A quince días del comienzo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la ciudad se encuentra completamente militarizada, con más de 41.000 soldados asignados a la seguridad, junto a miles de policías y agentes de seguridad privada, que totalizan 85 mil efectivos. Las favelas han sido militarizadas por la UPP (Unidad de Policía Pacificadora).

 

Este cuadro de represión, desarrollado bajo el pretexto de la amenaza del Estado Islámico y un posible ataque terrorista, se da en medio de una enorme crisis política y bajo la sombra de las multitudinarias protestas que, en oportunidad del mundial de fútbol de 2014, cuestionaron la corrupción en las obras.

 

Amnistía Internacional emitió una declaración sobre los Juegos Olímpicos de Río, donde comenta que las autoridades y organizadores vienen practicando las mismas políticas de seguridad públicAnchora que generaron, en el Mundial de 2014, un aumento de homicidios y violaciones de los Derechos Humanos. Se advierte también sobre la represión a las libertades básicas de expresión y manifestación durante los Juegos.

 

En los siete años de preparación de los JJ.OO., “han sido asesinadas por la policía 2.500 personas, solamente en la ciudad de Río de Janeiro” (www.equaltimes.org, 4/7).

 

El fortalecimiento del aparato de seguridad se ha colocado también al servicio de la represión de la lucha de los estudiantes secundarios, universitarios y trabajadores de la educación, que protagonizaron grandes levantamientos contra el alcalde de la ciudad. La ley antiterrorista, aprobada en marzo por la depuesta Dilma Rousseff, es un acicate más del armado represivo de los Juegos.

 

 Un negociado capitalista

 

El Mundial y los JJ.OO. han generado un proceso de incremento especulativo del precio de la tierra y de expulsión de los sectores más pobres del proletariado. Para la construcción de las instalaciones olímpicas, se debió evacuar a miles de familias, y se produjeron desalojos masivos, desplazamientos forzados, trabajo forzado; hubo también denuncias por trabajo infantil y se reprimió a los manifestantes.

 

El negociado de los Juegos fue iniciado por Rousseff y continuado por Temer.

 

Once trabajadores murieron en las obras (más de los que murieron en la construcción durante el mundial de fútbol) y los obreros denunciaron condiciones de trabajo precarias. En abril, un derrumbe de la ciclovía Tim Maia dejó dos muertos. La obra fue encargada a Concermat, empresa citada en el marco del Lava Jato. El alcalde de Río, Eduardo Paes, consultado sobre los muertos por el derrumbe de la clicovía, dijo: “That’s Life (así es la vida)” (La Nación, 22/7).

 

Según Folha de Sao Paulo, de las 20 compañías investigadas en el escándalo del “Petrolao”, cinco son adjudicatarias de obras, entre ellas Eike Batista y Odebrecht. Estas empresas participaron de la construcción de estadios para el Mundial de Fútbol, muchos de ellos verdaderos “elefantes blancos” perdidos en medio de la selva.

 

Distintas organizaciones indican que no se ha cumplido la descontaminación de la Bahía de Guanabara, donde se realizarán prácticas deportivas, poniendo en riesgo la salud de deportistas y ciudadanos. Ni que hablar de las posibilidades de un rebrote de Dengue y Zika. Algunos indican que los juegos costarán 15.000 millones de dólares, mucho más de los 2.524 millones presupuestados en 2009.

 

La factura de los ‘juegos olímpicos’ será transferida íntegramente a los explotados brasileños.