Trescientos mil maestros movilizados en todo el país, cinco mil de los cuales ocuparon el aeropuerto internacional de Juliaca, fueron reprimidos por el ejército; un paro nacional de 48 horas convocado por la Confederación General de Trabajadores (CGT) y manifestaciones masivas en las empobrecidas regiones de Cuzco, Apurimac, Arequipa, Tacna y Puno. A pesar de la detención de los principales dirigentes del sindicato docente, la movilización no amaina. En el sur se han sumado los campesinos, levantando sus propias reivindicaciones. La huelga se ha convertido en una verdadera rebelión popular.

Provocativamente, en medio de batallas campales que ya provocaron tres muertos, el gobierno promulgó la Ley de la Carrera Magisterial, que los maestros rechazan porque, según el sindicato de maestros, encubre la privatización de la enseñanza y el despido masivo de docentes.

Todo eso sucede cuando Alan García lleva apenas un año en el gobierno.

La desintegración de los partidos tradicionales, común a toda la América Latina, devolvió el gobierno a los restos del viejo Apra y particularmente a García, quien en su momento debió huir de la presidencia en medio de escándalos por corrupción, un desmadre económico sin par y una escalada represiva que, como se ve, ahora ha retomado.

Que un año después de asumir García deba hacer frente con la policía y los militares a las masas movilizadas, indica cuán rápidamente se han consumido las expectativas populares depositadas en él tras los desastres de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo.

Hoy, Lima está ocupada por miles de soldados, de modo que García se ve obligado a gobernar como cualquier dictadorzuelo: sentado sobre bayonetas, posición incómoda si las hay.

El ministro del Interior, Luis Alva Castro, atribuye las gigantescas movilizaciones a la “infiltración” de “presuntos terroristas” e intenta resucitar con ese propósito al antiguo fantasma de Sendero Luminoso. El propio García amenaza que seguirá la “mano dura”.

Algunos comentaristas, como Jorge Castro, califican la huelga como “insurreccional” para desprestigiarla (Perfil, 15/6). Frente a los “insurrectos”, enfatizan el “dinamismo” de la economía peruana bajo Alan García. Destacan el crecimiento del producto bruto (7,5 por ciento en el primer trimestre), el extendido ciclo de crecimiento (“72 meses consecutivos, el período más prolongado de su historia”), y el “récord histórico” que alcanzaron las reservas internacionales (que superan los 20 mil millones de dólares). Toda una “reactivación” a la Argentina.

Todo esto para presentar, al igual que lo hace García, a los maestros en huelga como subversivos, bárbaros e irracionales.

Sin embargo, como aquí, el 48 por ciento de la población —algo más de 13 millones de peruanos— se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Situación que se agrava en el sur del país, el epicentro de la movilización. En los últimos seis años de crecimiento ininterrumpido de la economía (y de los beneficios capitalistas), “el número de pobres prácticamente no descendió” (El Cronista, 17/7).

La “economía estable” que según los organismos internacionales del capital financiero muestra el Perú, sustentada en las exportaciones mineras y agropecuarias —es decir, en el saqueo del país por un puñado de grandes pulpos internacionales— lejos de paliar la crisis la empeora por los resquebrajamientos sociales que produce.

En Perú no hay una huelga insurreccional. Hay una enorme rebelión popular que tiene como motor el hambre, el saqueo de la nación por el imperialismo y la destrucción de la educación.

En el Perú, en la Argentina, en América Latina, necesitamos impostergablemente una salida obrera y socialista.