18/06/2020 | 1598

Trump, ¿el nuevo abanderado de las reformas policiales?

En un bandazo, el presidente yanqui decretó varias de las propuestas parlamentarias de la oposición demócrata

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La rebelión en Estados Unidos se está acercando a un mes de desarrollo sin que sus clases dominantes logren recuperar el control de la situación. 


La represión ha sido cruenta, con once muertos confirmados, cientos de heridos y casi 10 mil arrestados en el mes a lo largo del país. El reciente asesinato de Rayshard Brooks en Atlanta volvió a hacer recrudecer los choques. En el sur de California se producen manifestaciones exigiendo el esclarecimiento de las muertes de dos trabajadores negros que han aparecido muertos, colgando de árboles en ciudades de la zona. En Seattle se mantiene la zona de seis manzanas controladas por manifestantes alrededor de la jefatura policial.

La rebelión ha hecho indisimulable la realidad de la violencia policial, así como la orientación racista y de opresión de clase que ésta tiene. Un promedio de mil civiles son asesinados cada año por la policía. El asesinato policial es la sexta causa de muerte más común de jóvenes negros. Casi la totalidad de los asesinados están bajo la línea de la pobreza.


La policía yanqui efectúa 10 millones de arrestos anuales. Es, por lejos, el país con una mayor parte de su población encarcelada. La cantidad de presos se ha quintuplicado desde los años ’70, marcando una enorme militarización de la sociedad, dirigida casi exclusivamente a la clase trabajadora. Los negros son los más condenados por crímenes comunes y reciben condenas más largas, lo cual los lleva a componer un tercio de la población carcelaria, mientras son un 13% de la población general.


La impunidad también es enorme. Según datos de mappingpoliceviolence.org, de 7.663 casos de civiles muertos por fuerzas policiales en Estados Unidos entre 2013-2019, solo en 95 casos hubo juicios y en 48 casos, condenas. Los sindicatos policiales son un enorme entramado de influencia política y económica, que ha operado sistemáticamente para defender estas condiciones de impunidad. 

Es contra este enorme complejo que está dirigida la revuelta. La expresión local del aparato de dominación imperialista que patrulla el mundo entero.


¿Trump reformador?


Trump ha constatado que el enfrentamiento directo de la rebelión lo había llevado al aislamiento extremo. Luego de su desautorización por el Pentágono, el ex presidente George W. Bush ha rechazado apoyar a Trump en noviembre y el ex candidato Mitt Romney ha marchado en su estado con las banderas de Black Lives Matter. Enfrentado a esta situación, ha decidido operar un cambio de ángulo que parte de su gabinete venía promoviendo.


Una semana después de que el bloque demócrata en el Congreso presentara un moderado paquete de reformas policiales para tratar de usufructuar el movimiento en términos electorales y, al mismo tiempo, demarcarse de las demandas que el movimiento efectivamente plantea, Trump decidió emitir un decreto tomando varios de los puntos propuestos por sus opositores, primereando el debate en el Congreso.


El decreto dispone limitar el envío de fondos federales a departamentos locales que no prohíban el chokehold (estrangulamiento), a no ser que el oficial declare que su vida está en peligro; que den entrenamiento en tácticas de resolver conflictos de manera no violenta. Crea también un registro de policías violentos. El retaceo condicionado de fondos fue la propuesta con la que el candidato demócrata Joe Biden viene paseando por los medios y el registro fue propuesto por la senadora Kamala Harris, a quien muchos mencionan como su candidata a vice. El decreto también propone la creación de equipos interdisciplinarios para responder a casos donde las denuncias estén vinculadas con problemas de salud mental, drogadicción y gente sin techo, otra propuesta que los reformadores “progresistas” vienen planteando estos días.


El proyecto demócrata contiene algunos puntos más. Al igual que el proyecto parlamentario republicano, plantea la portación obligatoria de cámaras durante los procedimientos policiales. Restringe el uso de allanamientos forzosos (como el que se usó en la operación donde se asesinó a Breonna Taylor). Restringe, pero no anula, la entrega de armamento militar a las fuerzas, que funcionó bajo Obama y adquirió proporciones enormes con Trump. Propone modificar la base para una condena por abusos policiales a los casos donde deben ser procesados los oficiales que violan derechos constitucionales a “sabiendas”, sino los que lo hacen por “desprecio temerario”. Modifica, pero no anula, las condiciones de la inmunidad calificada, una doctrina legal que protege a los oficiales policiales de ser llevados a juicio por sus actos en el desempeño de sus tareas. Sin embargo, los republicanos han declarado a este punto como inaceptable. La Corte Suprema votó contra revisar esta doctrina en sus fallos en una reunión esta semana.


Biden no sólo se ha opuesto al planteo de desfinanciamiento, sino que propone un incremento de 300 millones de dólares al presupuesto policial. De hecho, en el debate presupuestario que se viene en las semanas siguientes, es el Partido Demócrata el que defenderá el presupuesto policial y la posibilidad de incrementarlo, frente a planteos de recortes fiscales en esta y otras áreas que traerán los republicanos.


