Texto aprobado por el XXVIII Congreso del Partido Obrero.

Según cifras oficiales del 2019, el déficit de vivienda popular en Perú bordeaba los 2 millones. El mismo que se debe, por un lado, a una estrategia política sistemática de acaparamiento de la tierra y el suelo urbano (que pertenece al Estado), por parte de los grupos de poder inmobiliario (vinculado al agroindustrial y financiero), y por otro, a salarios miserables de [soles] S/. 1,025 ($260) al mes y al 71% de la PEA [Población Económicamente Activa] que trabaja en la informalidad sin ningún beneficio social y sin ser sujeto de crédito.

No obstante, esta realidad dramática, que fue agravada por la pandemia (según el INEI [instituto de estadísticas], medio millón de familias retornaron a su provincia de origen), la gran prensa (auspiciada por el poder inmobiliario), y el sistema político pro patronal en su conjunto solo se enfocan superficialmente en las “invasiones” y los traficantes de tierras como si no hubiera un problema social de fondo: miles de mujeres y madres de familia que se ven obligadas a tomar tierras reclamando su derecho a la vivienda.

Es así como, por el propio carácter pro inmobiliario del Estado (les da licencia de funcionamiento a las inmobiliarias a cambio de una renta de migajas), éste opera coercitivamente con desalojos violentos a miles de familia sin techo en Lomo de Corvina (casi un año atrás), Torre Blanca, y en toda la costa, sierra y selva del país, favoreciendo a poderosos grupos económicos como Graña y Montero, Los Portales, Centenario, etc. algunos de estos embarrados por la mega corrupción del affaire Odebrecht. Lo mismo ha pasado con los grandes proyectos agroindustriales como Olmos, Majes Siguas, etc. donde miles de hectáreas están yendo a parar a manos de transnacionales extranjeras y nacionales como el grupo Gloria.

La izquierda reformista como el Frente Amplio, junto con otros partidos del régimen del Congreso anterior, aprobó una Ley (31.313), que en la práctica es pro inmobiliaria ya que no rompe con la lógica salvaje del mercado y la ley de la oferta y la demanda.

Por estas razones, el XXVIII Congreso del Partido Obrero de Argentina, aprueba la solidaridad con el MST-P en su lucha contra los desalojos, por la tierra, por nuevos programas de vivienda para los pobres, bonos para los pobres, un plan de viviendas populares financiado con la plata de las sobreganancias inmobiliarias, mineras, gasíferas y agroindustriales y del no pago de la deuda externa privada.

Buenos Aires, 18 de junio del 2022

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