El próximo domingo, en Uruguay, está convocado un plebiscito nacional que tiene por finalidad, básicamente, el reemplazo de la actual ley de lemas por un sistema de ‘ballotage’ (o segunda vuelta) para la elección de presidente. Está claro que el objetivo político que se persigue es impedir el acceso del Frente Amplio al gobierno, pues un segundo turno permitiría la alianza entre colorados y blancos.

Otros aspectos de la reforma establecen que los candidatos a la presidencia deben ser seleccionados con un año de anticipación mediante elecciones internas. Para los otros cargos representativos se establece el régimen indirecto de las convenciones partidarias, que deben reunirse con posterioridad a la designación del candidato a presidente. Esto asegura que los candidatos legislativos respondan al candidato presidencial. Un constitucionalista uruguayo, que es también concejal colorado, dice que el sistema permite al candidato presidencial “digitar”, “nominar candidatos” y poder “discriminar ... transform(ándose) en el eje de una oscura urdimbre de lealtades personales”. La ´reforma’, además, afianza la institución presidencial “mediante la disminución del tiempo con que el Parlamento cuenta para levantar los vetos interpuestos por el Poder Ejecutivo” y “mediante la posibilidad de remover directores de entes autónomos que no se alineen con las políticas de gobierno o mediante la capacidad de resolver a través de la OPP —organismo dependiente de la presidencia— sobre las propuestas comunales que puedan hacer los intendentes municipales”. “Más grave aún, controlará las fiscalías a través del dominio de la Cámara de Senadores (para la que sigue rigiendo la ´ley de lemas’) y el propio Poder Judicial al asegurar el dominio de los dos tercios de la Asamblea General con los que se nombra a los miembros de la Suprema Corte” (Mate Amargo, 14/11).

El Frente Amplio aprobó inicialmente este proyecto de reforma constitucional, al que señalaba como la única posibilidad de sustituir a la ‘ley de lemas’ y porque imaginaba, también, que podría conseguir alianzas con sectores de los partidos tradicionales para la segunda vuelta. Pero el paquete está tan bien atado que esto sólo sería posible con sectores marginales.

El plebiscito fue lanzado, entre gallos y medianoche, el 15 de octubre. Inicialmente la burguesía descontaba su fácil aprobación. La Nación informaba, el 17/10, que si bien el FA votó en el parlamento por el rechazo, “la posición de los dirigentes (Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Danilo Astori y Mariano Arana) es favorable a la reforma como lo han manifestado públicamente...”. El FA “consideró aceptable durante meses de negociación, a cambio de determinadas concesiones, el mismo ballotaje...” (Brecha, 22/11).

Pero las últimas informaciones indican que este plebiscito puede terminar con el triunfo del No, lo que dejaría en pie la ley de lemas, demostrando que la ‘consulta’ es un chantaje. “Los partidos políticos que hace sólo dos años recibieron casi el 70 por ciento de los votos enfrentan, a pocos días del plebiscito ... una inesperada oposición, y el resultado de la consulta popular resulta absolutamente incierto” (La Nación, 1/12). Según una encuesta publicada en el principal diario financiero uruguayo, “el No está a la delantera por dos puntos” (ídem).

La dirección del FA se ha dividido. Los “asambleístas” (la corriente mayoritaria, de derecha, que orienta el senador Astori) “no sólo se abstienen de participar en la campaña por el No sino que además, en declaraciones que todos los medios de comunicación difunden, transmiten con bastante claridad su disposición a votar Sí...” (Brecha, 22/11), mientras que Tabaré Vazquez, en cambio, se ha colocado, aparentemente, a la cabeza de la campaña por el No. En los partidos ‘blanco’ y ‘colorado’ se han expresado también voces disidentes. Así, el mencionado constitucionalista colorado, califica a la ‘reforma’ de intento de instalación de un régimen de “dictadura civil”, mediante “una centralización del poder nunca antes ensayada en el país bajo gobiernos civiles” (Mate Amargo, 14/11).

El movimiento obrero tiene razones de sobra para votar No, reclamar la derogación de la ley de lemas y de toda la legislación que regimenta la organización de los partidos políticos.