1.- Tras perder en primera vuelta contra el ultraderechista José Antonio Kast, Gabriel Boric como candidato de la coalición “Apruebo Dignidad” del Frente Amplio-Partido Comunista, logra revertir el resultado en el ballotage alzándose con la presidencia. Esto se debió a la importante movilización popular que se produjo para que no ganara la derecha fascistoide. Pero esta versión 2.0 de la Concertación llega a La Moneda con un programa político de completa contemporización con el capital que, a su vez, fue deliberadamente morigerado por Boric durante la campaña de cara a la segunda vuelta. La derechización no sólo fue discursiva sino que se verificó en decisiones concretas luego del triunfo como la designación de un declarado neoliberal como Mario Marcel, hasta entonces director del Banco Central durante el mandato de Piñera, al frente del Ministerio de Hacienda y la incorporación de los partidos de la ex Concertación a la coalición gobernante, rescatando así a parte de los sectores políticos del orden de los 30 años repudiado por el pueblo en las calles y en las urnas. A 3 meses de la asunción, no queda margen de dudas: se trata de un gobierno que busca conciliar a las masas trabajadoras con los monopolios explotadores y la derecha, un gobierno de frente popular que pretende cerrar el ciclo político abierto por la rebelión del 2019.

Sin embargo, ello no se presenta como una tarea fácil. Las expectativas que generó el triunfo de un conglomerado por fuera de la ex Concertación y la derecha tradicional, se desinflaron a las pocas semanas del cambio de mando y la popularidad de Gabriel Boric cae considerablemente en los sondeos de opinión. El giro derechista asumido significó la relativización o el abandono directamente de las limitadas respuestas que el programa político de Apruebo Dignidad contemplaba en materia de salud, vivienda, educación, salarios y pensiones. Todo queda supeditado a una limitadísima reforma tributaria que se encuentra siendo negociada por Marcel con las cámaras empresariales. La misma originariamente planteaba una recaudación equivalente al 8% del PBI, objetivo que fue reducido a la mitad prácticamente, como un guiño a la burguesía.

La “gran reforma tributaria” adquiere más bien la forma de un pacto concertado con los distintos sectores del capital nacional e internacional radicado en el país. Prácticamente inocuo a sus márgenes de ganancia. Basta ver lo ocurrido con la promesa del salario mínimo de 500 mil pesos: a esa cifra, que en la actualidad es completamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas, se llegará al final del mandato (¡!) y en el primer tramo solo significó pasar de 350 mil a 400 mil y contempló grandes subsidios para que las patronales asuman una parte menor del exiguo aumento. Esto fue refrendado por la burocracia entreguista de la CUT. Con las migajas que resulten del pacto fiscal, el acceso universal a la salud y la educación pasan a mejor vida. Para muestra hay que ver el recule en la promesa de condonar el CAE -una de las grandes promesas de campaña- con lo cual miles de chilenxs que se endeudaron para acceder a la educación superior seguirán soportando el peso de la deuda en sus ingresos. Otro tanto podemos ver con el compromiso de terminar con las AFP, las cuales seguirán haciendo negociados con los aportes de lxs trabajadorxs en el marco de un Sistema mixto según se adelantó.

En lo relativo a la política represiva, atrás quedaron las promesas de refundación o reforma de Carabineros y el compromiso con la liberación de las y los presos políticos. Hoy vemos a la “primera ministra del interior mujer en la historia de país” -Izkia Siches- encabezando la agenda represiva, garantizando la impunidad de una fuerza denunciada por violaciones sistemáticas de derechos humanos y desfalcos al presupuesto público y brindando el apoyo político para que siga desplegando toda su brutalidad contra las manifestaciones populares, como quedó demostrado el pasado 1° de mayo, cuando resultara asesinada una periodista por el accionar represivo de los pacos [policías], en conjunto con elementos de la mafia del comercio que opera en la ciudad de Santiago. Otro tanto ocurre con los reclamos de los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, donde se sigue con la política de militarización de su territorio ancestral en defensa de los intereses de las forestales y terratenientes.

