En la noche del miércoles 24, Jesús Goitía, Mikel Ibáñez y Luis Lizarralde, tres militantes vascos exiliados en Uruguay, fueron entregados al gobierno de España y trasladados de inmediato a ese país en el propio avión del rey. Hasta ese momento y durante varias horas, miles de manifestantes enfrentaron la decisión del gobierno uruguayo, soportando a pie firme la brutal represión de las fuerzas de seguridad. Dos muertos, diez heridos de bala, un centenar de lesionados y un número igual de detenidos fue el saldo de los choques más violentos de la historia política uruguaya de los últimos veinte años.

Los tres presos vascos fueron trasladados en condiciones críticas de salud, cuando cumplían 14 días de una huelga de hambre —y cinco sin ingerir líquidos— oponiéndose a la decisión del gobierno uruguayo de autorizar su extradición a España, donde son acusados de haber participado en acciones de la organización Patria Vasca y Libertad —ETA— que lucha por la independencia de Euzkadi, el país vasco.

La inmensa conmoción popular se expresó en la vigilia de miles de manifestantes en torno al Hospital Filtro, donde los presos cumplían su huelga de hambre, cuando arreciaron los informes sobre su inmediata extradición. El lunes, los sindicatos docentes primarios y secundarios resolvieron una huelga por 72 horas, acatada masivamente, entanto la central obrera PIT-CNT llamaba a concentrarse en torno al Hospital. El martes el PIT-CNT resolvió una huelga general por 12 horas que paralizó el Uruguay, en tanto la presencia de los manifestantes crecía hora tras hora en las calles céntricas de Montevideo.

Cuando la movilización obrera y popular, contra la extradición de los militantes vascos y por su inmediata libertad había colocado al gobierno uruguayo contra las cuerdas, la mesa representativa del PIT-CNT resolvió a las 0,30 del martes, el levantamiento del paro general que se venía cumpliendo hasta esa hora. La decisión, “aprobada con una mayoría de 19 votos contra 34” (La República, 24/8) dejó de lado la principal arma de los trabajadores para convertir la crisis política y la crisis de estado en una indisimulable derrota del gobierno.

 

“No cambies vascos  por patrulleros”

A mediados del 92 fueron detenidos en un restaurante de Montevideo, 13 ciudadanos vascos que estaban exiliados en ese país desde hacía varios años. Aunque la causa de la detención de los exiliados vascos era —según las fuentes uruguayas— la posesión de documentación falsa, los medios de comunicación dijeron que los detenidos eran sospechados de pertenecer a la organización ETA. Como se comprobó después, los vascos fueron detenidos por una decisión de política exterior del gobierno español, dirigida a detener a toda persona sospechada de pertenecer o haber pertenecido a organizaciones vascas independientistas, en una virtual cacería a nivel internacional.

La mayoría de estos exiliados vascos llegaron a Uruguay en la segunda mitad de la década pasada, cuando Francia —donde estaban viviendo— estrechó relaciones con el Estado español y comenzó a otorgar las primeras extradiciones de ciudadanos vascos. Es entonces cuando comienzan a aperecer los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), eufemismo con que se nombra a las bandas parapoliciales creadas por el gobierno español para dar fin al “problema vasco”. Con las fronteras europeas cerradas, muchos ciudadanos vascos se vieron obligados , para defender sus vidas, a emigrar hacia otras tierras, entre ellas Latinoamérica.

De los 13 vascos detenidos, el gobierno español pidió la extradición de 8 y la justicia uruguaya otorgó la de tres, que son  los que permanecieron detenidos en Montevideo durante dos años y finalmente entregados. Para llegar a este punto, el gobierno y la “justicia” uruguayas violaron escandalosamente las propias normas de su estado. Detenidos y procesados por la supuesta posesión de documentos falsos, cumplieron la pena por el “delito”, pero siguieron en prisión, “invocando simplemente un motivo de seguridad, que no tiene fundamento legal alguno” (Gonzalo Fernández, asesor del abogado de los vascos, La República, 12/8). Cuando un juez decidió la liberación de Jesús Goitía, uno de los detenidos, “estimando que su detención era ilegal e insconstitucional” (idem), el fiscal de estado se opuso por “motivos de seguridad” para evitar “que fugue del país mientras espera su extradición de España” (ídem). Cuando el juez resolvió fijar una fianza de 4.000 dólares para conceder su libertad, el mismo fiscal apeló la decisión y exigió una fianza de 50.000, algo que “prácticamente impide la liberación… porque reunir ese dinero será imposible”, según uno de los abogados defensores.

