En el marco de una fuerte crisis política, renunció en Suecia el premier socialdemócrata Stefan Löfven, luego de que el parlamento aprobara una moción de censura contra su persona. El proceso de negociaciones que se abrió a partir de este suceso, con el fin de encontrar un nuevo jefe de gobierno, tiene hasta el momento un resultado incierto. Su fracaso podría conducir a la convocatoria de elecciones anticipadas, algo que no ocurre en el país escandinavo desde 1958.

El escenario político que se ha configurado en Suecia encuentra su detonante en la propuesta de liberalización de precios de los alquileres para las viviendas de nueva construcción que hiciera el gobierno semanas atrás. Este ha sido uno de los puntos programáticos incluidos en el llamado “Acuerdo de Enero”, que fue firmado en 2019 por los dos partidos de la coalición gubernamental (Socialdemocracia-Partido Verde) y los dos centroderechistas (Partido del Centro y Liberales) para lograr la investidura de Löfven y aislar al ultraderechista Demócratas de Suecia (DS).

En este cuadro, el Partido de la Izquierda (de pasado stalinista) retiró su apoyo al gobierno, dejándolo en minoría parlamentaria. Los “izquierdistas” no formaban parte del gobierno rojiverde, pero facilitaron en 2019 el encumbramiento del primer ministro absteniéndose en la votación.

La coalición rojiverde y las dos formaciones centroderechistas ensayaron un intento de acuerdo con el Partido de la Izquierda, que consistía en que las partes afectadas (las asociaciones de propietarios, inquilinos y de compañías de vivienda pública) negocien una propuesta alternativa, con plazo hasta septiembre. La líder del partido, Nooshi Dadgostar, rechazó la oferta señalando que la única forma de evitar una moción de censura era retirando la reforma de marras.

Sin embargo, el impulso a la moción de censura ha terminado en manos de los ultras de DS, la cual ha sido acompañada por el Partido de la Izquierda, y, asimismo, por las otras dos formaciones opositoras, los Conservadores y los Demócratas Cristianos. Estas dos fuerzas, contradictoriamente, son partidarias de la desregulación de los alquileres, pero han aprovechado la ocasión para tumbar al gobierno a sabiendas de que las negociaciones pueden dar luz a un gobierno de carácter conservador.

La posición del Partido de la Izquierda, a saber, presentarse ante las masas como un defensor del estado de bienestar (sic), es ante todo un encubrimiento de su política de adaptación a la socialdemocracia. Su papel en la arena política nacional ha consistido todo este tiempo en colaborar con los gobiernos socialdemócratas.

Así las cosas, se ha abierto un periodo de negociaciones que estará atravesado por fuertes disputas políticas. El presidente parlamentario, Andreas Norlen, del Partido Moderado, ha ofrecido a Ulf Kristersson, del mismo partido, la posibilidad de formar un nuevo gobierno en aras de evitar la celebración de elecciones anticipadas. Este podría aliarse con los Democristianos y los ultraderechistas Demócratas Suecos, y todo parece indicar que se anotará el apoyo del Partido Liberal. El Partido del Centro, en cambio, ha advertido que “no respaldará ningún gabinete apoyado por la ultraderecha” (Infobae, 29/6). Por otro lado, la socialdemocracia intentará también constituir una mayoría, apelando a la centroderecha y/o al Partido de la Izquierda y los verdes.

Si la intención de poner en pie un nuevo gobierno fracasa y se avanza hacia elecciones anticipadas, los comicios nacionales que están pactados para septiembre del próximo año, según la Constitución sueca, no podrán evitarse. Mientras tanto, el gobierno continuará ejerciendo el poder como gobierno interino.

Reforma de alquileres

La crisis habitacional en Suecia ha tomado características brutales, dos tercios de los municipios informan escasez de viviendas y existen listas de espera para alquilar de décadas. El mercado inmobiliario se encuentra regulado por el gobierno desde lo que fue el auge del modelo de bienestar, promovido en los años ochenta por el ex primer ministro Olof Palme. Al calor de la especulación capitalista, se ha formado una burbuja inmobiliaria sin precedentes, fundamentalmente en Estocolmo (capital). Las interminables listas de espera, entretanto, han ido pavimentando el camino para la creación de un mercado paralelo con precios mayores.

Con la legislación actual, los precios de los alquileres son fijados a través de un acuerdo entre los propietarios y la Asociación Sueca de Inquilinos, donde se toma como referencia el “valor de utilidad”, que se calcula sobre la base de las características de la vivienda y su localización (El Confidencial, 20/6). Si la reforma hubiese prosperado, se permitiría a los propietarios ajustar el precio de las viviendas de acuerdo a la inflación y a la especulación de la tierra, lo que conduciría a un encarecimiento.

La Asociación Sueca de Inquilinos ha dicho que si bien la reforma urdida por el gobierno apunta a desregular los precios de las viviendas a construir, esto sería tan solo el puntapié inicial para avanzar hacia una liberalización de alcance general.

La falta de viviendas ha llevado a la población a subalquilar, es decir, a tomar en arriendo una habitación al inquilino principal; la alta demanda de esta práctica ha producido una suba de los precios de este tipo de alquileres.

Ajuste

La tentativa del premier sueco constituye un episodio más de la deriva anti obrera de la Socialdemocracia sueca y mundial en su conjunto. La coalición rojiverde ha estado desarrollando una política de fuerte ataque contra las masas, esto es, destrucción de los derechos laborales (reducción de las indemnizaciones, etcétera), recorte del gasto público, despidos, y todo tipo de exenciones impositivas para la burguesía. Además, ha continuado dándole cabida al proceso de privatizaciones que se viene desenvolviendo a todo vapor desde la década de 1990. El resultado de esta política se ilustra de forma cristalina, por ejemplo, en la tasa de desempleo concerniente a este último periodo, que ha asumido niveles que no tienen parangón alguno; en mayo de 2020, esta era de un 8,6 por ciento, y alcanzaba un 28 por ciento en los jóvenes de entre 16 y 24 años.

El desmantelamiento del “estado de bienestar” pegó un salto cualitativo en los noventa tras el impacto de la crisis bancaria y la recesión, con su desenlace en un rescate del capital bancario por parte del Estado. La integración de Suecia a la Unión Europea, asimismo, ha reforzado las políticas de austeridad. A su vez, la economía nacional ha venido teniendo como uno de sus principales motores a la industria armamentística, terreno en el cual Suecia se ha convertido en el tercer exportador de armas per cápita del mundo, luego de Israel y Rusia. Desde su lugar como socio de la OTAN, ha suministrado de pertrechos militares a todo tipo de regímenes represivos y reaccionarios, entre ellos Arabia Saudita, Tailandia o Egipto.

La orientación del gobierno para afrontar la pandemia de coronavirus, por otro lado, fue desastrosa; Löfven llevó adelante una política de “inmunidad colectiva” que condujo a que, en un país con 10 millones de habitantes, más de un millón de personas se infecten y más de 14.200 fallezcan. Al mismo tiempo, ha sometido a los trabajadores de la salud a un régimen de trabajo precario y con salarios bajísimos.

Frente a la crisis política abierta y al ajuste del gobierno, los trabajadores deben construir una alternativa propia para que no sean ellos quienes paguen la crisis.

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