En el plano estatal, el gobierno tuvo que hacer frente, hace un mes, a un pronunciamiento de los altos mandos del ejército que criticaban la política de negociaciones de paz con la guerrilla. Por otro lado, si un 30% del territorio se en­cuentra bajo el control de las Farc, otra parte importante está bajo el dominio de los paramilitares, que escapan al con trol del gobierno, pero que están asisti­dos por el ejército. Es un descomunal error caracterizar los últimos episodios en el marco de una lucha que lleva más de 30 años, pues lo que está ocurriendo desde hace aproximadamente dos artos constituye un desenvolvimiento políti­co completamente nuevo, vinculado al impacto de la crisis mundial sobre Colombia, al agravamiento colosal de los problemas agrarios como consecuencia de la presión norteamericana para erra­dicar los cultivos de coca, y a la desintegración del Estado provocada por la in­fluencia creciente de la economía para lela del narcotráfico.

La extrema debilidad del régimen y del Estado capitalista« ha obligado al presidente Pastrana a iniciar la política de negociación con las Farc. No es casual que hubiera ganado las eleccio­nes con este planteo. Tiene el apoyo completo del gobierno de Clinton e incluso de la mayoría del congreso norteamericano. El director para Asuntos Interamericano del Consejo de Seguridad de los  Estados Unidos acaba de ratificar que “nuestro gobierno apoya al pre­sidente Pastrana y sus esfuerzos por solucionar los conflictos inter­nos de Colombia” (Página 12, 11/7). No es por negligencia o por fatiga men­tal que los masacradores de los Balca­nes acepten negociar con una guerrilla con la que no se ha llegado siquiera a un acuerdo de cese del fuego. Los recur­sos del imperialismo son limitados en este caso y si quisiera resolver la crisis mediante la intervención militar debe­rla en poco tiempo plantear la militarización de Centro y Sudamérica. Los yanquis han protagonizado el hecho verdaderamente inusual de enviar a la selva colombiana al presidente y vice de la Bolsa de Nueva York para conversar con la jefatura de las Farc. Los analistas internacionales no han logrado interpretar todavía este acontecimiento, que ocurrió hace más de un mes, pero es claro que el viaje tuvo la intención de frenar la fuga de capitales de Colombia, la que podría sumar a la guerrilla un levanta­miento popular. Grasso, el presidente de Wall Street, dijo precisamente que “(fue) a traer un mensaje de cooperación de los círculos financieros estadounidenses que ven con mucho inte­rés el proceso de paz auspiciado por Pastrana” (Clarín, 27/6).

¿Cuál es la política de las Farc?

“Debemos rodear de apoyo al presidente Pastrana porque ésta es la última esperanza de paz en Co­lombia” Esto no lo dijo otro emisario norteamericano, sino Javier Calderón, comandante de las Farc (Página 12, 4/ 7). Las Farc no plantean una revolución social, ni siquiera el derrocamiento del gobierno; todo lo contrario “Si el pro­ceso de paz tiene éxito, dijo Calde­rón, se convocará a una Asamblea Constituyente con todas las fuerzas políticas del país” Calderón también plantea un gobierno de coalición, al res­catar “dentro del gobierno (a los; sec­tores más progresistas, o en todo caso más nudistas, que plantean que es necesario compartir el poder con las Farc porque estamos en vía de conseguirlo por la vía armada” (ídem). Un acuerdo de paz tropieza con el enorme obstáculo de la incapacidad del gobierno para desarmar a los para militares, que incluso pretenden ser parte de las negociaciones. Los paramilitares representan oficialmente a los narcotraficantes, los cuales cuentan a su vez con mucho respaldo dentro de la oligarquía colombiana y la banca inter­nacional. Se ha informado recientemen­te que varios bancos norteamericanos han armado un esquema de blanqueo del dinero de la droga, el cual aplican a la financiación del comercio exterior de Colombia. Las Farc han dejado en claro que ningún acuerdo de paz significara que acepten desarmarse, lo que sólo ocu­rriría al cabo de un largo periodo de verificación de la marcha de los acuer­dos. El planteo es una variante del ne­gociado con el IRA en Irlanda del Nor­te Pastrana le dijo a La Nación (14/7) que “con Marulanda (líder de las Farc) establecimos la necesidad de que una comisión de veedores interna­cionales otorgue garantías al cum­plimiento de los acuerdos” Como se puede apreciar, el acuerdo de paz no excluye la intervención internacional de los organismos ´supranacionales’ del imperialismo. Según el comandante Cal­derón, el 20 de diciembre pasado las Farc tuvieron reuniones en Costa Rica con funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. y hace un mes con ocho congresistas norteamericanos.

