El “Sí” a la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue derrotado por escaso margen en el referéndum realizado este domingo en Uruguay, al no alcanzar el 50% de los votos que necesitaba. Cosechó el 48,8%, frente al 49,8% del “No” promovido por la coalición de derecha gobernante -al que se le suma el 1,3% de los votos en blanco.

De derecha a izquierda, hubo una coincidencia en hablar de una “fiesta de la democracia” (Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto) o una “democracia renovada” (Carolina Posse, intendente de Montevideo y miembro del Frente Amplio), cuando lo cierto es que queda en pie un paquete de medidas que ataca las libertades democráticas de la población y el derecho a organización de los trabajadores. La LUC, aprobada por el parlamento a mediados de 2020, incluye un cercenamiento del derecho a huelga, la prohibición de los piquetes, mayores atribuciones para la policía en la identificación y revisión de los ciudadanos, una regla de ajuste fiscal y la posibilidad de cierre de algunas áreas de la petrolera estatal Ancap, entre otros puntos.

La aprobación de este megapaquete desató una campaña por la derogación de la LUC por parte de organizaciones obreras, estudiantiles y de derechos humanos. La conducción del PIT-CNT, central sindical ligada al Frente Amplio, terminó lanzando una campaña por un referéndum, pero no contra la totalidad de la LUC (más de 400 normas, algunas de ellas aprobadas por el FA), sino contra 135 leyes.

En poco tiempo se consiguieron 800 mil firmas, superando el piso necesario para lograr la convocatoria. La campaña fue de menor a mayor y le ha dado un susto al gobierno, que esperaba una victoria más cómoda. El “Sí” se impuso en Montevideo, Canelones y Paysandú.

La dirección del Frente Amplio jugó un rol de contención en el proceso. Lo concibió no como un complemento de la lucha en las calles y la organización en los lugares de trabajo contra el gobierno, sino como un sustituto. El FA busca mostrarse ante la burguesía como oposición responsable y actúa con el eje puesto en las elecciones presidenciales de 2024, sosteniendo en el camino al gobierno ajustador.

El máximo dirigente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo en vísperas del referéndum que “independientemente del resultado nos tenemos que sentar a buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad” (El País de Montevideo, 23/3), una orientación conciliadora e incluso de colaboración que ratificó en su discurso posterior al cierre de las urnas.

De este modo, el FA actúa como un freno y esteriliza la bronca y la disposición a la lucha que han tenido una nueva expresión en la importante votación lograda por el “Sí” en el plebiscito.

Explotando esta línea contemporizadora del FA, el gobierno de Luis Lacalle Pou aprovecha para avanzar con su agenda ajustadora. Tras la ratificación de la LUC, aspira a una reforma de la seguridad social que implicaría un aumento de la edad jubilatoria a los 65 años (con 30 años de trabajo). El gobierno ya viene de instrumentar recortes en jubilaciones y pensiones.

La mayoría de la dirección del PIT-CNT está subordinada al planteo contemporizador del FA. El plan de lucha que rehuyen es insoslayable para enfrentar el ajuste. Los piquetes y el derecho a huelga no son cuestiones que se puedan deponer por el resultado de un referéndum; son derechos irrenunciables de la clase trabajadora en su enfrentamiento con el Estado.

En medio de una agudización de la crisis económica mundial, de una inflación creciente que impacta sobre todo en el precio de los alimentos, el movimiento obrero necesita ganar las calles en defensa de sus reivindicaciones. No se puede esperar a 2024. Al ajuste de Lacalle Pou hay que derrotarlo en tiempo real.