Se radicaliza en Bolivia la lucha contra la carestía

El viernes 18 de febrero, a pesar de la lluvia y el frío, más de 15.000 trabajadores se movilizaron ante el llamado de la Central Obrera Boliviana (COB) por un aumento del salario mínimo que cubra la canasta básica. Maestros urbanos y rurales, sanitarios, gremiales, fabriles, mineros, campesinos cumplieron de esta forma el primer paro nacional activo contra el gobierno de Evo Morales -en el que participaron sectores que se consideraban los principales aliados del residente.

La movilización se cumplió de manera parcial en las ciudades capitales de Potosí, Beni, Pando y Santa Cruz. En el occidente, también hubo actividades. Los gremios de Chuquisaca, Oruro y Tarija llevaron adelante la huelga y organizaron una marcha. Cochabamba quedó paralizada por completo por los bloqueos de obreros fabriles y maestros en puentes y distribuidores vehiculares. En La Paz, una movilización masiva paralizó el centro de la ciudad.

Los manifestantes en ciudades como Cochabamba gritaban “¡Evo, Evo cabrón!”, un estribillo que perteneció a los grupos de derecha. Quienes resucitaron la frase son, en muchos casos, simpatizantes del MAS o votantes incondicionales de Morales.

Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) hasta ahora habían apoyado al gobierno. El secretario ejecutivo de la COB, Pedro Montes, ligado políticamente al MAS, debió admitir que la protesta laboral era incontrolable e iba a ser rebasada a causa de la crisis provocada por el alza del costo de vida. “Por eso están saliendo a las calles, para hacer sentir su protesta por el hambre, la miseria, la desocupación y por tener el estómago vacío” declaró.

El magisterio urbano de Santa Cruz, la Confederación de Fabriles y otros gremios aspiran a un aumento salarial de por lo menos 30%. La consigna de un salario igual a la canasta familiar ha sido tomada por varios de los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB). La COB oficializó una demanda de 8.309 bolivianos (unos 1.100 dólares) para una familia de cinco personas. El salario básico asignado en Bolivia ronda apenas los 90 dólares.

Evo Morales respondió deslegitimando el planteo de la COB. El reclamo de salario igual a la canasta básica tiene una enorme tradición programática en Bolivia, sin efectos reales.

Aprovechando la desmovilización de los sindicatos en vísperas de la fiesta del Carnaval (muy popular en Bolivia) y la consternación ciudadana por las inundaciones que han afectado al país, el gobierno decretó un aumento salarial del 10% para los cuatro principales sectores públicos (Magisterio, Policía, Salud y Fuerzas Armadas), ajustando el salario mínimo nacional en un 20%.

Casi todos los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) rechazaron el incremento salarial y se encuentran en deliberaciones para convocar a un nuevo plan de lucha por un incremento no menor al 30%. Los representantes obreros advirtieron que no volverán a la mesa de diálogo hasta que el gobierno de Morales no anule el decreto 809, el cual pone un techo al incremento salarial (exactamente lo mismo que pretende el gobernador republicano del estado norteamericano de Wisconsin).

Esta es la primera protesta nacional, de carácter laboral, que enfrenta Evo -quien ya había enfrentado otra protesta con su intento fallido de elevar hasta en un 83 por ciento el precio interno de los carburantes (con la finalidad de “nivelar” los precios con los estándares del mercado internacional de petróleo). El ‘gasolinazo’ generó una espiral inflacionaria que se añade a la escasez de los principales productos alimenticios.

Como parte de su ataque, Evo Morales llamó a trabajadores de la COB a “pensar primero en la Patria” y acusó a los trabajadores de defender “intereses personales que no se ajustan a las necesidades de Bolivia”, desafiándolos a decidir si estaban “con el proceso de cambio” o si son “instrumentos de la derecha”. Morales, como el uruguayo Mujica, sostiene que el pueblo debe plegarse al gobierno que denominan ‘popular’ y no al revés: el gobierno cumplimentar las reivindicaciones del pueblo. El vicepresidente García Linera, responsable del gasolinazo, siguió el mismo libreto y señaló como los responsables de la crisis de precios a “tres canales de TV histéricos” y a los “trotskistas mentirosos y provocadores”, quienes sólo quieren derrocar al “gobierno popular” (ver Prensa Obrera Nº 1.166). Los primeros en bloquear caminos contra el gasolinazo de Navidad fueron, sin embargo, los cocaleros del Chapare. Ahora, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, controlada por el MAS, amenaza con radicalizar las protestas si el gabinete de Morales no contiene el alza indiscriminada de precios. La ruptura con el gobierno del MAS empieza a ser un tema de debate cada vez más frecuente en el seno de las organizaciones populares.

La derecha en Bolivia se encuentra diezmada por la radicalización de las masas. La rebelión popular contra un gobierno de pequeños burgueses centroizquierdistas -en general ex guerrilleros arrepentidos o traidores- no puede ser funcional a aquella, por la simple razón de que apunta a terminar con la explotación social -tanto de izquierda como de derecha.