Como parte de las políticas de ajuste contra los trabajadores que en Europa son impulsadas por la imperialista Unión Europea (UE) -un equivalente del FMI- se han ido imponiendo reformas laboras antiobreras. En España, fue el gobierno de José Luis Zapatero del centroizquierdista PSOE quien puso en marcha la primera en 2010. Lo que fue acrecentado drásticamente por la reforma del 2012 decretada por el gobierno de Mariano Rajoy del derechista Partido Popular (PP).

Con estas se hizo tabla rasa con infinidad de conquistas de los trabajadores, imponiendo la flexibilidad y precariedad laboral.

En los trabajadores españoles el reclamo por la anulación de estas reformas antiobreras y la recuperación de sus conquistas ha sido una bandera permanente. Esta ha sido –justamente- una de las banderas de agitación electoral levantadas por el PSOE y Unidas Podemos. El gobierno frentepopulista actual de esta coalición está sometido constantemente al reclamo de trabajadores para que se anulen las reformas laborales antiobreras, como había prometido en la campaña electoral.

A principios de año, la “Mesa de Diálogo Social” constituida por el gobierno, las centrales sindicales nacionales (la socialista UGT y la de origen comunista CCOO, Comisiones Obreras) y la central empresaria (CEOE) llegaron a un “acuerdo” anunciando con bombos y platillos la derogación de la reforma laboral. Esto fue ensalzado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del PC, que piloteó todo el “acuerdo”.

Pero se trata de un cambio gatopardista: modificar algunos ángulos secundarios para legalizar todo el edificio avasallador de los derechos obreros. Por ejemplo, se devuelve el principio de ultraactividad en las negociaciones sindicales. Es un principio mínimo, elemental, por el cual no se puede imponer cláusulas que son menores a las que conquistó el movimiento obrero. Pero esto sería para el futuro: porque toda la pérdida de conquistas no es restituida.

Se han dejado en pie todos los acuerdos de reducción de costos patronales frente a los despidos. En los cálculos indemnizatorios por despido se ha institucionalizado la pérdida del pago de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 años frente a los 42 que estaban vigentes. Tampoco se pagan los “salarios de tramitación”, los días no trabajados en que se ha apelado el despido. Lo cual incita a las patronales a despedir y judicializar sin costo alguno. Se mantiene la precariedad laboral, legalizando la contratación laboral en convenios “tercerizados”. E incluso se avanza en una “nacionalización” de los convenios que actúan como un techo (y no un piso) frente a convenios locales –que suelen ser superiores- en Cataluña, Galicia, el País Vasco, etc. Se mantiene el paraíso de los contratos temporales y el posterior despido de trabajadores no requeridos.

Esto ha sido saludado por Yolanda Díaz como un “acuerdo histórico”, avalado por Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y las centrales sindicales burocráticas UGT-CCOO. Pero los sectores combativos del movimiento obrero lo han caracterizado como una “estafa”. La central empresaria lo avaló porque termina de institucionalizar los fuertes avances antiobreros y antisindicales de las reformas laborales. La UE ha dado su visto bueno a esta reforma.

El acuerdo fue presentado por un decreto que el 28 de enero debiera ser ratificado a libro cerrado por el Parlamento. No por un proyecto de ley que habilitaría a un debate para introducir reformas. La central empresaria retiraría en ese caso su “acuerdo”, porque teme que se abra una “caja de Pandora”. Los partidos derechistas (PP, Vox) han planteado que votarán en contra. El gobierno PSOE-Unidas Podemos quiere con este decreto-acuerdo demostrar que puede ganar el favor de los grandes capitalistas.

Como reaseguro por la eventual deserción de algún diputado de la coalición gubernamental, se está negociando el voto de la derechista Ciudadanos, que ha comprometido su voto si no se modifica una coma del decreto.

Pero numerosos sectores sindicales se han opuesto. Grandes organizaciones sindicales catalanas, vascas, gallegas han sacado pronunciamientos y anunciado medidas de movilización contra el decreto institucionalizador de la reforma laboral, por su total derogación. Lo mismo un frente de organizaciones sindicales de Sevilla y numerosos sectores de la oposición antiburocrática dentro de la UGT y CCOO.

Al otro lado del Atlántico

En la última semana, Lula, dirigente del Partido de Trabajadores (PT), ha realizado una conferencia abierta pública desde Brasil con dirigentes del PSOE y las centrales sindicales. No solo para apoyar la “iniciativa” del gobierno frentepopulista español y la capitulación de las centrales sindicales dirigidas por la burocracia, sino para levantarla como ejemplo de lo que haría en caso de ganar la próxima elección de octubre y asumir un nuevo gobierno.

Particularmente, el gobierno golpista de Michel Temer (que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff del PT) sancionó una reforma laboral antiobrera que anuló numerosas conquistas obreras, lo que fue defendido y profundizado por el gobierno fascistoide de Bolsonaro, que constantemente agrega nuevos ataques contra los trabajadores. Las patronales han impuesto, por ejemplo, en numerosas ramas, que solo pagarán salarios de los tiempos efectivamente trabajados, dividiendo arbitrariamente la jornada de trabajo, sin remunerar los tiempos muertos.

Durante años las burocracias sindicales de las centrales obreras (CUT, etc.) y el PT han rehuido dar una lucha en defensa de las conquistas obreras, contra su avasallamiento por gobierno y patronales, aduciendo que cuando el PT volviera al gobierno todas esas reformas antiobreras serían derogadas. Y han aislado numerosas expresiones de lucha de los trabajadores (huelga nacional de los trabajadores del Correo, etc.).

Pero Lula –que va primero en las encuestas electorales- quiere dar todo tipo de garantías a las clases dominantes de que su presidencia no sería de ninguna manera un gobierno de agitación obrera y popular, sino que su propósito es contener la caldera social a punto de estallar en Brasil y encauzarla institucionalmente defendiendo el grueso de las conquistas antiobreras impuestas por Temer y Bolsonaro. El público apoyo de Lula a la derogación “a la española” de la reforma laboral antiobrera, no es solo un servicio al régimen ibérico, sino un anuncio preventivo para no crear ningún tipo de ilusiones en la militancia sindical. El mismo papel de garantía al sistema lo da su propuesta de colocar al derechista (y golpista) Geraldo Alckmin del PSDB, como su candidato a vicepresidente, dando así garantías de su eventual sucesión (como hizo Temer, que siendo vice de Dilma, la destronó).

La vanguardia obrera y la izquierda deben denunciar que un nuevo gobierno de Lula y el PT estará incluso a la derecha del anterior. Y que lo fundamental es organizarse en forma independiente. “La liberación de los trabajadores vendrá de los trabajadores mismos”. Construyamos partidos y agrupamientos sindicales de independencia de clase. Abajo las reformas laborales antiobreras en España, Brasil, Argentina y en todo el mundo.