Represión a caravanas migratorias en México

El gobierno disolvió cuatro en apenas una semana.

En el curso de la última semana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador disolvió por la fuerza cuatro caravanas migratorias que habían partido desde la ciudad sureña de Tapachula, con destino a Estados Unidos. Efectivos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración intervinieron en la represión de las familias.

Se estima que en la localidad mencionada, próxima al río Suchiate, que separa al país de Guatemala, hay más de 120 mil extranjeros varados en penosas condiciones. La aglomeración se produce porque el gobierno mexicano dilata la asignación de permisos para permanecer o transitar por el país. Esta situación es la que propició movilizaciones con reclamos a las autoridades y empujó a cientos de personas a lanzarse hacia el norte en forma irregular, en busca del territorio norteamericano.

López Obrador arribó a un pacto para contener la migración centroamericana con el gobierno de Donald Trump, que continúa vigente con la administración de Joe Biden. Ha desplegado a casi 30 mil efectivos de las fuerzas armadas a las fronteras norte y sur con este objetivo. También hay denuncias del envío de unas 13 mil personas en 100 vuelos desde el norte hasta el sur, como paso previo a su devolución a los países centroamericanos. “Todo esto se está haciendo para complacer a los estadounidenses, que están muy preocupados por la migración (…) Se están haciendo esfuerzos para acelerar las expulsiones”, reconoció un funcionario mexicano a la agencia de noticias France 24 (26/8).

Biden no se ha mostrado menos brutal que su predecesor en el cargo respecto a los buscadores de asilo, que en estos meses han llegado a niveles récord en veinte años. Dejó vigente un acta que, con la excusa de la pandemia, posibilita las deportaciones exprés. Bajo este mecanismo, 750 mil personas fueron regresadas a México (ídem, 12/8), en algunos casos mediante vuelos hacia el sur. La vice Kamala Harris, en su gira por Centroamérica, ya había advertido: “no vengan a Estados Unidos. Seguiremos aplicando la ley y reforzando las fronteras… si llegan serán enviados de vuelta”.

A fines de agosto, además, la Corte Suprema yanqui falló a favor de la reinstauración del programa “Quédate en México”, instituido por Trump y derogado por Biden al comienzo de su mandato, que obliga a los migrantes a permanecer en la nación azteca mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.

Así las cosas, México es el tapón de los Estados Unidos frente a las corrientes migratorias centroamericanas, con el aval de López Obrador, que hace reclamos inconducentes a Biden para que realice inversiones en los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras) y otorgue visas de trabajo temporal en los Estados Unidos.

Dentro de la principal potencia capitalista, mientras tanto, la promocionada reforma migratoria de Biden -que prometía la regularización paulatina de once millones de indocumentados en el país- duerme el sueño de los justos en el parlamento.

El imperialismo, con su respaldo a dictaduras sanguinarias y gobiernos reaccionarios en la región en las últimas décadas, es el principal responsable de la degradación de Centroamérica, que está en la base de la actual estampida migratoria. Cuando franjas de masas, golpeadas por la miseria y la violencia de las bandas criminales que aquel ayudó a engendrar, se transforman en migrantes, la respuesta es la represión, la discriminación, la persecución y la expulsión sumaria. Para ello, Estados Unidos cuenta con la colaboración de los gobiernos de hoy, sean derechistas (como Guatemala y Honduras) o progresistas (como México).

Lo que corresponde es la plena solidaridad con los migrantes, la defensa del derecho al asilo, y la unión de los trabajadores estadounidenses y mexicanos con aquellos.