuadro de arbitrariedad y gravedad de las condenas y de la respuesta con las enormes movilizaciones de estos dos días, no hay que descartar que esas direcciones sindicales arrastren a amplios sectores obreros, como sucedió hace dos años cuando fueron detenidos los independentistas.

La sentencia ha puesto en la vidriera la conjunción que existe entre todos los partidos del régimen español. Los derechistas Partido Popular y Ciudadanos junto con el PSOE han firmado una declaración común de apoyo al fallo, que también apoya el filofascista Vox.

Pero el centroizquierdista Podemos también se sumó con todos los dedos a suscribir el planteo de que hay que respetar la decisión judicial e incluso Izquierda Unida, dirigida por el PC español, sólo considera “desproporcionadas” las penas y pide diálogo para encauzar la “convivencia” de Cataluña en el marco de un estado capitalista unido de toda España, manteniendo “su independencia cultural”.

De todas maneras, el fallo deja abierta una puerta para la negociación. Sirve como medida de fuerza para el gobierno central para colocar en la mesa de una futura negociación con el gobierno catalán y que, si las condiciones políticas lo ameritan, puede abrir la posibilidad de una libertad a corto plazo para los detenidos. 

Según dicen medios españoles “la sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que los presos puedan pedir (al gobierno catalán) el tercer grado (algo similar a la libertad condicional) a partir de haber cumplido sólo la cuarta parte de las respectivas condenas”, algo que en la mayoría de los casos “será a partir de enero de 2020 y en el de Oriol Junqueras (quien recibió la máxima pena), dentro de un año y dos meses”, aunque la última palabra siempre le queda a la justicia española (Público, 14/10). 

La crisis española 

Pero la dura condena se da en medio de la crisis económica que golpea a toda Europa, y a España en particular y la burguesía hispana y su aparato político y judicial han querido sacudir con especial dureza al intento independentista que dislocaría aún más al Estado y, al mismo tiempo, busca golpear a toda manifestación de independencia y de lucha obrera y popular en todo el territorio español. 

También se da en medio de un proceso de aguda crisis política. El socialista Pedro Sánchez, quien ganó las elecciones del pasado 28 de abril, no ha podido formar gobierno y está en una situación de equilibrio inestable desde entonces, por lo que habrá nuevas elecciones el 10 de noviembre próximo. 

En medio de este proceso, el dislocamiento de las fuerzas políticas ha golpeado a izquierda y derecha. Al PP, que fue desalojado del gobierno, le aparecieron dos rivales en el espectro derechista -antes Ciudadanos y más recientemente Vox-, el centroizquierdista Podemos se rompió en dos y le apareció de su seno el competidor Más Madrid, que se presenta junto a los ecologistas. E Izquierda Unida, otrora tercera fuerza, que se presentó junto con Podemos, ahora queda a la deriva, producto de la crisis de su socio.

La represión y el ataque a las libertades más elementales por parte del gobierno central tienen antecedentes inmediatos y no solo en Cataluña. Hace pocos día, el gobierno español del PSOE, armó una falsa acusación contra militantes de los CDR catalanes, colocándolos bajo la ley antiterrorista y otro tanto sucedió con ocho jóvenes de Alzazu, en Navarra, quienes fueron condenados el pasado 9 de octubre a entre un año y medio y nueve años de prisión por la pelea en un bar con dos guardias civiles y sus parejas ocurrida en 2016. 

Y la justificación para las elevadas penas se asienta en que los dos “agredidos” eran guardias civiles.

La estructura represiva del Estado, heredada del franquismo y mantenida en pie por los distintos gobiernos que lo sucedieron se pone ahora al servicio de disciplinar a los sectores populares.

La resistencia en Cataluña parece lejos de ser controlada rápidamente. Una enorme oleada que incluyó a la juventud trabajadora y estudiantil en un lugar preminente, abre un cuadro de crisis. La rebelión catalana ha detonado un proceso que pone a la orden del día la unidad de los trabajadores de todo el estado español por sus reivindicaciones y contra el régimen monárquico capitalista.

Frente a las amenazas de aplicación de la ley de seguridad nacional y de una nueva intervención, defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán, e incluso a su independencia, en el marco de una federación de repúblicas socialistas.