Desde hace cuatro días, el barrio Capitol Hill, al este del centro de Seattle, se encuentra declarado como ‘zona autónoma’, es decir libre de represión y presencia policial. Los jóvenes y trabajadores de la ciudad, la más poblada y de mayor peso económico del estado de Washington, están participando con particular intensidad y masividad de la rebelión popular que está teniendo lugar en Estados Unidos como consecuencia del asesinato racista de George Floyd a manos de la policía. Como en todo el país, al repudio a la violencia policial sistemática contra las minorías, se le suman consignas relacionadas con la situación social y sanitaria lo que refleja que la rebelión en curso tiene raíces profundas.

Capitol Hill, un barrio residencial que se caracteriza por una viva presencia artística y cultural, protagonizó intensos choques con la policía ante el intento por parte de la misma de impedir las protestas mediante la utilización masiva de gas lacrimógeno (a pesar de haber sido prohibido en la ciudad), gas pimienta y balas de goma. Los habitantes del barrio vivieron la represión en las puertas de sus propios hogares, lo que los hizo sentirse invadidos en su propio vecindario. La comisaría local se transformó en un punto inevitable de protestas contra la policía y de represión a las mismas. Ante la tenacidad de la resistencia popular, la misma fue abandonada por las fuerzas represivas. Y las barricadas dispuestas fueron levantadas. De esta manera fue declarada la ‘Zona autónoma de Capitol Hill’, verdadero ejemplo del impasse que sufre la tentativa de Trump de derrotar a la rebelión por la vía represiva.

En la zona autónoma se está dando un proceso de organización popular cuyo centro es la comisaría ahora rebautizada como centro comunitario. La salud, la provisión de alimentos a los sin techo y la seguridad son garantizadas por los propios vecinos. Las consignas como “basta de dinero para la policía, que el dinero se destine a la salud” y por el desprocesamiento de los manifestantes se repiten por todo el barrio.

Seattle y el protagonismo de sus trabajadores y vecinos despertaron la ira de Trump que a través de Twitter emplazó al gobernador del estado de Washington, Jay Inslee y a la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, a “recuperar” la ciudad, caso contrario se encargaría él mismo de hacerlo. El gobernador y la alcaldesa, del Partido Demócrata, le respondieron a Trump que retorne a su bunker para que así la sociedad esté más segura. Sin embargo, han sido los responsables de la brutalidad policial inicial y no plantean el levantamiento de los cargos contra quienes participan de las movilizaciones.

En el mismo sentido, la jefa de policía de Seattle, la afrodescendiente Carmen Best, ha expresado que la retirada de la comisaría y de Capitol Hill por parte de la policía no fue algo buscado por ella y se ha encargado de difundir noticias falsas acerca de la realización de crímenes en la zona autónoma con el objetivo de emprender una acción represiva (New York Times, 11/6).

Los jóvenes y trabajadores de Seattle tienen una larga experiencia de lucha, luego de haber protagonizado en la década de 1990 las movilizaciones ‘antiglobalización’ y en 2011 el movimiento Ocuppy contra las consecuencias de la bancarrota capitalista iniciada en 2008. Para que esta nueva rebelión, en este caso de alcance nacional, llegue a sus objetivos, las iniciativas y la intervención popular deben profundizarse y organizarse de manera unitaria detrás de un programa que debe partir del desmantelamiento del aparato represivo y del conjunto de las reivindicaciones democráticas, pero también incluir las demandas sociales ante la crisis económica y sanitaria, como la atención médica gratuita y un seguro de desempleo equivalente a la canasta familiar. Es necesario sortear la política del Partido Demócrata basada en desviar a la rebelión hacia un apoyo electoral contra Trump, mientras se preservan todas las bases reaccionarias del estado yanqui. La puesta en pie de una alternativa política propia de los trabajadores es la tarea de la hora.