El intento del Tribunal Supremo de destituir al juez Baltasar Garzón por haberse excedido de sus funciones (prevaricato) al investigar las masacres cometidas desde el inicio del levantamiento franquista contra la República (1936) hasta la muerte del Caudillo (1975) ha tenido un efecto paradojal. No sólo resucitó la España republicana “como no se había visto desde los últimos días de Franco”, sino que puso en cuestión la piedra basal del régimen político: la “transición democrática” pactada entre la UCD de Alfonso Suárez con el fervoroso aval del PSOE y el Partido Comunista, que aseguró la supervivencia del entramado social y político del régimen y prohibió, a través de la Ley de Amnistía de 1977, que se investigaran sus pavorosos crímenes (cientos de miles de desaparecidos y de presos políticos ejecutados, 40.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles, los exiliados). “La deslegitimación de la transición puede abrir paso a la deslegitimación del sistema democrático todo” y ha dado lugar “a efectos tan delirantes como el reclamo de que se derogue la Amnistía”, se alarma un columnista de El País (15/4).

El sábado, decenas de miles, “la mayoría a título individual y algunos “por primera vez en su vida” (publico.es; El País, 24/4), marcharon por 21 ciudades con banderas republicanas y al viejo grito de “¡No pasarán!”. Por primera vez también, muchos portaban retratos de sus familiares asesinados. Las centrales sindicales comunista (CC.OO) y socialista (UGT) convocaron, pero sin movilizar a los sindicatos: las marchas fueron encabezadas por artistas e intelectuales y el gobierno socialista no mandó representantes.

La movilización más multitudinaria fue en Madrid, gobernada por el derechista Partido Popular, que respalda al Supremo, al que dice objeto “de una campaña brutal y antidemocrática”. Al partido de Rajoy le vendría de perillas la destitución del juez que lo procesa por el “caso Gürtel”, una red de financiamiento ilegal a través de empresas fantasma subsidiadas con dineros públicos por los ayuntamientos y comunidades autónomas que gobierna el PP (Madrid, Valencia y Galicia).

El gobierno del PSOE también le había hecho un guiño al apriete al juez que, al abrir un proceso penal por los crímenes, desafió la bochornosa Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero (de reparación económica), aprobada en 2007. El ministro de Justicia informó “su máximo respeto al sistema judicial”, o sea al Tribunal Supremo. Ahora, alarmado por el curso de las movilizaciones que diseñan el peor escenario posible para el ajustazo que tiene en carpeta, el gobierno “habría dado instrucciones” al fiscal del Estado “para que el asunto se arregle” (El País, 19/4).

Garzón se basó en los pactos internacionales que definen los crímenes contra la humanidad como imprescriptibles -los que utilizó contra represores argentinos y contra Pinochet- para investigar, en 2008, el destino de 114 mil desaparecidos. También acusó a Franco y a otros 44 funcionarios por crímenes de lesa humanidad. Rápidamente, la causa fue frenada -o derivada a tribunales regionales- por triquiñuelas judiciales. Los jueces del Supremo avalaron la denuncia por prevaricato de la fascista Falange, cuyas milicias -que actuaban bajo la autoridad de las Fuerzas Armadas y la Iglesia- asesinaron al 98% de los campesinos y obreros hallados en las fosas comunes. La mayoría de los jueces del Supremo integró hasta 1976 el Tribunal de Orden Público y “fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político Social” (El País, 14/4). O sea, estarían en condiciones de ser encausados.

La posibilidad de que Garzón quede inhabilitado desató un escándalo internacional que obligó a que el Supremo explicara sus razones a la prensa extranjera y expulsara a la Falange como querellante. Un sector del imperialismo -expresado por el New York Times, The Guardian, Le Monde, The Financial Times y hasta The Economist-, defiende la prosecución de los juicios, a los que ve capaces de “cerrar de una vez por todas la brecha que divide a la sociedad española”; o sea, de zurcir un punto final.

Como decíamos ayer

El Wall Street Journal se pregunta “si es momento de ‘revivir’ la Guerra Civil y sus consecuencias” (13/4) cuando la economía española se hunde y Zapatero postula un ajuste que empalidecerá al griego. El riesgo de no hacerlo es que la crisis derive “hacia una vorágine de ominoso final” (El País, 19/4). Esto es, que un juicio pensado (por Garzón) para condenar a Franco y otros 44 fascistas muertos termine con una movilización que exija sentar en el banquillo a los franquistas reciclados en la Justicia y en el Partido Popular, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Civil, a la aristocracia, a los Grandes de España que engalanan la tapa de la revista Hola. También a la Iglesia católica, cuya participación en la matanza le deparó privilegios y beneficios económicos que nadie, y tampoco Rodríguez Zapatero, se han atrevido a tocar. Desnudaría que la “transición” diseñada por la burguesía franquista -empezando por la designación del rey, Juan Carlos de Borbón- fue orquestada por el Partido Comunista y el PSOE. Los mismos que, para evitar un desmadre, comienzan a proponer “una segunda transición” que impida que “se consolide otra crisis”. O sea, montar un nuevo pacto que impida que las masas avancen a un cuestionamiento profundo del régimen social que representa la democracia española.