El presidente norteamericano Donald Trump emitió una orden ejecutiva este lunes 10 que suspende la aplicación de una ley (FCPA) que penaliza los actos de corrupción de empresas estadounidenses –o que cotizan en alguno de sus mercados de valores- en el exterior. Esa norma, por ejemplo, sanciona los sobornos y dádivas para obtener contratos.

Trump aseguró, sin mayor pudor, que “esto va a significar muchos más negocios para Estados Unidos”. El comunicado difundido por la Casa Blanca tampoco es muy escrupuloso: "Las empresas estadounidenses se ven perjudicadas por la aplicación excesiva de la FCPA porque se les prohíbe participar en prácticas comunes entre los competidores internacionales (subrayado nuestro), lo que crea un campo de juego desigual".

Por “prácticas comunes entre los competidores internacionales”, se refiere lisa y llanamente a las coimas.

La FCPA ha actuado hasta aquí como una herramienta para nivelar la cancha entre los propios empresarios estadounidenses, pero también para perjudicar compañías extranjeras competidoras que operan en territorio norteamericano. La alemana Siemens, la brasileña Odebrecht y la holandesa Ferrostaal, por ejemplo, fueron sancionadas monetariamente por corrupción en Argentina. Vale recordar que, en su momento, el imperialismo yanqui estuvo detrás de las denuncias contra los sobornos para la asignación de la obra pública en América Latina (caso Odebrecht), como parte de una disputa con las contratistas brasileñas.

A pesar de que la norma tiene estas ventajas, Trump quiere barrer cualquier límite para que las empresas yanquis maniobren contra sus competidoras por los recursos en el extranjero. Se inscribe en su plan de "hacer grande a Estados Unidos de nuevo" (Maga), que lo ha llevado también a expresar su interés por quedarse con Groenlandia, el canal de Panamá y la Franja de Gaza.

La decisión de Trump es “sincericida”, en el sentido de que confiesa que los sobornos y dádivas son un mecanismo cotidiano que enlaza a capitalistas y políticos en la entrega de negocios, que redundan en el remate del patrimonio de los pueblos y el empeoramiento de sus condiciones de vida y seguridad.

En América Latina, esta dinámica involucra tanto a los gobiernos derechistas como “nacionales y populares”, según lo ilustran procesos como el de las coimas de Odebrecht para la obra pública.

Mientras el magnate suspendía la FCPA, los trumpistas argentinos impulsaban en el Congreso el verso de la "ficha limpia" para inhabilitar candidatos condenados por la justicia, tratando de posar como adalides de la transparencia.

Bien entendida, la lucha contra la corrupción es una lucha contra el régimen capitalista.

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