Las negociaciones van más allá de la cuestión de la forma política, tan cru­cial se presenta la cuestión agraria. Se­gún Calderón, las Farc le propusieron a los funcionarios yanquis “una sustitu­ción de cultivo… de coca” para lo cual reclamó “la inversión de Estados Unidos y de Europa, porque Colom­bia no tiene los fondos necesarios”. Ni qué decir que de esto se habló tam­bién con el presidente de la Bolsa neo­yorquina. Los yanquis ya han logrado erradicar el 60% de los cocales en Bolivia, fiero no pueden hacerlo en Colom­bia del mismo modo. El dinero necesa­rio para una reconversión puede ser sen­cillamente fabuloso, además del proble­ma ulterior de encontrar los mercados para colocar la producción emergente. El planteo de las Farc, en sus términos ideales, es inviable, y en términos prác­ticos debería significar una confiscación del campesinado a manos de los gran­des capitales. La política capitalista en Colombia enfrenta todas las dificulta­des de una economía dependiente en el marco de una gigantesca crisis mundial del capitalismo.

Según numerosos observadores, el territorio controlado por las Farc con­tracta con el resto del país  por la convivencia social que reina y por la capacidad de la guerrilla para arbitrar incluso los conflictos sociales de menor en­vergadura. Sin embargo, las autorida­des oficiales del Estado, como los alcaldes, no han sido destituidas, aunque su poder sea sólo nominal. Es claro que esta política responde a la orientación de no quebrar en forma revolucionaria el or­den actual sino de modificarlo a partir de sus propias bases, incluso jurídicas a través de una Asamblea Nacional. Es sugestivo a este respecto que en el re­portaje de La Nación, Pastrana dijera que los 42.000 kilómetros reconocidos por el gobierno colombiano a las Farc “deben estar dentro de la Constitu­ción y dentro de la ley”.

Es decir, es obligatorio un compro­miso con la continuidad de la formali­dad jurídica del Estado. Detrás de esto está, claro, la propiedad privada, la deu­da externa, el respeto de los compromi­sos internacionales y, en general, la pre­servación de un régimen estatal. Es ilus­trativo que Propuesta < 17/6), el periódi­co del PC argentino, titulara una entre­vista a Marulanda con la siguiente afir­mación de éste: “No aceptaremos nin­gún cambio en las reglas del juego”

Si las Farc no han detenido sus ac­ciones ni siquiera en las vísperas del co­mienzo de las negociaciones de paz; e incluso si este inicio se vio ya varias ve­ces interrumpido; ello obedece a que Pastrana ha sido incapaz de dominar sus propias fuerzas. Por ejemplo, encuentra resistencias a aceptar la propuesta de las Farc de canjear prisioneros e, inclu­so, no se ha disipado el planteo de que los paramilitares participen de las ne­gociaciones. Los antecedentes de los lla­mados procesos de paz en América Cen­tral no son comparables al que se plan­tea en Colombia, dado que Colombia es un gigantesco volcán social y político.

Además, los antecedentes centroamericanos solo han servido para encubrir la capitulación de las ex guerrillas frente al imperialismo y no han servido para resolver ningún problema social, o para atenuarlo, sino para agravarlos al extremo.