2. En el plano internacional, como presidente electo Boric se alineó inmediatamente con el imperialismo frente a la guerra de Rusia y Ucrania, condenando la invasión rusa sin mencionar palabra alguna sobre la política colonialista de la Otan, tanto en el plano militar como en el económico, de la mano del FMI, al igual que el gobierno del derechista Piñera aún en ejercicio. La política pro imperialista fue ratificada por Boric en la cumbre de las Américas, lo cual no es de extrañar considerando los elogios con que se despidió la misión del FMI al país ni bien asumido el gobierno, la cual dio luz verde a un desembolso de 3.500 millones de dólares, para hacerse de una liquidez que le permita seguir con su compromiso con las mineras de no avanzar en un royalty minero real, a diferencia de las migajas que se cobran actualmente.

¿Cuáles son las consecuencias de la guerra en el país y qué incidencias tienen en el ya limitado programa de Apruebo Dignidad? En principio, el impacto que tiene en todo el mundo, en relación al aumento del precio en el trigo y el combustible, dos recursos elementales que Chile importa. Gran parte de la inflación que se verifica en el país -12%, la más alta en décadas- se debe a la suba de alimentos derivados del trigo y otros cereales y el combustible, pese que en el último caso el gobierno inyectó 3.000 millones de dólares de recursos fiscales en forma de subsidios a los capitalistas del sector para contener el precio que, sin embargo, subió. No hay recursos para asistir a las familias empobrecidas por la crisis pero sí para que la burguesía no reduzca sus ganancias. Los mayores ingresos al fisco por los altos precios del cobre, van a parar a los bolsillos de las patronales vía grandes masas de subsidios. Entonces, aún las mínimas respuestas a las urgencias del pueblo trabajador quedan en entredicho.

3. La rebelión popular que se inició el 18 de octubre del 2019 puso en jaque al régimen político imperante en los 30 años post dictadura. Abrió un período de profunda crisis política que el cambio de gobierno y el proceso constituyente no han podido clausurar definitivamente. Entre tanto, las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora no han hecho más que empeorar. Los salarios y jubilaciones paupérrimos que se arrastran hace años, se ven incluso más escasos debido a la inflación récord que se verifica en el último período. El endeudamiento para afrontar necesidades elementales, como alimentos y viviendas, se vuelve una mochila muy pesada para las familias trabajadoras ya que la política monetaria de aumento de la tasa de interés ha tornado aún más gravosa la situación. Ninguna de las demandas levantadas por millones de chilenas y chilenos en las calles fueron resueltas, ni por la Convención Constituyente, ni por el gobierno centroizquierdista de Gabriel Boric.

El proceso constituyente rápidamente mostró su naturaleza reaccionaria. Contra las expectativas que generó -reforzadas por el ingreso de sectores activistas e independientes de los espacios políticos que lo diseñaron para contener y neutralizar la rebelión popular- terminó como una cocina política más que le daba la espalda a las grandes reivindicaciones de octubre. Completamente adaptada al corset del pacto del 15 de noviembre [de 2019], es decir sin ejercer poder soberano que le permita legislar y ejecutar las reformas necesarias, el bloque FA/PC ejerció el dominio político de la convención y aliado con convencionales de la ex Concertación, utilizó el quórum antidemocrático de los 2⁄3 necesarios para la aprobación de las normas constitucionales anodinas y rechazar toda propuesta que afecte los intereses de la burguesía. La convención cosecha así un enorme desprestigio ante los ojos del pueblo chileno. La derecha intenta utilizar este desprestigio para polarizar con planteos reaccionarios (persecución a los inmigrantes, mano dura contra la delincuencia, etc.).

4. A sabiendas de que gran parte de su derrotero al frente del gobierno está ligado a que gane el “Apruebo” en el plebiscito de salida previsto para el 4 de septiembre, los partidos oficialistas se encuentran ya desplegando sus esfuerzos para apuntalar esta opción que por el momento no tiene asegurado el triunfo. A tal fin, la propia Bachelet deja su cargo en la ONU y vuelve a Chile para meterse de lleno en la campaña por la opción del “Apruebo”. El fortalecimiento del “rechazo” no se debe a la destreza política de la derecha sino más bien a la decepción y desmoralización que el proceso constituyente provoca en los sectores populares que fueron testigos del sacrificio de las demandas más sentidas en aras del resguardo de los intereses capitalistas. El texto que finalmente sale de este contubernio entre los partidos del régimen -con lxs independientes completamente adaptadxs a ello- deja en pie los pilares del modelo económico instaurado por la dictadura y perfeccionado por los gobiernos que gestionaron la democracia capitalista luego.

