Internacionales
6/7/2000|672
‘Tolerancia cero’ con los campesinos y la revolución
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El Senado norteamericano acaba de aprobar una financiación de 1.300 millones de dólares para el llamado ‘Plan Colombia’. Esta será utilizada para la compra de helicópteros de combate y para el pago de asesores yankis que entrenarán ‘batallones antidroga’ colombianos.
Los campesinos denuncian que la fumigación con pesticidas de vastas zonas cocaleras, que establece el ‘Plan Colombia’, envenenará la tierra y el agua, destruirá todo tipo de cultivo, no sólo la coca, y matará al ganado: exactamente eso es lo que ha venido sucediendo en estos años. "Si quieren acabar con la coca, que nos den carreteras, que nos ayuden a comercializar nuestros productos, denuncia ‘un campesino sin nombre’..." (El País, 30/6). Pero esto es lo que ni el imperialismo ni la burguesía colombiana le pueden dar a los campesinos: no hay fondos para la ‘reconversión’ de los cultivos ni, tampoco, mercados para la producción colombiana.
El imperialismo plantea, sencillamente, la expulsión de sus tierras envenenadas de un cuarto de millón de familias. "Nos quieren sacar de nuestras tierras", denuncia otro dirigente campesino (ídem). Para un dirigente de las Farc, "el ‘Plan Colombia’ (...) busca ganar acceso a los recursos estratégicos del Amazonas colombiano" (The Wall Street Journal, 23/6). Precisamente por esto el ‘Plan Colombia’ pone en evidencia la completa incompatibilidad entre la sobrevivencia del campesinado colombiano y el ‘plan de paz’ con el imperialismo que proponen las Farc.
Esta incompatibilidad se ha puesto de manifiesto en el fracaso de la reunión internacional promovida por las Farc para impulsar un planteo alternativo al ‘Plan Colombia’. Celebrada a fines de junio en la selva colombiana, participaron de ella representantes de todos los gobiernos de la Unión Europea, de los gobiernos de Japón, Canadá, México, Brasil y Venezuela, y hasta representantes del Vaticano. El planteo de las Farc de impulsar un plan de sustitución de cultivos, bajo su propia dirección y financiado y controlado por las potencias extranjeras, fue rechazado de plano por los participantes. Al contrario, "los Estados de la Unión Europea contribuirán con el ‘Plan Colombia’ (...) y se espera que su contribución empareje o supere la de los Estados Unidos" (The Guardian, 2/7).
Una salida contrarrevolucionaria
El objetivo del plan norteamericano-europeo es "recuperar el control del Estado sobre los centros de producción de coca" (Financial Times, 22/6), es decir, reconstruir el Ejército. Las contradicciones que enfrenta este ‘plan’ explican las estrictas condiciones que se han puesto en el Senado norteamericano para aprobarlo.
La selección del personal militar colombiano que integre los ‘batallones antidroga’ será realizada por los propios norteamericanos: ya en la primera ‘selección’ fue dejada afuera una media docena de militares que habían sido juzgados por violaciones a los derechos humanos, lo que revela el intento de reconstruir también políticamente al Ejército colombiano. Un eventual fortalecimiento del Ejército frente a la guerrilla y los campesinos haría ‘innecesarias’ las organizaciones militares paralelas.
Los "funcionarios estadounidenses revis(arán) cada misión que involucre a los helicópteros donados" (The Wall Street Journal, 23/6). Este control tiene que ver con los peligros, advertidos por el obispo de Caguán, de que "si los Estados Unidos dan curso al ‘Plan Colombia’ y Pastrana accede a fumigar las plantaciones de coca, tememos que esto sea otra Revolución Cubana" (La Nación, 17/5). Estos peligros explican también la rápida aceptación norteamericana del fraude de Fujimori en Perú y el acuerdo militar que acaban de suscribir Estados Unidos y Brasil, el primero después de 25 años. El ‘Plan Colombia’ es la réplica, en América Latina, de la política interna de ‘tolerancia cero’: una brutal escalada represiva en el cuadro, y bajo la cubierta, de las institucuiones democráticas.
En este marco, las ‘negociaciones de paz’ pueden arrojar, en el mejor de los casos, resultados similares a los acuerdos de Contadora en América Central, en la década pasada, que sirvieron para desarmar a los grupos guerrilleros ante el imperialismo, pero que no resolvieron ningún problema social de las masas.
Pero Colombia no es América Central. Las condiciones revolucionarias de Colombia están determinadas por la situación sin salida de millones de campesinos, por la desintegración del régimen político y por la impasse de una economía dependiente en el cuadro de una gigantesca crisis mundial del capitalismo. El ‘Plan Colombia’ es un intento del imperialismo mundial y de la propia burguesía nacional por imponer una salida contrarrevolucionaria a la crisis colombiana.