El pasado martes, en su gira por Arizona, Donald Trump realizó directo desde el muro entre Estados Unidos y México en Yuma una serie de declaraciones dirigidas a los inmigrantes pertenecientes al Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Fundamentalmente, que “van a venir cosas buenas”, sin mayores precisiones, ya que esto se produce unos pocos días después de que la Corte Suprema bloqueara su intento de ponerle punto final al mismo. Así, el sacudido presidente estadounidense sumó otro revés judicial en un corto plazo, tras el fallo de la propia Corte Suprema de prohibir formalmente los despidos por identidad de género. En su fallido acto de lanzamiento de campaña, no obstante, ratificó que su gobierno volverá a avanzar en la finalización de DACA. Pero insistió de forma desfachatada que “todo saldrá bien para esos jóvenes”.

Continuando su gira por Arizona, en horas posteriores del martes Trump aseguró en Phoenix que el muro fronterizo con México “ayudó a detener el Covid-19”. Algo que resulta irrisorio al calor de los hechos. No sólo Estados Unidos lidera cómodamente con casi 2.5 millones de casos las cifras mundiales, sino que además Arizona en particular es un foco que registró en las últimas dos semanas sus estadísticas más altas, y ya tiene ocupadas el 80% de sus camas.

DACA, Obama y Trump

DACA es un programa creado por decreto en 2012 bajo la gestión de Obama. El mismo difiere la expulsión de inmigrantes que arribaron antes de los 16 años, no tienen más de 30 y vivieron al menos 5 años en el país. Para beneficiarse de él, los mismos deberán poder probar estas últimas condiciones, no poseer antecedentes penales y estar escolarizados o en el servicio militar. De esta forma, podrán acceder a un permiso de trabajo y una “situación de presencia legal” —que no es la residencia legal en EEUU, la cual deberá ser renovada sucesivamente. DACA fue creado por Obama en la campaña electoral de 2012 como respuesta a la presión que ejercían miles de inmigrantes activistas, más aún cuando las deportaciones masivas del demócrata lo empezaban a coronar con el apodo “deportador en jefe”. El programa apuntó entonces a un sector de inmigrantes que ‘cayó siempre simpático’ aún entre parte de la población más chovinista, los jóvenes que llegaron ilegalmente al país cuando niños. Un episodio de la serie South Park, “El último de los Mehicanos”, emitido en 2011, que retrata con su característico humor ácido esta ‘simpatía’ por ser inmigrantes que ejercen las tareas más precarias y peor retribuidas del país.

La clase capitalista yanqui se ha valido de un sector que puede ser contratado por salarios significativamente menores. Esto a su vez ejerce un factor de presión sobre los trabajadores nativos del país, pues se garantiza una reserva de cientos de miles de jóvenes inmigrantes, en muchos casos menores de edad, que ante una urgencia imperiosa acepta sin chistar cualquier condición de precarización impuesta. De esta forma, lo que supone ser un programa de ‘protección’ a jóvenes inmigrantes, termina siendo una formalización de la superexplotación y la precariedad social a la que son sometidos, a la vez que se utiliza eso como ariete contra las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores.

Hacia las elecciones de 2016 Trump hizo una fuerte campaña contra los inmigrantes y mencionando la eliminación de DACA, en línea con otros proyectos políticos nacionalistas que han sido la respuesta más reaccionaria a la crisis del 2007. Durante sus primeros meses de gestión, de todos modos, sus declaraciones al respecto parecieron más pasivas, catalogando el punto como “complicado” y convidando que tomaría decisiones luego de discutirlo a fondo con el fiscal general Jeff Sessions. De esta forma fue que en septiembre de aquel mismo año, luego de todo un debate interno en el gobierno en el cual Sessions se posicionó junto al ala ultraderechista de Stephen Miller, Trump decide declarar inconstitucional a DACA, por haber sido implementado vía decreto. Así fue que su intento de liquidar el programa suscitó enormes movilizaciones en todo el país, que incluso ya se multiplicaban en los días previos a que comunicara cual era la decisión final. Una de las más emblemáticas fue la de principios de noviembre de aquel año, donde distintas convocatorias confluyeron en las afueras del Capitolio de Washington. Ese enorme impulso de los inmigrantes nucleados en DACA, denominados “Dreamers”, llevó a la Corte Suprema al gobierno de Trump.

Esta intentona de poner fin al programa fue neutralizada entonces por la misma, luego de un largo proceso judicial, con una mayoría de 5 sobre 4 dirigida por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. De esta manera, los más de 700.000 inmigrantes podrían conservar su “situación de presencia legal” y sus permisos de trabajo. Roberts y el Tribunal Supremo se esforzaron en aclarar al principio que sólo se trataba de marcar un incumplimiento en términos legales de la orden ejecutiva, que presentaba una violación de los procedimientos federales, dado que las justificaciones dadas por el gobierno eran insuficientes para terminar con el programa. Sin embargo, es indudable que lejos de esto hay consideraciones políticas que influyeron en la decisión de este fallo evidenciando disgregaciones. Y es que son los factores más reaccionarios de las políticas de Trump que vienen poniendo en tela de juicio su gobernabilidad, al calor de la rebelión estadounidense, consiguiendo que un gran sector de la clase dominante y del arco político le suelte la mano. Trump puede todavía imponer su finalización por decreto, pero eso podría significar un costo político entre su propia base electoral en medio de la campaña.

Una salida para los inmigrantes en Estados Unidos

La lucha de los “Dreamers” toma una relevancia importantísima, ante tantos ataques antiinmigrantes y xenófobos que el gobierno de Trump ha emitido en su contra desde el principio y como uno de sus principales slogans electorales. La promesa de insistir en la eliminación de DACA sólo logrará avivar más el fuego de las enormes revueltas populares entre las masas de trabajadores y jóvenes que están siendo alimentadas por el creciente número de muertos producto de la pandemia, la depresión económica y la enorme brutalidad policial. Vale recordar entonces que para fines de 2019, cuando el tribunal sostuvo argumentos orales en la causa DACA, los comentarios emitidos por los jueces indicaban que sería eliminado por 5 a 4, en lugar de ser ratificado por la misma relación de votos. El impacto de la rebelión en curso, donde los inmigrantes han tenido un lugar destacado en la lucha contra el racismo inherente al régimen, ha sido el gran motor para obtener esta conquista. Y no se trata únicamente de la victoria en sí, sino que ha terminado de resquebrajar la relación entre Trump y una Corte Suprema por demás reaccionaria, que no otorga estos fallos en aras de conceder derechos, sino como parte de una disputa de facciones dentro de las propias clases dominantes. La preservación de DACA supone entonces otro cimbronazo para Trump en el curso de la crisis política.

Los Dreamers y el conjunto de los inmigrantes en EEUU tienen entonces la tarea de redoblar el camino de la lucha. Si en 2017 las sucesivas movilizaciones lograron llevar el caso a la Corte Suprema, y la misma ha fallado en su favor recientemente ante el escenario político que plantea la enorme rebelión en curso, ahora más que nunca hay que organizar al movimiento por las reivindicaciones que faltan. Fundamentalmente, contra toda forma de deportaciones y contra la violencia policial, por el acceso a la residencia legal definitiva y la igualdad de condiciones y salarios. Fuera Trump y el régimen racista y xenófobo.