El diario de la guerra librada por los capitalistas contra los trabajadores en Brasil suma ahora una nueva página, con una reciente resolución del gobierno de Michel Temer que allana la explotación de trabajo esclavo y protege a los empresarios.

 

Mediante una disposición ministerial, el gobierno alteró en primer lugar la definición misma de “trabajo esclavo”, que hasta el momento involucraba “reducir a alguien a una condición análoga a la esclavitud, sometiéndolo a trabajos forzados o de jornada exhaustiva, condiciones degradantes, o restringiendo su capacidad de moverse por razón de deuda contraída con el empleador” –según el Código Penal Brasileño. Ahora, en cambio, se establece que solo se podrá sancionar al empleador cuando haya “restricción de la libertad”; e incluso esto, en un sentido restringido: “antes, impedir que alguien abandone determinado lugar en que es forzado a ejecutar tareas en situaciones degradantes era esclavitud. A partir de ahora, solo será esclavitud cuando se emplee el uso de la fuerza o haya vigilancia armada para impedir que el trabajador abandone el local” (Página/12, 18/10).

 

En cuanto a los controles estatales, “los inspectores deberán concurrir a hacer los controles acompañados por policías y deberán encontrar y documentar un caso de trabajo esclavo antes de denunciarlo” (La Diaria, 17/10) –es decir, presentar documentos y fotografías que prueben la situación vejatoria.

 

Por último, la inclusión de los empresarios en la llamada “Lista Sucia”, un registro público de las firmas explotadoras de trabajo esclavo, pasará ahora a quedar sujeta a criterio del ministro de turno. Sumado a esto, “antes los integrantes de la lista eran obligados a pagar deudas laborales e indemnización a las víctimas. Además, su nombre quedaba registrado por al menos un año. Ahora, los que practiquen trabajo esclavo ya no tendrán ninguna obligación frente a sus víctimas. Los pobres miserables tendrán que recurrir, por su cuenta, a la justicia, lo que jamás ocurrirá” (Página 12, ídem).

 

Según un informe de la ONG "Walk Free", al año 2016 existían en Brasil 161.000 trabajadores en condiciones de esclavitud. La mayoría de las víctimas son “jóvenes de 15 a 30 años, analfabetos, provenientes de zonas pobres y llevados a plantaciones de soja o caña de azúcar o a minas con una promesa engañosa de buenos salarios” (Infobae, 19/10). La esclavitud prolifera también en la actividad maderera y en la recolección del caucho, y, en el medio industrial urbano, pican en punta la construcción y la industria textil.

 

Frente a las críticas, Temer dijo que era "muy probable" que se incorporasen algunas reformas más bien cosméticas, como la creación de una Comisaría Especializada en trabajo esclavo. Sin embargo, el ministro de Agricultura y megaempresario sojero Blairo Maggi defendió enfáticamente la resolución original.

 

Ataque a la clase obrera

 

Los medios atribuyen la medida al afán de Temer de garantizarse el favor de la “bancada ruralista” –que representa a los terratenientes del país y cuenta con 200 de los 531 diputados de la Cámara baja– y blindarse frente a las denuncias de corrupción.

 

Pero no es sólo eso. Este ataque se inscribe en la línea de la reforma laboral aprobada meses atrás en el Parlamento brasileño, que ha sido adoptada como referencia por los explotadores del continente, como lo mostraron los reclamos en este sentido del empresariado argentino en el Coloquio de Idea.

 

Contra la disposición de Temer protestaron los ex presidentes Dilma Rousseff y Fernando Cardoso. Lo cierto es que bajo sus mandatos se expandió el agronegocio a costa de la depredación del Amazonas y de los campesinos y pueblos originarios, y se sostuvo la impunidad de los esclavistas: “desde 1997, cerca de 2.500 empresarios fueron pillados cometiendo este crimen. Sin embargo, ninguno de ellos ha cumplido su pena hasta el final” (El Confidencial, ídem). En los últimos años del gobierno del PT se produjo una caída significativa de las fiscalizaciones (El Confidencial, 17/5/16) y el organismo a cargo sufrió una fuerte reducción presupuestaria, al punto de que en agosto agotó sus recursos para todo el 2017.

 

Algunos sectores del Parlamento Europeo han expresado sus críticas, pero multinacionales como Nestlé y Jacobs Douwe Egberts (con sede en Suiza y Holanda, respectivamente) son grandes beneficiarias de la explotación esclava en las plantaciones cafeteras del Brasil (ídem).

 

La burocracia de los principales sindicatos se limitó a emitir un comunicado criticando la resolución y no adoptó ninguna otra medida.

 

La única que puede y debe tomar en sus manos la lucha contra este mazazo es la clase obrera brasileña y latinoamericana, en la perspectiva de una lucha a fondo contra la reforma laboral en el subcontinente, por la caída de Temer y por una salida independiente de los explotados.

 

 

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