La verdadera causa de esta conducta es la solidaridad del estado y el gobierno uruguayos con el estado español contra los militantes vascos independientistas, “aceitada” por medio de una escandalosa operación financiera. En el período previo a la extradición, como parte de una operación de chantaje, el gobierno de Felipe González entregó al gobierno uruguayo 300 millones de dólares en “créditos blandos”, “8.000 millones de pesetas (61,5 millones de dólares) a cambio de una modificación de la Ley de Asilo y la extradicción nuestra al estado español” denunciaron los tres vascos detenidos basándose en informaciones públicas (La República, 12/8). Además, España envió al Uruguay un curioso regalo: ambulancias y patrulleros. Al día de hoy, los patrulleros uruguayos tienen todavía parte de la bandera española pintada en su carrocería y en algunas paredes de Montevideo se ven pintadas leyendas que dicen: “no cambies vascos por patrulleros”.

El argumento “oficial” del gobierno uruguayo es que “el delito de homicidio de funcionarios públicos no es de carácter político, (por lo que) quedarían fuera del tratado de extradición con España” y por esta “particular” interpretación del “histórico” respeto al derecho de asilo en Uruguay. El gobierno uruguayo hizo suya la acusación del estado español que, como plantean los detenidos vascos, “se basa en declaraciones de terceros, arrancadas bajo tortura”. Se entrega a los presos vascos “a quienes, teniéndolos en su manos tratarán de hacerlos recuperarse para después torturarlos como es sabido que se hace habitualmente en España. No hay que olvidarse, de paso, que Amnesty Internacional tiene a ese país en la lista de aquéllos en que se violan los llamados ‘derechos humanos’” (Sarandy Cabrera en La República, 24/8/94).

 

Pacto Lacalle-Frente Amplio

Todo el arco político burgués salió a respaldar la decisión del gobierno uruguayo. El ex presidente Sanguinetti, candidato presidencial del Partido Colorado “opinó que los delitos (en cuestión) son de sangre y… sólo quedaba entregarlos a España, país democrático donde serán juzgados con todas las garantías” (Crónica, 25/8). Pero es el propio candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, el que fijó sin pelos en la lengua su compromiso con el estado contra los militantes vascos:“reconoció la legalidad de las extradiciones y la imposibilidad de dar asilo político a autores de delito de sangre”, (Crónica, ídem), con lo cual la propuesta de “su acogimiento en el país por razones humanitarias”, se convirtió en una miserable coartada política. Esta posición explica porqué la burocracia del PIT-CNT levantó la huelga.

Es esta política política del Frente Amplio la determinante de la conducta del PIT-CNT de abandono de la huelga general y de salvataje del gobierno en el momento crucial de la verdadera rebelión de los trabajadores y el pueblo urugayo por la libertad de los militantes vascos.

 

Más que nunca: por la libertad de los militantes vascos

El martes 23 una movilización del PO, junto a delegaciones del Mst, Mas, Lsr y Pts marchó a la embajada del Uruguay reclamando por la inmediata libertad y el rechazo a todo intento de extradición de los tres militantes vascos.

Allí, luego de una negativa inicial, una delegación recibió a Christian Rath y Rafael Santos del PO, Luis Zamora del Mst y Jorge Guidobono de la Lsr. El ministro Barros tomó nota de la protesta por escrito de los partidos, comprometiéndose a enviarla al Uruguay de inmediato, coincidiendo con la conmoción provocada por la huelga general y planteando que al día siguiente se hallaría una “solución” al problema. Cínica respuesta de funcionario de un gobierno represor y antidemocrático que al día siguiente reprimió a sangre y fuego a los trabajadores movilizados, subió por la fuerza a los militantes vascos a un avión español y consumó la extradición, condenándolos a las cárceles “socialistas” de la monarquía española.

El PO agitó previamente en colegios y facultades y llamó a preparar una gran movilización nacional, exigiendo el pronunciamiento y la acción de todas las organizaciones obreras y de izquierda. Es la tarea que sigue planteada, en momentos en que se desarrollan movilizaciones en el país  vasco y se preparan en otros países. La contrapartida es el silencio del Frente Grande, “solidario” con la conducta criminal del Frente Amplio en Uruguay y presente sí en el festejo alborozado, a esas mismas horas, de la “nueva” constitución menemista.