El 7 de diciembre de 2003, casi el 60% del pueblo uruguayo votó en un referéndum contra un proyecto de privatización de la empresa estatal de petróleo, alcoholes y portland (Ancap).

Un año y medio después, el gobierno centroizquierdista de Tabaré Vázquez impulsa la violación de ese mandato popular, a través de la “asociación” con capitales privados. El presidente de Ancap confirmó que “la empresa petrolera brasileña Petrobras, la venezolana PDVSA y una firma rusa expresaron interés de asociarse” con la empresa uruguaya (Ambito, 14/6). Como una privatización del conjunto de la empresa sería difícil de concretar ante la oposición de los trabajadores, el planteo del gobierno de centroizquierda es privatizarla “por áreas de negocios” (refinería, fábricas de portland, alcohol).

El Frente Amplio pretende reincidir en la violación de la soberanía popular: el 31 de octubre el 65% de los uruguayos votó en un plebiscito la estatización del agua potable y el saneamiento en todo el territorio, lo que acaba de ser olímpicamente desconocido por el decreto gubernamental del 20 de mayo, firmado por Vázquez y la totalidad de los ministros (incluyendo a la ‘comunista’ Marina Arismendi y al ‘tupamaro’ José Mujica). El decreto mantiene la concesión a la empresa privada Aguas de la Costa en Maldonado, hasta el 2018. Esto ha generado la oposición de los sindicatos y los pobladores de esa localidad, y la formación de comisiones barriales que reclaman el cumplimiento del resultado del plebiscito. El miércoles 22 partirá una caminata de vecinos de Maldonado que llegará a Montevideo el lunes 27, donde se realizarán actos frente a la casa de gobierno y el parlamento, reclamando la anulación del decreto que defiende a las privatizadas.

El diario frenteamplista La República informa que el viceministro de Economía, Mario Bergara, se jactó en Washington de que en Uruguay “está abierto el campo para seguir haciendo reformas”. Ante un selecto auditorio, y en un seminario organizado por el Banco Mundial y el BID, Bergara aseguró que con el gobierno del Frente Amplio ya no habrá plebiscitos contra las privatizaciones: “Ahora sería mucho más difícil pensar en que alguien pueda activar mecanismos de democracia directa. O sea que a votar en contra del tema de la empresa de petróleo, no porque la asociación esté mal sino porque los que lo van a hacer son ellos. En cambio ahora, que lo vamos a hacer nosotros, lo podemos apoyar” (12/6).

En esta línea privatizadora, el gobierno ha permitido la negociación entre el grupo Gaz de France con Petrobras, para traspasar el control de la empresa Gaseba (distribución de gas en Montevideo), y apunta en el mismo sentido respecto de la aerolínea Pluna, que pasaría de manos de Varig a la británica Ashmore (que se ha abierto de la empresa Uair, luego de haberla fundido).

Esta política ha generado las protestas de los sindicatos estatales, que rechazaron la entrega al sector privado de nuevas bandas para telefonía celular, así como la pretensión de privatizar el ferrocarril.

Frente a las protestas sindicales y políticas contra el decreto sobre el agua, el inefable ministro de Agricultura ‘tupamaro’, José Mujica, declaró: “A mí me importa tres pepinos lo que digan los gremios, yo hago lo que le conviene a mi pueblo en general, que le voy a regalar plata de mi pueblo, le voy a poner impuestos a mi pueblo para tener un pleito con una empresa de gringos para tener que pagarles después una cantidad de guita, eso es de mogólicos” (La Juventud, 26/5). Hay que señalar que el plebiscito sobre el agua determinó que no se indemnizará el lucro cesante de las privatizadas, sino únicamente las “inversiones no amortizadas”, por lo que los ‘gringos’ no tienen ninguna posibilidad de ganar ningún ‘pleito’. Pero Mujica, quien había declarado que el tratado colonial de inversiones con EE.UU. era un “pan podrido” que estaba dispuesto a comer, también demuestra su apetito por la comida en descomposición en lo referente al agua.

Tabaré Vázquez también acordó con Kirchner y Lula la participación en el proyectado gasoducto desde Bolivia, es decir, en la explotación de las riquezas naturales bolivianas por los monopolios energéticos. El pretexto del centroizquierdismo es que Uruguay es importador de petróleo y gas natural, por lo que no tiene otra opción que asociarse a las multinacionales.

La única salida obrera y de izquierda es apoyar la revolución boliviana por la nacionalización de los hidrocarburos, y luchar por la estatización del petróleo y el gas desde México hasta la Argentina, para poner esos gigantescos recursos naturales al servicio de América Latina.