Desde mediados de junio, una profunda ola de movilizaciones recorre Esuatini (ex Suazilandia), un pequeño país mediterráneo de poco más de un millón de habitantes enclavado entre Sudáfrica y Mozambique. El rey Mswati III, famoso por su opulento estilo de vida, ha respondido a esta rebelión en su contra con el despliegue de las fuerzas armadas. Alrededor de veinte manifestantes fueron asesinados y otros tantos han sido víctimas de secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Esuatini se independizó del Reino Unido en 1968 y tiene una monarquía absoluta. Mswati III designa al primer ministro, a su gabinete y cuenta con la potestad de disolver el parlamento, cuyos miembros se eligen a título individual, dado que los partidos políticos están prohibidos desde 1973. El rey es dueño y accionista de importantes empresas y posee una flota de autos de lujo. Tiene 14 esposas; en 2005, 50 mil mujeres desfilaron para ser elegidas (Infobae, 4/7). Está prohibido el divorcio e incluso el uso de minifaldas.

Los dueños del país son el rey y su séquito de decenas de hijos y dos centenares de hermanos; un puñado de empresarios blancos herederos del dominio colonial; e inversores sudafricanos que se afincaron en el país debido a la baratura de su mano de obra (tres veces más económica que en el país vecino, según Le Monde Diplomaticque, agosto 2018). Pulpos multinacionales como Coca-Cola son beneficiados con una baja tributación. En contraste, el padecimiento de las masas de esta nación mayormente rural es extremo: más del 60% de la población vive en la pobreza; en las plantaciones de azúcar (principal recurso), las jornadas son de hasta 60 horas semanales y todos los intentos de sindicalización son ferozmente reprimidos; la expansión de la frontera azucarera conlleva el desalojo de las familias campesinas; el 20% de la población padece VIH; solo la mitad de la población tiene acceso al agua potable; la esperanza de vida es de 49 años (BBC, 19/4/18).

Meses de lucha

A partir de mediados de junio, comenzaron las manifestaciones en reclamo de la elección directa del primer ministro. El gobierno de Themba Masuku respondió prohibiendo el proceso de entrega de peticiones de reformas, lo que radicalizó las protestas. El 28 hubo incendios de comercios en Matsapha, supuestamente propiedades del rey. En el pico más álgido de la lucha, corrió el rumor de que el monarca había huido del país. El 30 de junio, ya en medio de la represión criminal, se establece el toque de queda, que rige hasta el día de hoy.

El 5 de julio, el gobierno dio por normalizada la situación e hizo un llamado a los empresarios a retomar las actividades que estaban suspendidas y a los obreros a retornar al trabajo, pero el secretario general de la central obrera Atuswa dijo que no lo harían mientras permanecieran los soldados en las calles (Swaziland News, 5/7). Es difícil, de todos modos, hallar información sobre las características del proceso huelguístico. El viernes último hubo nuevas protestas, que también fueron reprimidas. El rey cambió al primer ministro, poniendo en su lugar a Cleopas Diamini (funcionario del área de pensiones), pero el nuevo ocupante del cargo dijo que solo guardará lealtad al monarca y a sus hijos.

El antecedente de la explosión popular de junio se remonta al mes anterior, cuando los estudiantes marcharon contra el asesinato del joven Thabani Nkomonye (estudiante de Derecho). A su vez, el Covid-19, con sus secuelas sanitarias y económicas, terminó de hacer saltar por los aires la situación.

Complicidad internacional

La “comunidad internacional” ha tenido una respuesta cómplice con el régimen. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó “a todos los actores a evitar la violencia y abordar sus diferencias a través de un diálogo inclusivo y significativo”, con lo que evitó referirse y condenar en forma expresa las torturas y desapariciones. En el mismo sentido, planteó “que todos los suazis puedan ejercer sus derechos civiles y políticos… de manera pacífica” (Europa Press, 7/7), una condena subrepticia del levantamiento popular. El Vaticano llamó a la “reconciliación” (EFE, 4/7), es decir, que el vilipendiado pueblo de Esuatini, masacrado en las calles y las mazmorras del régimen, debería hacer las paces con la corona.

Los yanquis promueven la mediación de la Comunidad de Desarrollo de África Occidental (SADC, por sus siglas en inglés). Este organismo, en el que talla Sudáfrica (destino del 85% de las exportaciones de Esuatini), emitió un comunicado el 2 en el que, pese a que ya había decenas de muertos y secuestrados, se concentra en denunciar “los disturbios” y la “destrucción de la propiedad” y en un llamado a todas las partes a resolver el conflicto a través de las “estructuras nacionales establecidas” (Business Day South Africa, 20/7), pese a que dichas “estructuras” ni siquiera toleran la presentación de petitorios. El 4 de julio, una misión de la SADC arribó al país por pedido del gobierno; se reunió con funcionarios pero eludió a parlamentarios críticos y grupos opositores, que tuvieron que colarse en la reunión final (ídem). Esta semana, una nueva misión de la SADC arribó al país.

En el centro, el rey Mswati III

La oposición, nucleada en la Asamblea de Partidos Políticos, difundió también el 2 una declaración, suscripta además por sindicatos, organizaciones de mujeres, iglesias, el Movimiento de Desempleados, estudiantes y sectores empresarios, que reclama una “autoridad de transición”, un “diálogo político inclusivo”, una “nueva Constitución democrática”, y el establecimiento de una democracia multipartidaria. Llaman a la SADC, la Unión Africana y la Commonwealth a facilitar este proceso (Swaziland News, 2/7). Sin embargo, estos organismos vienen mostrando una política de contemporización y sostenimiento del régimen. A la vez, la declaración no recoge las grandes reivindicaciones sociales de las masas.

El levantamiento en Esuatini coincide con la crisis que se ha abierto en Sudáfrica, donde tras la detención del expresidente Jacob Zuma hubo protestas, saqueos y una represión que ya ha dejado más de 200 muertos. Si bien las internas del Congreso Nacional Africano (CNA) juegan un papel clave en esta situación, también vemos la explosión de una población sumergida por el hambre y la pobreza, que se ha agravado con el Covid-19. La desestabilización que vive puertas adentro complica al gobierno sudafricano para intervenir en Esuatini. Además, la SADC tiene otro foco abierto en Mozambique, adonde enviará tropas para tratar de sofocar el avance del islamismo en el norte del país.

Es el cuadro convulsivo de esta región del continente.

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