06/04/2021

Reino Unido: miles se movilizan contra la nueva ley de seguridad

El gobierno del conservador Boris Johnson busca dar mayores prerrogativas a las fuerzas represivas.

Con epicentro en Londres, miles de británicos se movilizaron el último sábado bajo la consigna “Kill the Bill” (matar al proyecto de ley) en una alusión a la icónica película de Quentin Tarantino. El proyecto en cuestión, impulsado por el gobierno conservador de Boris Johnson, busca dotar a la policía de nuevas herramientas legales para limitar e impedir movilizaciones y acciones de lucha. Entre otras disposiciones, la policía podrá determinar puntos de inicio y finalización de marchas, límites en su duración e incluso disolver las protestas si superan un umbral de ruido determinado. En todos los casos quedará a discreción de la propia policía si una manifestación estará o no incumpliendo los parámetros correspondientes. Como corolario, la ley aumenta las penas para acciones tales como pintar estatuas y establece que es responsabilidad de las personas que se movilizan conocer de antemano las disposiciones legales.

La movilización culminó con una represión y más de cien detenidos. Esta última jornada es parte de un proceso en ascenso de manifestaciones antirrepresivas que tuvo su disparador con las acciones de lucha en ocasión del femicidio de Sarah Everard, presuntamente perpetrado por un policía. Los uniformados no tuvieron pruritos en disolver por la fuerza una concentración que exigía justicia por Sarah y el fin de los femicidios, lo que provocó masivas marchas y puso en la primera plana el aludido proyecto de ley que ya estaba siendo discutido en el Parlamento.

No solo el derecho a movilizarse está siendo cuestionado por el proyecto de ley, sino que el aumento de las capacidades represivas estatales abarcaría otras áreas. Como parte del paquete legislativo, está incluida la prohibición de emplazar campamentos en lugares públicos, así como la pretensión de trasladar del fuero civil al criminal el delito de traspasar una propiedad privada. Estas medidas serían usadas no solo para impedir acampes que formen parte de acciones de lucha sino también para perseguir a la población gitana residente en el país. En la misma línea se inscribe la intención del gobierno conservador de colocar más límites a los migrantes que arriban a las islas y solicitan asilo como refugiados; de ahora en más, solo quienes hagan esa solicitud de manera anticipada podrán acceder a los beneficios de esa condición.

Para el establishment británico, el desenvolvimiento de enormes y novedosos procesos de lucha como los protagonizados por la organización ambientalista Extinction Rebellion, que ocupó y paralizó lugares estratégicos de Londres en 2019, o el movimiento Black Lives Matter, suponen un desafío al que quieren ponerle un punto final a través de esta ley. De conjunto se trata del intento de reforzar la autoridad del Estado en un contexto de crisis sanitaria, económica y social, agravada, en el Reino Unido, por las consecuencias del Brexit que, de acuerdo a diversos analistas ha provocado una caída del 40% de las exportaciones a la Unión Europea y un retroceso del PBI del 2,9% en enero (El País, 2/4). La consecuencia directa del desbarranque económico será el empeoramiento de las condiciones de vida y la posibilidad de mayores choques entre las clases.

La consistencia de las movilizaciones y la conciencia por parte del activismo de lo que está en juego ha provocado una crisis política, sobre todo en la oposición. El laborismo ha debido pasar a abstenerse sobre el proyecto de ley. Sin embargo, sus dirigentes han condenado las protestas por ‘violentas’. Johnson ha buscado embaucar, sin éxito, al movimiento de lucha al introducir en la ley mayores penas para los delitos relativos a la violencia de género.

El tratamiento legislativo debe sortear aún numerosas instancias parlamentarias antes de su votación final en junio o julio. Esos momentos darán la oportunidad de nuevas jornadas de protesta, pero también de nuevas maniobras, como modificaciones menores, por parte de los partidos del régimen, con las que buscarán desviar las energías desplegadas por la población en lucha. De lo que se trata, por el contrario, es de desenvolver a fondo el proceso de movilizaciones hasta tirar abajo la ley.

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