Si el nuevo rey, Carlos III, heredó el trono de su difunta madre Isabel II y ni siquiera goza de gran aceptación entre sus súbditos, la nueva primer ministro, Liz Truss, encargada de completar el mandato del renunciante Boris Johnson, no le lleva demasiada ventaja en términos de legitimidad: llega al cargo tras vencer en las elecciones internas del Partido Conservador, en las que estaban habilitados a participar sus cerca de 200 mil miembros, esto es, alrededor del 0,3% del padrón electoral.

Para mayores precisiones, esa militancia conservadora que la eligió está formada –al decir de un académico- por “personas mayores, muy ricas, que viven en grandes mansiones del sudeste de Inglaterra” (La Nación, 6/9).

Truss es una orgullosa “de la historia del imperio más grande de todos los tiempos y su misión civilizadora”. Tal vez por eso, agita los tambores de guerra: China será elevada a la categoría de “amenaza a la seguridad nacional”, nivel en que ya está Rusia, y Londres seguirá proporcionando armamento al régimen ucraniano de Volódomir Zelensky, enfrentado a Moscú.

En el plano interno, Truss está lejos de reunir la fuerza que alguna vez tuvo la ex primer ministro Margaret Thatcher, la “dama de hierro”, por la que profesa una abierta admiración. Entre los diputados conservadores, por empezar, prevaleció el apoyo en la interna a su rival, el exministro de finanzas Rishi Sunak.

Al mismo tiempo, la situación económica es muy delicada: la inflación ronda el 10% anual, la economía se acerca a la recesión y la deuda ha trepado al 90% del PBI, con perspectiva de seguir creciendo debido al aumento de las tasas de interés y al encarecimiento de las importaciones, como fruto de la devaluación de la libra.

En medio de un marco social crítico, Truss debió frenar el megatarifazo en la luz y el gas que estaba pautado para el 1 de octubre. Con la guerra en Ucrania, se empezaron a incrementar dramáticamente las tarifas y para octubre se esperaba un nuevo capítulo de esa saga. Sin embargo, el techo tarifario, que iba a elevarse de 2.300 a 3.549 libras anuales (unos 288 dólares), quedará finalmente en 2.500 anuales.

El nuevo gobierno toma nota, seguramente, de las grandes manifestaciones en distintos puntos del mundo contra los aumentos, que ha incluido la quema pública de boletas en ciudades como Nápoles. Las compañías energéticas, de todos modos, se verán igualmente beneficiadas por Truss, dado que el Estado saldará la cuenta con mayor endeudamiento.

Para conquistar al electorado conservador, Truss prometió rebajas impositivas al gran capital por cerca de 27 mil millones de libras, tal vez en un intento por revertir el hecho de que el Reino Unido tiene el nivel de inversión más bajo del G7 (Página 12, 9/9). Pero si una menor presión tributaria no garantiza per se mayores inversiones privadas, de seguro reduce la recaudación oficial (en contraste, crecen los subsidios energéticos). Por eso, Sunak se pronunció en contra de la iniciativa en los debates televisados de la interna conservadora.

La crisis económica se combina con las tendencias a la disgregación territorial. El debilitamiento de la Corona, a raíz de la muerte de Isabel II, da bríos a Escocia en su reclamo de un nuevo referéndum de independencia. A la vez, se ha reactivado el conflicto en Irlanda.

La clase trabajadora británica ha entrado con fuerza en la escena en defensa del salario y sus condiciones laborales, protagonizando la ola de huelgas más importante en décadas, lo que ha puesto en debate la cuestión de una huelga general. Y si bien las medidas de fuerza fueron suspendidas temporariamente ante la muerte de la reina, son varios los sectores en que se preparan consultas para votar acciones de lucha. El problema son las direcciones sindicales ligadas al partido laborista, que actúan como un freno de estas tendencias.

La independencia política del movimiento obrero es clave frente a la nueva etapa que se abre.

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