Más allá del tono alarmista que asumió la derecha, haciéndose eco de los temores de la burguesía nacional, lo cierto es que bancos y fondos de inversión extranjeros han calificado al texto como “razonable” y sin mayores riesgos para los intereses de los capitales internacionales con inversiones en el país o que quieran tenerlas en el futuro. Es el mensaje que dio también Boric en la cumbre de las Américas frente a los grupos empresariales que se encontraban allí presentes. La frondosa lista de derechos que se reconocen y “garantizan” tendrán que esperar el visto bueno del ministro Marcel, garante último de la “responsabilidad fiscal” prometida a la burguesía y ser, concretamente, votados luego por el parlamento. La plurinacionalidad, el regionalismo, el ambientalismo forman parte del relato progresista que envuelve el nuevo andamiaje jurídico que se mantiene en este borrador su naturaleza como garante de los intereses de la burguesía. Pero se trata de reformas cosméticas, de tipo gatopardista, con excepción del aborto que quedó nombrado en el borrador del texto constitucional, lo que da cuenta de una conquista del importante movimiento de mujeres y disidencias en el país (hoy desmovilizado por la cooptación de parte importante), pero cuya materialización dependerá en última instancia de la sanción de una futura ley que podría introducir importantes limitaciones.

5. Mientras se prepara el ritual pomposo del fin del proceso constituyente, el cual pretende ser coronado con el triunfo de la opción del “apruebo” por el oficialismo, la clase trabajadora paga los costos de una crisis económica que aún no muestra su peor cara. Sin embargo, el final está abierto. El “apruebo” y el “rechazo”, por lo pronto, se encuentran en un empate técnico según lo muestran las distintas encuestas. La derecha se ha encolumnado sin fisuras tras el “rechazo”. La centroizquierda busca revertir estos guarismos, aunque ni lxs más optimistas consideran posible llegar al 80% alcanzado en el plebiscito que dio inicio al proceso. El movimiento obrero, por su parte, se encuentra atomizado, sin que se verifiquen procesos de lucha que hagan peligrar la contención de la burocracia de la CUT. El movimiento estudiantil ha encabezado jornadas de movilizaciones importantes, articuladas incluso a nivel nacional en simultáneo con un proceso de tomas de liceos en reclamo de condiciones mínimas para estudiar frente al descalabro producto del desfinanciamiento sistemático de la educación pública. El gobierno ha respondido con una brutal represión y criminalización a lxs estudiantes.

Frente a ello, se presenta como una urgencia de que la clase trabajadora irrumpa en el escenario político mediante un plan de lucha por sus propias reivindicaciones, que a más de dos años del alzamiento popular contra los 30 años de democracia capitalista siguen sin respuesta. El PC tiene, nuevamente, la enorme responsabilidad de mantener maniatada a la clase obrera y los sectores explotados en apoyo al gobierno (como hizo en la época de Allende). La dirección de la CUT es parte de un pacto social no declarado. Igual que la central estudiantil (Confech) que ha formado una mesa de diálogo permanente con el Ministerio de Educación, dejando en banda las tendencias de lucha que se desarrollan en la combativa masa estudiantil-juvenil por sus postergadas reivindicaciones inmediatas (becas, etc.) y estratégicas (gratuidad educativa, anulación de las deudas, etc.).

Contra la cooptación es necesario plantear que las organizaciones de masas –CUT, Confech, etc.- rompan con su conciliación y subordinación al gobierno frentepopulista y en asambleas y congresos se voten planes de lucha por las reivindicaciones que se levantaron en el alzamiento popular de octubre. No se puede estar en los dos lados del mostrador: o defienden la política del gobierno que da la espalda a los reclamos de las masas y trata de salvar al capital o son organizaciones que se ponen a la cabeza de la lucha independiente. Hay numerosos grupos y organismos creados al calor de la lucha popular (Asambleas Barriales, grupos estudiantiles, sindicatos de lucha, etc.) que critican la “traición” de Boric y desarrollan movilizaciones de lucha. Es indispensable poner en pie una oposición obrera-estudiantil independiente del gobierno para enfrentar sus políticas. La izquierda que se reclama revolucionaria, luego de constituir el “Frente por la Unidad de la Clase Trabajadora” y presentar listas de independencia obrera, fue disuelta en los hechos, sin debate mediante de las fuerzas que lo componíamos, descartándose así de la lucha por abrir un canal político y de lucha independiente. Se hace patente la necesidad de construir un partido de la clase obrera clasista y un frente de lucha por las reivindicaciones motrices del pueblo trabajador.