El gobierno de Fernando Cardoso comenzó a reprimir las huelgas policiales que, desde hace un mes, se extienden por la mayoría de los Estados de Brasil.

Bajo la directa presión del alto mando militar, exigió a los gobernadores "la aplicación de la ley con el máximo rigor". En Ceará, el gobernador Taso Jereissati, uno de los principales dirigentes del partido de Cardoso, reprimió violentamente una manifestación de policías huelguistas. Acto seguido, rompió las negociaciones que venía manteniendo con la ‘asociación de cabos y soldados’ que dirige la huelga, encarceló a sus principales dirigentes, ocupó militarmente el local donde se reunían, anunció la expulsión de los huelguistas de la fuerza y los reemplazó por reservistas. La dureza con que Jereissati reprimió la huelga fue aclamada por la prensa y el alto mando."Por fin, un gobernador cumplió la ley", editorializó O Estado de Sao Paulo (31/7). El general Alberto Cardoso, jefe del gabinete militar de la presidencia, viajó personalmente a Ceará para respaldar la represión.

El giro represivo fue abiertamente reclamado por el alto mando ante el fracaso de la política inicial de conciliación y concesiones: en apenas un mes, la huelga se extendió de Minas Gerais a todo el país. La represión, incluso, fue ‘anticipada’ por las calificaciones cada vez más violentas que la prensa, con el correr de las semanas, iba aplicando a las huelgas: de "justos reclamos", pasó a hablar de "motín", "sedición nacional" y "turba armada (…) dirigida por consejos de cabos y soldados infiltrados por políticos de izquierda".

Una fractura profunda

El motor de la huelga es el reclamo salarial de los cabos y soldados, cuyos salarios son apenas superiores al mínimo.

La gran novedad de las huelgas fue que, a diferencia de los ‘motines’ tradicionales, no estallaron por un reclamo ‘institucional’ de los mandos policiales; al contrario, las huelgas fueron impulsadas y dirigidas por ‘asociaciones de cabos y soldados’ que fueron surgiendo en los últimos tiempos.

El alto mando militar acusa a los gobernadores de los Estados de haber ‘quebrado la disciplina y la verticalidad’ de la Policía Militar, al haber recibido a esas asociaciones y haber negociado con ellas en lugar de hacerlo con los comandos de las PMs. ¡Pero la oficialidad está muy lejos de los salarios de la tropa que comanda!

Con la reforma constitucional de 1988, la Policía Militar dejó de depender administrativamente del Ejército y pasó a la órbita de los Estados, pero no perdió sus lazos con las Fuerzas Armadas (de las que sigue siendo, constitucionalmente, "auxiliar y fuerza de reserva"). Existe una profunda diferenciación salarial en las PMs: en algunos Estados, la paga de un coronel de la PM llega a ser hasta veinte veces mayor que la de un soldado. Las prebendas a los altos mandos son tan notorias que "hay coroneles retirados de la PM cuyas jubilaciones superan cinco veces la de un general de cuatro estrellas del Ejército" (O Estado de Sao Paulo, 31/7).

La diferenciación salarial y social en el seno de las PMs "licuó la autoridad de los mandos (y) destruyó la disciplina, porque la oficialidad de la mayoría de las PMs está divorciada de la tropa por las diferencias salariales abismales y los aumentos salariales diferenciados" (O Estado de Sao Paulo, 25/7). En Minas Gerais, por ejemplo, el detonante de la huelga fue la oferta del gobernador, cuando aparecieron los primeros reclamos, de otorgar un aumento del 11% sólo a la oficialidad.

Quiebra financiera de los Estados

La fractura de la cadena de mandos, como consecuencia de la diferenciación salarial y la aparición de un ‘poder paralelo’ dentro de las PMs —las ‘asociaciones de cabos y soldados’—, sale a la luz como consecuencia de la quiebra financiera de los Estados.

En Alagoas, donde la huelga policial forzó la renuncia del gobernador, hacía ocho meses que el Estado había dejado de pagar los sueldos de sus funcionarios —civiles y policiales. El Estado de Alagoas fue literalmente vaciado por la oligarquía azucarera que lo domina: en 1970, "el azúcar representaba el 70% de la recaudación propia de Alagoas; hoy el Estado recauda 34 millones de reales por mes, y el azúcar representa apenas el 1% de ese total" (Veja, 23/7).

Pero la diferencia entre Alagoas y los restantes Estados es apenas de grado. Los déficits de los Estados y municipios se quintuplicaron en un solo año: pasaron de 105 a 501 millones de dólares mensuales entre 1995 y 1996, y siguen creciendo: aun antes de aplicarse, los planes de ‘refinanciación’ de la deuda, pactados entre los Estados y el gobierno federal, ya entraron en crisis. Como en Alagoas, el subsidio a los grandes capitalistas es el motor del imparable crecimiento del déficit fiscal: basta recordar el convenio firmado recientemente entre el gobierno de Rio Grande do Sul y la GM, por el cual el primero se compromete a pagar la totalidad de las inversiones necesarias para la radicación del pulpo automotriz. "La base de la crisis financiera que sacude a los Estados es la misma: gobernadores saqueando los tesoros públicos —a través de bonos públicos fraudulentos, exenciones impositivas milagrosas, etc.— y beneficiando a los amigos de la iniciativa privada" (Jornal Causa Operaria, 13/6).

La burguesía quiere ‘reformar’ a las PMs

La fractura de los aparatos militares es tan profunda, que la burguesía brasileña ha comenzado a plantear la "necesaria reforma" de la Policía Militar.

El gobierno ya presentó un proyecto para "establecer un mayor control de la Unión sobre las PMs", y el gobernador de San Pablo planteó "unificar las policías civiles y militares".

El primer paso de la ‘reforma’ es, claro, liquidar las asociaciones de cabos y soldados y expurgar a las ‘lideranzas sindicales’ más activas (ídem). Pero, advierten los propios militares, esto no alcanzará para restablecer la disciplina, porque "los virus de la ‘organización militar democrática’ ya han prendido" (O Estado de Sao Paulo, 31/7). Para la burguesía, por el contrario, "es imperativo impedir una PM deliberativa" (ídem), es decir, restablecer inmediatamente la verticalidad y la jerarquía."¿Cómo harán para convivir coroneles y cabos?", ahora que los cabos han visto en la práctica que son ellos, y no los oficiales, los que comandan la tropa, se preguntaba hace poco un editorialista del diario paulista.

Hay quienes, incluso, plantean la perspectiva de su disolución porque, como señaló el ya citado general Alberto Cardoso, "una institución que rompió en forma tan absoluta con sus pilares de disciplina y jerarquía, jamás volverá a ser la misma. La PM quedó profundamente herida. Yo diría que hasta herida de muerte"(O Estado de Sao Paulo, 29/7).

Al exponer a la luz pública la fractura, profunda e insalvable, que quebró internamente a los organismos represivos del Estado, la huelga policial "dejó de ser una cuestión salarial para convertirse en uno de los problemas institucionales más graves del Brasil", porque "puso en crisis el poder del Estado" (ídem).