Alrededor de las excavaciones para encontrar los restos de la nuera del poeta Juan Gelman, en Uruguay, se está intentando tejer una leyenda: la de Tabaré Vázquez como “defensor de los derechos humanos”.

Pero María Claudia García no fue la única desaparecida de la dictadura uruguaya. El hallazgo de los restos no llevará al juzgamiento de sus asesinos ni al de los secuestradores de su bebé. La información de los militares —parcial e incompleta— sobre el posible lugar de su entierro fue entregada como resultado de una negociación, nunca desmentida, de que no habría juicios.

Tabaré Vázquez y el Frente Amplio se comprometieron, también, a “respetar” y mantener la vigencia de la Ley de Caducidad, la versión uruguaya del Punto Final, que puso fin a los juicios a los represores dictatoriales. En 1985, el Frente Amplio había firmado el Pacto del Club Naval para respetar el pago de la deuda externa y no enjuiciar a los militares responsables de crímenes bajo la dictadura.

Más que la “búsqueda de la verdad”, lo que ha montado el gobierno frenteamplista —en acuerdo con el generalato— es un operativo de encubrimiento e impunidad. Ni un solo torturador, ni un solo asesino, ni un solo secuestrador de bebés irá preso en el Uruguay gobernado por la “izquierda”.

La función de este operativo político es terminar rapidito y de una vez por todas con los reclamos de los familiares y mantener la impunidad del aparato represivo. Pretende también abrir “una nueva etapa” en el Ejército para afrontar, despojado de “preocupaciones”, sus nuevas tareas represivas, como la “misión en Haití”. La enviada especial de Clarín (13/7) informa que en el Ejército “no hay autocrítica sino reivindicación de lo actuado”.

El diario frenteamplista La República (26/7) publica un editorial bajo el título de “Parece que no hay rumbo”, en el que se afirma que “después de cuatro meses de gestión (…) al gobierno le va demasiado mal y eso no es bueno para nadie (…) Uno se pregunta, ¿qué tan mal actuó el Frente Amplio en cuatro meses, para recibir mayor rechazo social que los colorados en las condiciones mencionadas?”. (Las “condiciones mencionadas” a las que se refiere el editorialista es la crisis bancaria y financiera de 2002.)

Lo que el nuevo gobierno ha hecho hasta ahora es un nuevo acuerdo con el FMI y sus consiguientes “planes de austeridad”, dio continuidad a la privatización del agua (a pesar del abrumador voto popular por su estatización), intenta privatizar (por “áreas de negocios”) la petrolera estatal, ha congelado los salarios, tiene a la firma un “acuerdo de inversiones” con los Estados Unidos, y ha fracasado su “plan social” de subsidios a los desocupados.