La ratificación de Fernández Huidobro como ministro de Defensa por parte de Tabaré Vázquez generó un enorme rechazo en los familiares de desaparecidos y en las organizaciones de derechos humanos. El 10 de diciembre, un informe de la organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj) denunció los obstáculos que los distintos poderes del Estado habían puesto al esclarecimiento y el castigo a los responsables de crímenes y torturas. En esa ocasión, la organización apuntó especialmente sus dardos contra el Ministerio de Defensa Nacional por no dar respuesta a los requerimientos de los jueces. “Es muy habitual que la lacónica respuesta, rayana en el desacato, sea que ‘no se cuenta con la información solicitada' u otra equivalente”.

 

Fernández Huidobro había sido designado por Mujica luego de que aquél se negara a votar la anulación de la ley de Impunidad. Todo el mundo sabía el significado de esa designación: el comportamiento del ministro no hizo más que confirmar que venía a defender un pacto con los mandos militares. Un pacto que nació en 1984 en el Club Naval y que la cúpula del Frente Amplio ha cumplido: si algún represor está aún preso (en cárceles vip) es por la negativa de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos a resignarse a la impunidad. Mujica y Huidobro se pronunciaron en varias oportunidades por la liberación de los ‘viejitos' o darles prisión domiciliaria.

 

Fernández Huidobro se ganó el justo repudio popular, lo que se expresó en las urnas, donde perdió casi la totalidad de los votos que lo habían llevado al Senado hace cinco años.

La ratificación de Huidobro busca desmoralizar y quebrar la resistencia de los sectores que aún pugnan para romper el pacto que defiende a los mandos responsables de la represión. También es un mensaje a los votantes del FA: no es el respaldo electoral lo que determina la designación de un ministro, sino el que cumpla con los mandatos que le indica el Presidente (y los intereses que están detrás de él).

 

Las declaraciones del ministro de Defensa ante las críticas del Serpaj detonaron una crisis: “Si el Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información (solicitada por los jueces)”. La impúdica respuesta despertó una ola de indignación. No sólo el Serpaj y Familiares de Desaparecidos repudiaron al ministro, también grupos políticos y legisladores del Frente Amplio tuvieron que sumarse a las críticas. El Partido Socialista, la senadora Constanza Moreira, el diputado Felipe Michelini (hijo de una víctima del Plan Cóndor asesinada en Buenos Aires) y el Partido por la Victoria del Pueblo emitieron declaraciones, en algunos casos incluso reclamando la renuncia o recomendando rever la designación en el futuro gabinete ministerial. La Federación de profesores secundarios y organizaciones de derechos humanos convocaron a una concentración de repudio a Fernández Huidobro frente al Ministerio de Defensa, que reunió a unas 500 personas.

 

No se trata únicamente de Huidobro. La designación de Astori como ministro de Economía y de Nin Novoa como canciller tienen el mismo significado: el Frente Amplio asustó al pueblo con el “retorno de la derecha” para triunfar y aplicar él mismo el programa que exigen el FMI, las cámaras patronales y la derecha. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Brasil, donde Dilma Rousseff designó como ministro de Economía a un representante del gran capital que apoyaba al derechista Aecio Neves.

 

Las protestas de la mayoría del PIT-CNT y de los partidos que integran el FA ante las declaraciones de Huidobro no son más que lágrimas de cocodrilo. Particularmente hipócritas son las declaraciones del Partido Comunista, que realizó una alianza con la lista de Huidobro en varios departamentos.

 

El Partido de los Trabajadores repudia la designación de Fernández Huidobro, a la que denuncia como un golpe contra los Familiares de Detenidos-Desaparecidos y el movimiento obrero y popular, que anuncia por dónde irá el gobierno de Tabaré Vázquez. Nos solidarizamos con todas las movilizaciones para echar a este personaje y llamamos a sacar todas las conclusiones. El intento de “cambiar” al Frente Amplio está condenado: se trata de una herramienta centroizquierdista de defensa de los intereses capitalistas y de sometimiento nacional. Es necesario romper con el FA, luchar por la independencia política del movimiento obrero y las organizaciones populares, y poner en pie una alternativa obrera y socialista.