Aprobada por el encuentro internacional realizado en Buenos Aires el 24 y 25 de junio.

Los gobiernos de Grecia no dudan en poner los beneficios de los bancos y del capital por encima de la vida de las personas y en embargar las viviendas de la gente, generalizando la pobreza y la miseria. Tras 15 años de acuerdos entre la UE y el FMI, los despidos, la mayor flexibilización de las relaciones laborales y los recortes salariales están llevando a miles de familias pobres a la imposibilidad absoluta de hacer frente a sus deudas crediticias. Al mismo tiempo, se está cumpliendo el objetivo de crear un nuevo campo de rentabilidad para el capital convirtiendo la vivienda en una mercancía y abriendo un nuevo mercado de viviendas de alquiler gestionado por grandes empresas. En Grecia hace años que no existe un programa de vivienda social y los alquileres (en proporción a los salarios) son los más altos de la UE.  Las subastas y embargos de viviendas populares por parte de bancos y cajas son constantes, suprimiéndose el derecho a la vivienda incluso para familias con problemas de salud y cero ingresos. Las casas de miles de personas se convierten en un “producto financiero” de un sistema caníbal, ya que los fondos parásitos se alimentan de los bancos quebrados, que en Grecia han sido financiados repetidamente después de 2011 con 4 recapitalizaciones, pagadas con los impuestos del pueblo.

Lo único que detuvo el acaparamiento de las viviendas de la gente fue un fuerte movimiento que logró revertir la imposición de las ganancias de los bancos sobre el pueblo. Durante años, el movimiento en Grecia había retrasado el funcionamiento de las subastas ocupando notarías y juzgados. El Estado griego, para proteger los beneficios de los bancos, está llevando a cabo un exhaustivo proceso de persecución contra los militantes del movimiento. Entre ellos, el profesor Elias Smilios, miembro del Sindicato de Profesores, concejal municipal en Salónica y miembro de NAR y ANTARSYA, que ha sido acusado de cinco cargos diferentes por su participación en el movimiento. En uno de ellos fue condenado a 10 meses de cárcel con una pena suspendida de 3 años, mientras que en los próximos meses se enfrenta a otros procesos.

Lo que se juzga no son los militantes, sino la posibilidad misma de resistencia y acción colectivas. La persecución viene dictada por la política de represión y autoritarismo del gobierno, en un momento de ataque sin cuartel a los ingresos, los bienes sociales, las libertades y los derechos democráticos, mientras se multiplican los desahucios de viviendas en los barrios pobres. Organizar la resistencia es hoy más necesario que nunca para contrarrestar los feroces ataques del sistema contra los derechos y las libertades.

¡Con la fuerza de la solidaridad lucharemos! ¡Fuera las manos de los militantes! ¡Alto a los juicios a militantes! ¡Fin a la toma de rehenes judiciales de los que luchan! ¡Llamamos a las fuerzas del movimiento obrero a tomar partido y librar la batalla de la solidaridad y la defensa del derecho a la lucha social por el pan, la paz, la salud, la educación, la democracia!