La campaña de arrestos y deportaciones de migrantes lanzada por el presidente estadounidense Donald Trump en su discurso de asunción, el 20 de enero, se acentuó en los últimos días con un salto en la cantidad de capturas y el anuncio presidencial de la habilitación de la infame cárcel de Guantánamo (en territorio cubano) para encerrar allí hasta 30 mil indocumentados.

De acuerdo al Washington Post, un Trump desconforme con los primeros resultados del plan (algunos centenares de detenciones diarias, promedio similar al del último año de la administración Biden) ordenó incrementar drásticamente los números, llevándolos a más de 1.000 casos diarios, lo que fue alcanzado el sábado 25 y domingo 26.

La presión presidencial sobre los agentes de migraciones (que actúan con el apoyo del FBI, la DEA y el cuerpo de comisarios, entre otros organismos estatales) para que eleven la cantidad de arrestos genera todas las condiciones para detenciones indiscriminadas y violaciones a granel de los derechos humanos. En algunos lugares, como Nueva Yersey, ya hay denuncias de detenciones sin orden judicial, hechas casi al voleo. El discurso del gobierno, por lo demás, pavimenta el camino. Los migrantes son comparados con hordas delincuenciales que invaden el país.

Para comprobar la tónica deshumanizante del discurso oficial, basta un ejemplo. Desde una de las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Nueva York, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tuiteó, acompañando las imágenes de un detenido, acusado (ni siquiera condenado) de robo, asalto y secuestro: “basura como esta continuará siendo retirada de nuestras calles”.

Desde la llegada del magnate a la Casa Blanca, estas son algunas de las principales resoluciones en esta guerra contra los migrantes:

Se dictó la emergencia nacional en la frontera sur, que posibilitará el despliegue del ejército y la Guardia Nacional en el límite con México (aún no está claro si intervendrán directamente en los arrestos) y el destino de más fondos para la construcción del muro limítrofe;

Se eliminó una norma que impedía la detención en lugares sensibles como escuelas, lugares de culto y hospitales;

Se aprobó la llamada ley Laken Riley, que habilita la deportación de migrantes ilegales acusados de cometer delitos, aun sin estar condenados;

Un decreto presidencial allana el camino para capturar y deportar estudiantes extranjeros que participaron de protestas pro-palestinas en campus universitarios a lo largo de 2024;

Se restauró el programa “Quédate en México”, suspendido en 2022, que obliga a los migrantes a esperar en el Estado azteca mientras se tramitan sus pedidos de asilo;

Los vuelos de deportación se empezaron a hacer con aviones militares.

Este último punto ganó la atención de todos los medios internacionales. El gobierno estadounidense fletó en condiciones indignas a cientos de migrantes a Guatemala, Colombia y Brasil, entre otros países. Los migrantes brasileños que viajaron en un avión militar hasta Manaos (estado de Amazonas) no recibieron agua, no podían usar el baño y fueron atados de pies y manos durante el trayecto.

Los casos de Colombia y México

El trato cruel a los migrantes colombianos desató el incidente diplomático entre los gobiernos de Trump y Gustavo Petro, cuando el mandatario cafetero impidió el aterrizaje de las dos naves militares yanquis que los trasladaban. De inmediato, Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a la producción colombiana (a elevarse al 50% a partir de la segunda semana), un mayor verdugueo sobre los migrantes colombianos en Estados Unidos (inspecciones reforzadas), y la suspensión de la entrega de visas. Inicialmente, Petro amagó con replicar los aranceles y escribió una carta con fuertes críticas al magnate, pero el entredicho duró –parafraseando el tango- como la luz de un fósforo.

El gobierno colombiano terminó aceptando, tras una negociación, las exigencias de la Casa Blanca, que informó en un comunicado triunfante: “El Gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras”. Petro buscó disimular esta derrota asegurando que en el segundo aterrizaje, al menos, los migrantes no llegaron esposados.

El gobierno mexicano tampoco resistió la presión del magnate. La presidenta Claudia Sheinbaum, del Morena, cuestionó la reinstauración del programa “Quédate en México” como una medida unilateral, pero mostró su disposición a cooperar con la Casa Blanca. Esto no sorprende, puesto que su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador, negoció con Trump, durante su primer mandato, la aplicación del programa mencionado, como parte de un plan que transformó a México en un tapón de las migraciones continentales hacia Estados Unidos. Como en el caso de Colombia, Trump también recurrió entonces a las amenazas arancelarias para imponerse.

Sheinbaum informó en una conferencia de prensa que entre el 20 y 26 de enero, los primeros días de Trump en el poder, hubo alrededor de 4 mil deportaciones a México, la mayoría de ellos connacionales, pero que eso no significaba un volumen mayor al habitual durante el gobierno de Biden. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escogió otro abordaje del tema: celebró desde las redes un récord de hasta cuatro vuelos en un único día, y que México había movilizado a 30 mil guardias nacionales, sin aclarar si se refería a la afiebrada frontera.

Como contrapeso de la crueldad estadounidense, Sheinbaum lanzó “México te abraza”, que procura acompañar a los migrantes en el proceso de reasentamiento. Dicho programa creará nuevos albergues fronterizos, entregará un bono de alrededor de 100 dólares para facilitar el arribo de los deportados a sus localidades, y creará 35 mil puestos laborales a través del sector privado. En Honduras, el gobierno de Xiomara Castro anunció un programa muy parecido, llamado “Hermano, hermana, vuelve a casa”.

Estos programas han recibido justas críticas desde algunas organizaciones de migrantes, no solo por su carácter limitado (imaginemos las condiciones salariales y laborales que pueden imponerse a personas en tal grado de vulnerabilidad, o lo que compran 100 dólares) sino porque los afectados no se han ido de sus países sin razones. Se trata de contingentes que huyeron de situaciones de violencia o ahogo económico que no se han resuelto; volver a sus lugares de origen simplemente reabre el peligro.

La Celac no está

Los límites de los gobiernos latinoamericanos de todo pelaje frente a la ofensiva de Trump se ven en otro hecho significativo. A instancias de Petro, la presidenta hondureña Xiomara Castro había lanzado una reunión de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) para discutir una estrategia común frente a la situación migratoria y las amenazas de Trump. Cuarenta y ocho horas más tarde, cancelaba la convocatoria, debido a la resolución del conflicto Colombia-Estados Unidos y a la "falta de consensos" para la reunión. Más específicamente, denunció la “oposición sistemática” de ciertos países de la región -que no identificó- a tratar el punto. Un artículo del diario La Nación (30/1) asegura que se trata de Argentina, Paraguay y El Salvador.

Las posturas de los gobiernos latinoamericanos, tanto derechistas como “progresistas”, alimentan los atropellos de Trump. A los discursos y políticas xenófobas tenemos que enfrentarlos con la unidad de los trabajadores, nativos y migrantes, en una lucha común contra el capital.  

En esta dirección, una reciente reunión internacionalista con referentes de 17 países aprobó, a raíz de la propuesta de la UFCLP de Estados Unidos (Comité de Frente Único por un Partido Laborista), la realización de una jornada internacional contra las deportaciones masivas y en solidaridad con los migrantes para los días 7 y 8 de febrero.

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