Este martes 19/3, desde el Partido Obrero y las bancas del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) participamos de una reunión con una importante delegación de querellantes y víctimas de la dictadura franquista en el Congreso Nacional. Estuvieron presentes las y los diputados nacionales del FIT-U (Romina Del Plá, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Christian Castillo), de la Coalición Cívica (Mónica Frade y Maximiliano Ferraro) y del Partido Socialista (Esteban Paulón), junto a dirigentes sindicales de Comisiones Obreras y de la CGT, expertos en la temática (antropólogos, etc.) y especialistas en la constatación de las atrocidades cometidas no solo durante la guerra civil española sino en todo el periodo dictatorial (1936-1977), e incluso en la llamada “transición”. Invitados del bloque de Unión por la Patria y otros bloques no se hicieron presentes.

La delegación de querellantes y víctimas de la dictadura franquista llegó a Argentina para entrevistarse con la jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, que tiene a su cargo una causa abierta por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y el Estado español. Al igual que sucedió en la Argentina bajo la última dictadura cívica militar, hubo miles de secuestros, desapariciones, asesinatos, torturas, robo de bebés, trabajo esclavo, y otras atrocidades cometidas. Se estima en 250.000 mil las víctimas – NN- acerca de las cuales aún no se termina de conocer su identidad y menos aún la de sus asesinos y torturadores. Se han encontrado fosas comunes con centenares de cuerpos, pero los equipos forenses no pueden avanzar en las tareas de exhumación de los cuerpos por falta de presupuesto adecuado para llevar adelante esta tarea.

La lucha por el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad

En octubre de 1977, como parte de la llamada “transición” de la dictadura franquista hacia la “democracia”, en España se aprobó una Ley de amnistía que terminó funcionando además como una ley de “punto final”, dando por cerrado la investigación y el enjuiciamiento de los ejecutores de dichas salvajes violaciones a los derechos humanos. Los distintos gobiernos españoles han sostenido que los crímenes juzgados “ya prescribieron en España”, amparándose en esa ley para negarse a abrir los archivos del Estado, que echarían luz sobre la salvaje represión y genocidio ejercido por la dictadura franquista. Inclusive, los gobiernos progresistas españoles hacen oídos sordos, siendo cómplices del silencio con que se quiere enterrar la lucha por la verdad y la justicia que vienen desarrollando las víctimas y familiares.

En sintonía con este reclamo, en enero de 2009, el Comité de Derechos Humanos de la ONU amonestó a España por el “mantenimiento efectivo de la Ley de Amnistía” de 1977, y alertó que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y las amnistías “relacionadas con violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto al que adhirió el Estado español”. En aquel entonces, el gobierno español respondió cuestionando la competencia del Comité en este asunto y recordando que la Ley de Amnistía española fue una demanda de toda oposición al franquismo que contribuyó a la transición a la democracia.

Los querellantes españoles que vienen organizándose hace años por la verdad y la justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil española y la dictadura franquista, representan a diversas organizaciones democráticas, integradas mayoritariamente por víctimas de la represión de la etapa de “transición” y por hijos, nietos y familiares de las víctimas que reclaman conocer la verdad  sobre sus familiares y que han viajado para brindar testimonios en la causa que se lleva en el juzgado de Servini de Cubría.

El bloque de diputados argentinos presentes en la reunión se comprometió a impulsar una resolución a favor de los querellantes españoles en la Cámara de Diputados de la Nación e impulsar otros pronunciamientos que ayuden a potenciar el conocimiento de esta lucha y a presionar sobre el parlamento, la justicia y el gobierno español.  Asimismo, la diputada Romina Del Plá denunció la ola represiva que está descargando el gobierno de Milei sobre los trabajadores y el movimiento piquetero que defienden sus derechos y las organizaciones populares y democráticas que se movilizan.

El próximo 24 de marzo, a 48 años de la última dictadura cívica militar, los “gallegos” marcharán con sus reclamos contra el gobierno negacionista, hambreador y represor de Milei y por las libertades democráticas, junto a miles que vamos a copar las calles en homenaje a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. La lucha por la verdad y la justicia, contra la impunidad de ayer y de hoy, trasciende fronteras y nos hermana con los luchadores españoles por la verdad y la justicia.

¡Toda nuestra solidaridad!

https://prensaobrera.com/internacionales/hay-un-modelo-de-impunidad-que-protege-amplios-sectores-del-poder