Enmarcada por las huelgas de trabajadores estatales (ferro­viarios, del transporte urbano, de la electricidad, docentes y no docentes universitarios), la huelga de los petroleros brasile­ños ha entrado en su tercera se­mana.

Con las principales plantas de refinación paralizadas y ocu­padas por sus trabajadores, el movimiento no da señales de decaer. Todo lo contrario, en las últimas horas han retomado la huelga los trabajadores de la refinería de Capuava, que ha­bían vuelto al trabajo, y se pre­paran asambleas en todos los buques de la flota de Petrobras para sumarse a la huelga. Se reclama el cumplimiento del acuerdo salarial de fines del año pasado y el rechazo de la en­mienda constitucional de “des­monopolización petrolera” que pretende imponer la privatiza­ción de las áreas más rentables —la refinación, la distribución y el transporte.

La justicia laboral declaró ilegal la huelga, impuso una multa millonada al sindicato y hasta anuló el acuerdo salarial firmado hace apenas seis meses; la empresa despidió a más de cincuenta trabajadores y el go­bierno hizo Saber que unidades militares de elite estaban prepa­radas para “recuperar” las refi­nerías. Al mismo tiempo, autori­zó la importación masiva de pe­tróleo y derivados.

A pesar de todo esto, “infor­maciones recogidas por los mili- tares… hablan de la disposición de la mayoría absoluta de los petroleros, mucho más sólida y extremada de lo que suponía el gobierno y de la expectativa de perturbaciones urbanas en el caso de que los derivados de pe­tróleo se tornen muy escasos, lo que sería inevitable si perdura­ra el impasse” (Folha de Sao Paulo, 17/5). Esto explica que Cardozo haya anunciado que estaba dispuesto a reincorporar a los despedidos y pagar los días caídos si los petroleros volvían al trabajo. “El gobierno retrocede y acepta negociar”, caracterizó la Folha de Sao Paulo (19/5). Pero tampoco esto logró que­brar la huelga.

El conflicto forma parte del plan general del gobierno de liqui­dar la legislación laboral y social (comenzando por la ya anunciada privatización de la previsión so­cial) y proceder a privatizacio­nes generalizadas (telecomunica­ciones).

Frente a una lucha obrera de tal envergadura y tan decisiva, la di­rección del PT —y Lula perso­nalmente— se han ofrecido como “mediadores”. Los líderes de la bancada parlamentaria del

PT han formado, junto con los de las bancadas oficialistas, del PSDB y el PMDB, una comisión para “acercar” al gobierno y a los sindicatos. El declarado objetivo de esta comisión es encontrar una “salida honorable par los sindicatos”, es decir, una excusa que justifique el levantamiento de la huelga.

Los metalúrgicos del “ABCD paulista” (el cordón in­dustrial que rodea a San Pablo) ya han anunciado que comenza­rán con manifestaciones y huel­gas de solidaridad con los petro­leros. Está planteada la huelga general para derrotar al gobier­no privatizador y entreguista.