Los trabajadores del sector público de Túnez, nucleados en la UGTT, realizaron un paro masivo ante la insuficiencia de la oferta salarial del gobierno y en rechazo a las políticas de ajuste que impulsa el FMI. “Desde 2012, cada año hemos ido perdiendo poder adquisitivo. Las subidas de nuestros sueldos han sido irrisorias, siempre muy por debajo de la inflación”, resumió Emna, una profesora universitaria de 45 años (El País, 18/1). El paro se produjo pocos días después de un nuevo aniversario del levantamiento popular que derrocó en 2011 a la dictadura de Ben Alí y que detonó en la región la Primavera Arabe.

Las vísperas de la medida de fuerza de la UGTT estuvieron marcadas por protestas de los docentes (que vienen desarrollando movilizaciones y no toma de exámenes en rechazo a una rebaja presupuestaria). Pero sobre todo, de la juventud desempleada. El índice de desocupación, que es del 15%, trepa en ese sector al 40%. En diciembre, el suicidio a lo bonzo de un periodista desempleado desató enormes protestas y confrontaciones con la policía en el interior del país. La desesperación por el desempleo ha empujado los suicidios y suicidios colectivos de la juventud en lugares públicos. Una fundación registró más de 400 casos sólo en 2018 (ídem, 27/12). La caída de Ben Alí, recordemos, fue atizada por la inmolación de un vendedor ambulante.

A siete años del levantamiento popular, ninguno de los principales problemas que originaron la revuelta (pobreza, desempleo, corrupción) han sido resueltos. Y el país se encuentra sumergido en una profunda crisis económica y política.

Por el lado económico, el Banco Mundial y el FMI condicionan el desembolso de las cuotas de un préstamo por 2500 millones de euros, concedido en 2016, a una fuerte reducción de la masa salarial de los trabajadores públicos. Según un diplomático europeo, “el gobierno apenas tiene margen de maniobra porque no tienen dinero en caja ni para pagar los salarios" (agencia EFE, citada por La Vanguardia, 25/12/18). Los organismos también reclaman una privatización de las principales empresas públicas.

Por el lado político, se ha resquebrajado la coalición entre la derecha laica de La Llamada de Túnez (Nidaa Tounes) y los islamistas ‘moderados’ del Partido del Renacimiento (Ennahda). La primera de estas fuerzas se encuentra atravesada por una feroz disputa que adelgazó sus fuerzas en el parlamento, a punto de perder su supremacía a manos de los islamistas. Estos son hoy la primera fuerza del parlamento y el soporte principal del primer ministro Yusef Chahed, desplazado del Nidaa Tounes, fuerza que aún cuenta sin embargo con el presidente. Este año habrá elecciones.

Túnez ha sido presentado con frecuencia como un modelo de transición y democracia política en la región, por contraste con la desintegración estatal en Libia, la guerra en Siria y la dictadura egipcia. Pero lo cierto es que el país vive desde 2015 bajo un estado de emergencia que restringe las libertades civiles. A su vez, muchos funcionarios de la dictadura se han reciclado bajo el nuevo régimen (empezando por el presidente Beji Caid Essebi) e inclusive Nidaa Tounes impulsó en el parlamento la disolución de la comisión investigadora de los crímenes de la dictadura.

En Túnez, los problemas que condujeron a la Primavera Arabe siguen planteados.