Trump se ha apoyado en el compromiso extremo del establishment demócrata con el sistema represivo para mostrar que está dispuesto a emitir reformas muy parecidas a las que ellos proponen. Trump no se ha transformado en un reformador, sino que comparte con sus opositores la defensa del status quo, de la capacidad represiva del Estado y de limitar las reformas al nivel más cosmético posible.


El impacto de la rebelión también ha llevado a una multitud de disposiciones locales de orden diverso. Desde condenas por “estrangulamiento agravado”; a la creación de oficinas de investigación sobre muertes a manos de la policía; requerimientos a las cortes a que publiquen datos raciales y demográficos sobre sus condenados por crímenes menores; el requerimiento de uso de cámaras por los policías; publicar los legajos disciplinarios de la policía; la prohibición de contratar policías con historias de faltas previas; reducciones presupuestarias a las policías locales, con un compromiso de girar esos fondos para proyectos en comunidades pobres o de color; la prohibición del uso de gas lacrimógeno; contratar equipos profesionales no armados para atender denuncias que no impliquen peligro inmediato.


El caso más extremo es el anuncio de que la mayoría del Concejo Municipal de Minneapolis dice haber resuelto la disolución del departamento policial, que sigue funcionando, mientras se ha dado un año de transición para discutir cómo debe ser reemplazada. 


Desfinanciar, abolir


Existe una enorme confusión en los medios de comunicación, generada intencionalmente, alrededor del alcance de las consignas que se levantan en el movimiento. El reclamo de abolición de la policía y las prisiones ha querido ser reemplazado por el planteo de desfinanciar, sostenido por la izquierda de los demócratas y parte del movimiento de lucha que, a su vez, pretende ser reemplazado por la dirección de su partido por “invertir mejor en seguridad”.


La senadora Kamala Harris ha dicho que apoya el desfinanciamiento, en tanto se entienda como redirigir fondos a otros programas que mejoren la seguridad. La “demócrata socialista” Ilhan Omar ha dicho que el “cáncer” del departamento policial de Minneapolis debe ser reemplazado por “otra fuerza de seguridad”. El pope progresista, Bernie Sanders, ha rechazado cualquier desfinanciamiento, manteniendo su reclamo de una mejora en los salarios policiales. 


Entre quienes reclaman la abolición de la institución policial existe también una diversidad. Algunos son sólo reformadores que buscan una expresión radicalizada. Christy Lopez, profesora de Derecho citada por el sitio Vox.com, en una encuesta a distintos referentes abolicionistas, ve compatibles las reformas parciales y un planteo de abolición que “resetée la seguridad pública”, porque “la policía tiene demasiadas tareas”. Otra citada, Jenn Jackson, de Ciencias Políticas de la Universidad de Syracuse, rechazaba el camino de reformas policiales, mostrando que han dado lugar a un fracaso tras otro. 


Las visiones más de fondo están ligadas a establecer un control directo de la seguridad de parte de las comunidades oprimidas. Esta perspectiva tiene como precondición derrotar al Estado imperialista, que ha desarrollado este enorme aparato represivo para ejercer su autoridad dentro y fuera del país. 


Frank Chapman, de la National Alliance Against Racist and Political Repression, caracteriza que hay una rebelión popular con dirección negra en el país y que “hasta que las comunidades negra y de color no controlen la policía, nos van a seguir asesinando impunemente”. Otro planteo de fondo es el de Max Rameau, de Pan African Community Action, que defiende un planteo de supervisión comunitaria de las fuerzas de seguridad, diciendo que “los jóvenes están imaginando un mundo donde estas tremendas instituciones del imperialismo y el Estado policial hayan desparecido” (ambos en el sitio Black Agenda Report).


Existe una vanguardia que está denunciando los intentos de diluir la rebelión. El proyecto bonapartista de Trump implica el desarrollo de un Estado policial. Hay que derrotarlo ahora, y no esperar a noviembre. La militarización de la sociedad es un producto del derrumbe de todo un régimen político y social en el marco de la decadencia histórica capitalista. Para derrotarla, el movimiento necesitará discutir un programa que plantee una salida para todo el desastre social y económico que se impone contra la población y una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales. 


En este marco, la investigación y condena de los responsables policiales, políticos y judiciales de los miles de crímenes policiales perpetuados en el país son el punto de de partida para avanzar en el debate necesario de cómo las comunidades pueden manejar su seguridad sin opresión ni violencia. Esto requiere del desmantelamiento del aparato represivo. Es urgente tomar el impulso de la rebelión para exigir la inmediata libertad de los 54 presos políticos en cautiverio hace décadas, como Mumia Abu Jamal y Leonard Peltier.


¡Viva la rebelión popular contra la potencia imperialista de Estados Unidos!