31/07/2020

Rechazo a la despenalización del aborto en Veracruz

Un fallo a la medida de las iglesias.

Fuente: La silla rota

En el día de ayer con la votación negativa de cuatro de los cinco ministros que la componen, la Corte Suprema de Justicia de México (SCJN) desechó un proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz, alegando “técnica jurídica”, es decir, sentenciaron improcedencia evitando posicionarse sobre el acceso al aborto como un derecho humano.
La intervención de la SCJN se debe a que el Congreso de Veracruz recibió en 2019 una orden de un juez para modificar su legislación en torno al aborto y legalizar esta práctica, no obstante, los legisladores veracruzanos apelaron la sentencia por considerar que un juez no tiene facultades para ordenar reformas a las leyes, a menos que estas vayan en contra de un derecho humano.

El proyecto considerado improcedente el miércoles 29 de julio fue presentado por el ministro presidente, Juan Luis González Alcántara. El mismo calificaba la penalización del aborto y su prohibición absoluta como una violación a los derechos humanos de las mujeres al señalar que “la prohibición total de la interrupción del embarazo –vía tipificación penal– es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud”.  La resolución además planteaba que la punibilidad del aborto también pasa por alto “las diferencias entre las capacidades biológicas y reproductivas de los hombres y las mujeres” e impone una barrera y una condena penal a quienes abortan. Mujeres y varones, por lo tanto, no tienen igualdad en el ejercicio de este derecho a la salud.

La propuesta de sentencia señalaba que “considerando las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres y su evolución”, las decisiones de la mujer durante las primeras doce semanas del embarazo corresponden a “su esfera privada” y por lo tanto no deben estar sujetas “a la potestad sancionadora del Estado”.   Y concluía que al amparo de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y de la Convención de Belém do Pará contra la violencia hacia la mujer, el Poder Legislativo debería eliminar las sanciones penales que se imponen en el código penal estatal a las mujeres que interrumpen un embarazo.

Cabe recordar que el código penal de Veracruz en cuanto a la penalidad del aborto es absolutamente reaccionario. Plantea la penalización de la práctica como una “medida educativa”, ninguneando a las mujeres y su capacidad para decidir la interrupción del embarazo. En su letra se esboza el verdadero carácter que tiene el hecho de que el Estado niegue de este derecho: se trata de un instrumento de control social sobre las mujeres en particular y el conjunto de los trabajadores en general, y arroja a las más pobres a la clandestinidad del aborto, a costa de mutilaciones y muertes de mujeres pobres.

Como vemos, si bien la resolución se limitaba a sancionar la despenalización en Veracruz, significaba un paso adelante para un movimiento de mujeres que viene dando esta batalla y que a través de la multitudinaria movilización del 8M de este 2020 dio cuenta del apoyo popular al derecho al aborto legal, seguro y gratuito en todo México.

La justicia postrada ante el lobby clerical

El debate y la resolución movilizó a los sectores antiderechos. Si bien el proyecto se refería a la despenalización en Veracruz, lo consideraban la puerta de entrada a la legalización en el país. Organizaciones como Movimiento Ola Celeste Nacional Solidaridad, Vida y Familia y el Frente Nacional por la Familia lanzaron una fuerte campaña, mientras el Episcopado mexicano señaló que la resolución de la SCJN podría impactar directamente en la protección legal de la vida en Veracruz, “pero sus efectos se podrían extender a las demás entidades de país”.

Por su parte, representantes de más de 20 mil iglesias cristiano-evangélicas en el país le habían hecho llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta en la que solicitan su intervención para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abra la puerta a la despenalización definitiva del aborto.

Con la votación del miércoles 29 vemos que en el poder judicial mexicano se pueden apoyar tanto las iglesias como sectores de los grandes capitales consiguiendo fallos favorables, pero no las mujeres quienes no tienen otra salida que la organización independiente. La oposición “técnica” a la despenalización se revela como un triunfo del lobby de las iglesias y los sectores más reaccionarios enemigos de los derechos de las mujeres.

AMLO estás muteado

Tanto el PAN (Partido Acción Nacional) como el PES (Partido Encuentro Social) se pronunciaron en contra de la posibilidad de despenalización, el primero a través de un comunicado de prensa como en el Congreso local y ayer la dirigencia nacional panista así como su bloque federal celebraron el fallo de la Corte contra los derechos de las mujeres.

Si bien Sánchez Cordero, secretaria de Gobierno de AMLO, se manifestó a favor de no criminalizar a las mujeres y apoyó la propuesta de resolución a favor de despenalizar, el presidente AMLO se mantuvo en llamativo silencio sobre el tema. Tampoco se pronunciaron los diputados federales de Morena, solo los veracruzeños.

Redoblar la movilización por el aborto legal, seguro y gratuito

No sorprende que AMLO de la espalda nuevamente a los reclamos de las mujeres ya que estos son incompatibles con su política conciliadora con las iglesias, pese a su prédica en favor del Estado laico. El presidente tiene un conocido vínculo con las iglesias evangélicas y viene de agradecer al Papa Francisco por el envío de tres ventiladores (sí, tres) a un hospital de Querétaro para la atención de enfermos Covid-19. Esto explica que, pese a que su partido Morena gobierna a nivel nacional y tiene mayoría en el poder legislativo, en la mayoría de los Estados del país el aborto está criminalizado –solo en Ciudad de México y Oaxaca es legal la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

La despenalización en Veracruz era un paso adelante para avanzar en la legalización a nivel nacional, por esto se movilizaron los antiderechos. La salida ante el lobby clerical, de los partidos del régimen y el silencio de AMLO es redoblar la movilización independiente de las mujeres mexicanas para conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y la separación definitiva de la Iglesia del Estado.

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